La comunidad educativa valenciana lo tiene claro: la gestión por parte del gobierno autonómico en cuanto a la gestión de carácter lectivo no ha sido la adecuada. Por este motivo, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha convocado, este sábado 23 de noviembre, una manifestación donde se exigirá la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.
Tal y como ha informado la organización en un comunicado, la marcha dará comienzo a las 18:00 horas en la Plaza San Agustín de València. La principal reivindicación es la denuncia de la “nefasta gestión” del Consell tras la DANA del 29 de octubre, que se ha cobrado la vida de 219 personas hasta la fecha. Cabe recordar que esta no es la primera concentración que se realiza para demandar la dimisión de Mazón, ya que el pasado 9 de noviembre más de 130.000 personas se manifestaron con el mismo objetivo.
"Los daños estructurales, como aulas inutilizables, filtraciones de agua y pérdida de material esencial, no se han reparado con la rapidez necesaria, así han dejado muchos centros en condiciones precarias y han puesto en peligro el derecho a una educación de calidad y en igualdad", apuntan desde la plataforma.
Además, desde la entidad critican que la “falta de coordinación” en las labores de limpieza y desinfección de los colegios ha supuesto el incremento de los riesgos sanitarios, que podrían acabar derivando en grabes problemas de salud. Esto se debe a que las autoridades han dejado la tarea en manos de equipos directivos, profesores y familias a los que no se les ha proporcionado el material necesario de protección.
En este sentido, la comunidad educativa ha expresado que se siente “abandonada” por parte de la Conselleria de Educación. La comunicación entre el departamento de Rovira y los centros de docencia se ha definido como “confusa” y “tardía”. Asimismo, se ha denunciado que las directrices no han sido claras, además de haber establecido medidas poco efectivas que han llegado con retraso.
Además, se considera que la reubicación de los alumnos se ha realizado de forma desorganizada, sin haber siquiera escuchado o tenido en cuenta las necesidades y preferencias de cada familia. Por otro lado, el transporte escolar ha sido insuficiente, además de haber realizado rutas peligrosas que no garantizaban la seguridad del alumnado. "Tampoco se ha tenido en cuenta el impacto emocional de la situación, puesto que no se han establecido recursos adecuados para el apoyo psicológico", ha agregado la asociación.
Cambio inmediato
Por todo esto, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha pedido que se dé un cambio de forma inmediata para mejorar la situación educativa en los municipios afectados por las inundaciones. Asimismo, han exigido la reactivación del Plan Edificant, el cual consideran que se ha paralizado de manera injusta y que está impidiendo “mejorar las infraestructuras escolares y, con ello, aumentando los riesgos para la seguridad y el bienestar del alumnado y profesorado”.
También ha afeado la "falta de recursos para una inclusión educativa efectiva" y las condiciones laborales "precarias", que "continúan afectando los profesionales de la enseñanza, que reclaman salarios justos, estabilidad laboral y condiciones de trabajo adecuadas".
"Hay decenas de plazas de profesorado sin sustituir desde principios del mes de octubre por falta de presupuesto y la Conselleria de Educación Cultura, Universidades y Empleo y la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública "todavía no han solucionado este problema", ha denunciado.
Además, según la asociación, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo "incumple los acuerdos sobre plantillas, a pesar de la orden del Tribunal Superior de Justicia para su aplicación, lo que empeora la calidad de la enseñanza". "Los recortes en el presupuesto para sustituciones han dejado muchos centros sin el personal necesario, lo que afecta su correcto funcionamiento", ha criticado.
Por último, la entidad ha lamentado la "degradación" del diálogo entre la Administración y los sindicatos, lo que "dificulta cualquier mejora real para el sistema educativo valenciano".