Ir a juicio ya no será la única opción —ni en muchos casos la primera. La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València han dado un paso conjunto para transformar la manera en que los ciudadanos afrontan sus conflictos cotidianos: desde disputas vecinales hasta desacuerdos mercantiles, la mediación y la conciliación se consolidan como alternativas reales a la vía judicial. Y, desde abril de 2025, en muchos de esos casos, son también legalmente obligatorias.
Una reunión con consecuencias prácticas
La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se reunió con la primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, para trasladarle las actuaciones que su departamento está desarrollando para promover lo que denominan "cultura del acuerdo". El encuentro no fue meramente protocolario: sobre la mesa se analizaron nuevos servicios y una futura línea de subvenciones que buscan que cada barrio de la ciudad cuente con recursos municipales orientados a resolver conflictos sin necesidad de sentarse ante un juez.
En concreto, la Conselleria ha puesto en marcha un nuevo servicio de información, orientación y acompañamiento ciudadano en el uso de la conciliación, la mediación y otros Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), una sigla que hasta hace poco era casi exclusiva de los despachos de abogados y que, a partir de ahora, tendrá que formar parte del vocabulario de cualquier persona que quiera resolver un litigio civil o mercantil en España.
"Queremos avanzar hacia un modelo de justicia de proximidad en la Comunitat Valenciana y promover una cultura basada en el diálogo y el acuerdo. Además, da respuesta a la necesidad de ofrecer alternativas eficaces ante el elevado volumen de litigios, la sobrecarga de los órganos judiciales y los nuevos requisitos establecidos por la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La ley que lo cambia todo: los MASC ya son obligatorios
El telón de fondo de este acuerdo institucional es una reforma legal de calado. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia entró en vigor el pasado 4 de abril. Su impacto es inmediato y tangible: acudir a los MASC antes de comenzar un procedimiento judicial se convierte en requisito previo de procedibilidad en asuntos civiles o mercantiles, siendo obligatorio intentar la vía extrajudicial antes de presentar una demanda. El incumplimiento tiene consecuencias directas: toda demanda debe ir acompañada de un documento que acredite haberse intentado alcanzar un acuerdo a través de mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, opinión de experto independiente, derecho colaborativo o incluso negociación directa entre las partes.
Dicho de otro modo: quien quiera llevar un conflicto civil ante un tribunal tendrá que demostrar primero que lo intentó resolver por las buenas. El propósito es agilizar la resolución de conflictos, reducir la sobrecarga en los tribunales y fomentar la negociación extrajudicial, alineando a España con modelos europeos en los que los mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional han demostrado ser eficaces.
"La Mediación, la Conciliación u otras alternativas MASC no son solo interesantes o recomendables para evitar los conflictos y resolverlos sin litigio. Es que, además, ahora son legalmente obligatorias en asuntos civiles o mercantiles. Por eso, orientar, acompañar y ayudar a los ciudadanos está más justificado que nunca, teniendo además un impacto positivo en la ciudadanía y para la convivencia" - María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de València
Subvenciones municipales y justicia de proximidad
Más allá del nuevo servicio de orientación, la Conselleria trabaja en una nueva línea de subvenciones dirigida a que los vecinos y vecinas de la ciudad de València dispongan de un recurso municipal estable para promover el acuerdo y la resolución dialogada. La idea es que este apoyo institucional no sea puntual ni testimonial, sino que se traduzca en una política pública consolidada de acceso a la justicia: más rápida, más cercana y, en definitiva, más humana.
La apuesta tiene una lógica difícil de rebatir. Resolver un conflicto mediante mediación puede ser cuestión de semanas; un proceso judicial puede prolongarse años. Para muchas familias o pequeños negocios, esa diferencia no es un detalle menor: es la diferencia entre seguir adelante o quedar atrapados en un laberinto burocrático que agota tanto la paciencia como los recursos económicos. Que las instituciones faciliten ese camino alternativo —con información, acompañamiento y financiación— puede marcar un antes y un después en cómo los valencianos gestionan sus desacuerdos. El reto ahora es que este impulso institucional llegue de verdad a quienes más lo necesitan.