Después de que destrozaran la exposición "Planificant la diversitat LGTBI+. Art i Cultura" con pintadas en las que se leía "no a la degeneración del pueblo", "mugrientos" o "puteros", en el paseo de les Germanies de Gandia, la fiscal especialista en delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, explica que este tipo de comportamientos ya no quedarán impunes. "Los comportamientos discriminatorios que no llegan a ser delitos de odio tendrán sanciones administrativas", anuncia la fiscal.
Hasta el momento, este tipo de comportamientos que atentaban contra colectivos vulnerables y que no llegaban a ser catalogados como delitos de odio estaban en "un limbo jurídico". "La única ley a nivel estatal que contemplaba todas las sanciones era la Ley del Deporte, para otros temas teníamos que buscar en leyes autonómicas", detalla la fiscal Susana Gisbert.
Sin embargo, a partir de ahora este tipo de actos que vulneren la dignidad de los colectivos más vulnerables sí que tendrán algún tipo de castigo. La fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, detalla que esta novedad "nace de la Ley de Igualdad de Trato que se aprobó en 2022, que es nuestra ley integral para los delitos de odio".
Hasta el día de hoy, este tipo de conductas como pudieran ser las pintadas contra el colectivo LGTBI+, que no comportan un delito de odio pero sí una sanción administrativa, quedaban impunes. Hasta que esta semana se ha nombrado a una autoridad independiente, María Teresa Verdugo, que era la fiscal de antesala de Málaga y que ahora se encargará de estos temas.
Conductas discriminatorias bajo lupa
La ley pone el foco en comportamientos que no siempre constituyen delitos, pero que perpetúan la discriminación. Por ejemplo, las terapias de conversión, si no afectan directamente a una víctima, no serían delito, pero sí pueden sancionarse administrativamente. Gisbert citó el caso de Carcaixent, donde se repitieron tres veces pintadas con insultos como "maricón de mierda". Aunque no inciten directamente a la violencia, estas acciones ahora tienen un marco legal claro para ser sancionadas.
Cerrando el vacío jurídico
Uno de los avances más significativos de la ley es su capacidad para abordar conductas que no cumplen el umbral penal, pero que generan un daño real. Gisbert explicó que estas infracciones administrativas, como pintadas o comentarios discriminatorios, antes carecían de un marco unificado. La creación de una autoridad independiente para supervisar estas sanciones garantiza que no queden impunes. Esta medida no solo protege a las víctimas, sino que también disuade a los agresores, enviando un mensaje claro: la discriminación tiene consecuencias.
El problema de la infradenuncia
A pesar de los avances, la infradenuncia sigue siendo un obstáculo. Según Gisbert, solo un 10% de los delitos de odio se denuncian, frente a un 20-30% en casos de violencia de género. La vulnerabilidad de ciertos colectivos agrava esta situación: migrantes sin papeles temen represalias legales, personas sin hogar enfrentan barreras prácticas, y el colectivo LGTBI a menudo evita denunciar por miedo a revelar su orientación sexual, especialmente en entornos laborales. Esta desconfianza hacia las instituciones, combinada con la vulnerabilidad social, perpetúa el silencio de las víctimas.
Un llamamiento a la denuncia
Gisbert hizo un llamamiento urgente a las víctimas para que denuncien los actos discriminatorios. "No denunciar no da ninguna solución", afirmó, destacando que visibilizar estas conductas es clave para prevenir su escalada hacia actos más graves, como la violencia física. La Ley de Igualdad de Tratado empodera a las víctimas al ofrecer un marco legal claro y accesible, fomentando la confianza en las instituciones y promoviendo una cultura de tolerancia cero hacia la discriminación.
Impacto en la protección de colectivos vulnerables
La implementación de esta ley representa un paso crucial para proteger a colectivos como el LGTBI, migrantes y personas afectadas por la porofobia. Al sancionar tanto delitos de odio como infracciones administrativas, la normativa fortalece la seguridad de estos grupos y refuerza el compromiso de España con la igualdad. La labor de la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, bajo el liderazgo de Susana Gisbert, está transformando el panorama de la justicia, asegurando que ninguna forma de discriminación quede sin respuesta.