La gratuidad del sistema de autopistas en España y en la Comunitat Valenciana tiene fecha de caducidad. Aunque aún no se sabe exactamente cuándo, lo que sí parece claro es que sucederá a corto plazo, tal y como se ha indicado en el plan de recuperación que se envió a la Unión Europea en mayo de 2022.
A pesar de que inicialmente se había fijado el año 2024 como fecha límite para el fin de la gratuidad en las autopistas, se desconoce todavía si el Ejecutivo ha decidido aplazarlo o no. Lo que sí se sabe es que esta medida afectará a los usuarios de algunas de las vías más concurridas del país, como la AP-7, que recorre de norte a sur toda la costa mediterránea.
A día de hoy, el debate gira en torno a la mejor forma de establecer el nuevo sistema de pago. Por un lado, algunos defienden la implantación de una tarifa plana similar a la que existe en Alemania, mientras que otros apuestan por un sistema en el que se pagaría un importe por kilómetro recorrido, una opción que en estos momentos está ganando enteros para convertirse en realidad.
En declaraciones recientes, el secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, ha señalado que el modelo por el que apuesta el Gobierno es el del céntimo por kilómetro. Según este sistema, recorrer, por ejemplo, los 44 kilómetros que separan València de Alzira costaría menos de 50 céntimos, mientras que los 140 kilómetros que hay entre la capital valenciana y Benidorm supondrían 1,4 euros.
En comparación con la anterior concesión, estas tarifas son sensiblemente inferiores a las que se pagaban en aquel entonces, puesto que ascendían a unos 4 euros aproximadamente en el caso de València-Alzira y unos 13,80 euros para ir a Benidorm.
Por su parte, la patronal hotelera Hosbec, la mayor de la Comunitat Valenciana, abogaba por el mantenimiento de un tipo de peaje para los vehículos que estuviesen de paso (como los turistas) y otro más bajo para los residentes y usuarios habituales.
Esta petición ha sido respaldada por entidades como el lobby Ineca, que partía de la base de una posible saturación de la AP7 que podría repercutir en la seguridad y en la afluencia de tráfico en una conexión que consideraban "vital" para la economía provincial.