El último informe de Amnistía Internacional, titulado “Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda”, pone de relieve una problemática que se repite año tras año en la Comunitat Valenciana: la construcción en zonas inundables. La edificación en estas zonas, identificadas como de alto riesgo, continúa poniendo en jaque el derecho a la vivienda y la seguridad de miles de personas.
Según el estudio, la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, agravados por el cambio climático, no solo provocan daños directos sobre los hogares, sino que también atentan contra la habitabilidad de las viviendas. La región mediterránea, y en particular los municipios afectados por la DANA, se encuentran en la primera línea de esta amenaza.
La comarca de l’Horta Sud, la que salió peor parada tras la riada, ha experimentado desde los años 60 un proceso de urbanización acelerado y desordenado. De ser un territorio mayoritariamente agrícola, se ha transformado en un área industrial y de servicios. Sin planificación adecuada, esta expansión ha incrementado la exposición de la población a fenómenos meteorológicos extremos.
De hecho, las casas más perjudicadas por las inundaciones fueron las que se localizaban sobre ramblas y barrancos, terrenos históricamente vulnerables que se ocuparon sin tener en cuenta los riesgos asociados a su morfología.
Normativa permisiva
El informe de Amnistía Internacional señala que la normativa española sobre zonas inundables, incluida la valenciana, ha sido insuficiente para frenar la construcción. Desde 1985 se ha desarrollado un marco legal para regular el uso del suelo en áreas de riesgo, y el Real Decreto 638/2016 permitió edificaciones, reparaciones o rehabilitaciones en zonas inundables siempre que se cumplieran ciertos requisitos.
Sin embargo, la ley ha sido lenta, permisiva y muchas veces ineficaz. Mientras se avanzaba en normativas y regulaciones, los municipios afectados siguieron concediendo licencias de construcción en áreas vulnerables. Uno de los efectos más preocupantes de la edificación en estas áreas es la reducción progresiva del espacio natural de los ríos, limitando su capacidad de absorber crecidas y aumentando la vulnerabilidad de los asentamientos.
Y es que, actualmente, más de 600.000 personas en la Comunitat Valenciana viven en zonas con algún nivel de riesgo por inundación, lo que representa aproximadamente el 11,7% de la población. En la provincia de Valencia, 15 municipios tienen todos sus inmuebles en zonas de peligro, y en las localidades de Paiporta y Catarroja, las que más fallecidos reportaron durante la DANA, 16.775 viviendas se encuentran expuestas a futuras inundaciones.
Falta de adaptación al cambio climático
El informe también subraya la falta de estrategias de adaptación al cambio climático. La inversión en infraestructuras hidráulicas se ha reducido drásticamente desde 2009, consecuencia de los ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica. Entre 2006 y 2021, la Generalitat Valenciana redujo la inversión en estas infraestructuras en un 83%, dejando a la región poco preparada para eventos extremos.
En adición, el “urbanismo exprés” ha sido otro factor determinante. Los planes de reconstrucción tras la DANA han reconocido que las zonas inundadas superaron ampliamente las áreas previamente identificadas como de alto riesgo en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA). No obstante, la revisión de este plan sigue en curso y no se espera que se apruebe hasta abril de 2026. Mientras tanto, la población sigue expuesta y la construcción en zonas de riesgo continúa.
Amnistía Internacional advierte que esta combinación de factores – urbanización desordenada, normativa permisiva, inversión insuficiente y retrasos en la planificación – supone una amenaza directa al derecho a la vivienda. Las personas que habitan en áreas inundables no solo se enfrentan a la pérdida de sus hogares ante episodios de lluvia extrema, sino también a la reducción de su seguridad, bienestar y estabilidad económica.
Y la situación podría empeorar si no se adoptan medidas urgentes. Por este motivo, la organización propone reestructurar la normativa urbanística, garantizar que las licencias de construcción se otorguen solo en zonas seguras, reforzar la inversión en infraestructuras hidráulicas y actualizar los mapas de riesgo con criterios de cambio climático. Sin estas acciones, la DANA y fenómenos similares seguirán afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
Los expertos consultados por el Amnistía coinciden en que el problema no es solo meteorológico, sino también social y político. La presión para construir rápido, la falta de coordinación entre administraciones y la visión cortoplacista en materia de urbanismo han creado un escenario donde la exposición al riesgo es elevada y la protección insuficiente. En este contexto, la prevención y la planificación urbana responsable se presentan como herramientas clave para garantizar que los valencianos puedan acceder a una vivienda segura y digna.
En definitiva, el informe de Amnistía Internacional pone en evidencia que la DANA no solo reveló la fuerza de los fenómenos naturales, sino también las deficiencias de un modelo de urbanismo que continúa privilegiando la construcción rápida sobre la seguridad de las personas.