Tras la aplicación del artículo 155 el pasado viernes, el presidente Puigdemont se ha marchado a Bélgica con parte de los exconsellers. Según El Periódico de Cataluña, son Quim Forn, Meritxell Borràs, Dolores Bassa, Toni Comin y Meritxell Berret. Según este mismo medio, Amadeu Altafaj, el delegado de la Generalitat en Bruselas destituido por el Gobierno de Mariano Rajoy, podría haber gestionado el viaje.
Puigdemont y estos exconsellers tienen previsto pedir asilo político, un día después de que Theo Francken, secretario de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, ofreciera, a través de Twitter, este asilo político allí. No obstante, el primer ministro, Charles Michel, salió al paso de estas declaraciones y aseguró que "no está en la agenda" del país.
Hoy mismo, además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha presentado una querella contra todo el Govern, al que acusa de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Delitos de rebelión y sedición
Según el Código Penal, el delito de rebelión se le atribuye a aquellos que se alcen "violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La pena oscila entre los 15 y los 25 años de prisión y la inhabilitación de sus funciones durante ese tiempo. La interpretación de este delito es polémica, ya que ninguno de los miembros del Govern ha hecho uso de la violencia en ninguna de sus actuaciones.El delito de sedición, por su parte, podría suponer entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por ese tiempo a aquellas personas que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o "el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales".