El campo español lleva años lidiando con una paradoja difícil de digerir: los agricultores europeos producen bajo algunas de las normativas más exigentes del mundo, mientras compiten en los mismos estantes con productos importados que, en muchos casos, no han pasado por los mismos controles. Esta semana, dos comunidades autónomas decidieron sumar fuerzas para intentar cambiar esa ecuación. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Comunitat Valenciana, Miguel Barrachina, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se reunieron este martes en la sede de la Consejería madrileña para acordar una posición común sobre política del agua, nueva PAC y defensa del sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países.
Reciprocidad, no proteccionismo
El debate sobre la igualdad de trato en el comercio agroalimentario no es nuevo, pero ha ganado urgencia en los últimos años. La reivindicación resulta "especialmente necesaria" en un contexto de intensificación de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países y de aumento de los flujos de importación. El acuerdo UE-Mercosur, pendiente de ratificación definitiva, ha vuelto a poner el foco en una pregunta incómoda: ¿puede Europa exigir a sus agricultores estándares máximos y al mismo tiempo abrir sus puertas a productos que no los cumplen?
Barrachina y Novillo coincidieron en que la respuesta es no. Y lo hicieron respaldados por un documento ya consensuado por todas las comunidades autónomas. La posición común autonómica sobre igualdad de trato y reciprocidad de los productos agroalimentarios importados a la UE fue consensuada por todas las comunidades autónomas y remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su toma en consideración en la posición negociadora del Estado. Esa posición, impulsada por la Comunitat Valenciana y aprobada el 26 de marzo, también fue trasladada al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.
"La reciprocidad no es proteccionismo, es justicia. Si Europa exige a sus agricultores determinados estándares, debe garantizar que los productos importados compitan bajo las mismas reglas. Sin igualdad de trato no hay competencia leal." - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La posición común autonómica plantea que ningún producto agroalimentario importado pueda acceder al mercado europeo sin cumplir los mismos requisitos ambientales, de salud y bienestar animal, sanidad vegetal y uso de fitosanitarios que se exigen a los productores europeos. El documento va más allá de las declaraciones de intenciones: reclama que los acuerdos comerciales de la Unión Europea incluyan cláusulas espejo "efectivas, verificables y de obligado cumplimiento", especialmente en los sectores más sensibles para la agricultura y la ganadería europeas.
La lista de demandas concretas es extensa. El texto defiende reforzar los controles fitosanitarios en frontera, consolidar sistemas europeos de vigilancia preventiva y alerta rápida, garantizar mayor transparencia en los flujos de importación y activar salvaguardas comerciales ágiles ante incumplimientos o perturbaciones del mercado. Estas organizaciones y mecanismos están pensados para reaccionar cuando los mercados ya han sufrido perturbaciones, por lo que no sustituyen la necesidad de que los productos importados cumplan reglas equivalentes a las que se imponen a la producción comunitaria.
Para Valencia, la urgencia tiene rostro concreto. Barrachina subrayó que esta cuestión afecta especialmente a sectores estratégicos como los cítricos, las frutas, las hortalizas y el arroz, que soportan una presión creciente por la entrada de producciones de terceros países. Esta es una de las grandes reivindicaciones del sector citrícola valenciano, que nota ya los efectos de la creciente competencia de países extracomunitarios en los mercados europeos.
El agua, asignatura pendiente del Estado
La otra gran cuestión sobre la mesa fue el agua. España no ha logrado hasta ahora articular un pacto nacional hídrico estable, y la gestión del recurso sigue siendo uno de los focos de tensión territorial más persistentes del país. Valencia y Madrid defendieron en el encuentro la necesidad de una política nacional basada en el consenso, la solidaridad entre territorios, la planificación técnica y la inversión en infraestructuras.
Barrachina fue directo: "España necesita un Pacto Nacional del Agua serio, estable y alejado de planteamientos partidistas, porque el agua es clave para la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos". Una apelación al consenso que lleva años resonando en el debate político sin encontrar respuesta definitiva.
Ambos responsables coincidieron en la necesidad de priorizar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes, impulsar la digitalización, reducir pérdidas y avanzar en reutilización y regeneración hídrica, además de reforzar la capacidad de adaptación frente a sequías e inundaciones. El conseller insistió en que "la política del agua no puede decidirse contra los territorios que producen alimentos ni contra quienes gestionan el recurso cada día", y reclamó la participación efectiva de comunidades autónomas, regantes, usuarios y sectores productivos en cualquier reforma o planificación hídrica. Una advertencia que apunta directamente a los cambios normativos impulsados desde el Gobierno central sin consulta suficiente a los territorios afectados.
La PAC del futuro: menos burocracia, más rentabilidad
El encuentro también sirvió para abordar el horizonte de la nueva Política Agraria Común (PAC). Los trabajos se han centrado especialmente en la PAC posterior a 2027, la reciprocidad comercial, la simplificación administrativa, el relevo generacional, la sanidad vegetal y animal y la competitividad del sector. Barrachina y Novillo defendieron que el próximo marco europeo priorice la rentabilidad de las explotaciones frente a una carga normativa que consideran creciente y, en muchos casos, asfixiante para el pequeño y mediano agricultor.
El relevo generacional, una de las grandes amenazas silenciosas del campo español, centró también parte del debate. Sin jóvenes dispuestos a tomar el relevo de las explotaciones, ninguna política agraria, por ambiciosa que sea, tendrá futuro. La reunión entre Valencia y Madrid no resuelve por sí sola ninguno de estos problemas, pero sí refuerza una estrategia cada vez más clara: construir frentes autonómicos comunes para trasladar al Estado y a Bruselas las reivindicaciones de un sector que siente que juega con las cartas marcadas.