La tragedia tenía nombre y fecha: 29 de octubre de 2024. Aquel día, la DANA que arrasó amplias zonas de la provincia de Valencia dejó 229 personas fallecidas, miles de viviendas destruidas y una certeza incómoda: los mapas que se suponía debían anticipar el peor escenario posible se habían quedado cortos. Ahora, la Generalitat da un paso formal para corregirlo. Este viernes se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el anuncio por el que se somete a consulta pública previa la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, conocido por sus siglas como PATRICOVA.
Un plan que la realidad dejó obsoleto
El PATRICOVA es el instrumento que determina qué zonas del territorio valenciano presentan riesgo apreciable de inundación y qué limitaciones urbanísticas se aplican sobre ellas. Distingue seis niveles de riesgo y abarca unas 145.000 hectáreas. Durante décadas, ha sido la referencia técnica y legal para frenar la construcción en zonas peligrosas. Pero la DANA de octubre de 2024 lo puso en evidencia de una forma brutal.
El alcance y la envergadura de la inundación en algunos cauces afectados por el episodio meteorológico, como la rambla del Poyo, excedieron las previsiones de las cartografías oficiales empleadas en la evaluación del riesgo de inundabilidad. No fue un margen pequeño: la crecida del Barranco del Poyo registró en el cruce con la A-3 un caudal máximo cercano a 2.300 m³/s, muy superior a los 1.500 m³/s que el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables asocia a un periodo de retorno de 500 años. Dicho de otro modo: ocurrió algo que, sobre el papel, solo debería suceder cada cinco siglos, y lo hizo con una violencia que superó incluso esa estimación.
Las casas más dañadas se levantaron sobre ramblas y barrancos, lugares donde nunca debería haberse permitido construir. El barranco del Poyo, desbordado durante la DANA, sigue siendo una de las zonas más vulnerables por la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas y planificación urbana.
La consulta pública, primer paso de una revisión en dos tiempos
La apertura del proceso de consulta pública da continuidad al acuerdo adoptado por el Consell el pasado mes de enero, cuando ratificó el informe sobre la necesidad de revisar el PATRICOVA. Este trámite, exigido por la normativa sobre participación ciudadana en la elaboración de disposiciones de carácter general, permite recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas antes de que se redacte el nuevo texto. Es decir, cualquier persona u organización puede pronunciarse antes de que los técnicos pongan una sola línea en el borrador.
La revisión se articulará en dos fases. La primera se centrará en el ámbito territorial directamente afectado por la DANA, mientras que la segunda se extenderá al resto del territorio de la Comunitat Valenciana. Para no perder tiempo, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental ya promovió la contratación de los estudios necesarios para esta primera fase. El contrato fue adjudicado a la Universitat Politècnica de València por un importe de 205.700 euros y con un plazo de ejecución de tres meses.
Más superficie inundable, menos suelo edificable
Las consecuencias prácticas de esta revisión podrían ser considerables para muchos municipios valencianos. Las nuevas cartografías de inundación tendrán en cuenta los episodios pluviométricos extremos registrados en los últimos años, por lo que se prevé que la superficie inundable resultante del estudio sea superior a la contemplada en las cartografías actualmente vigentes. Más terreno clasificado como inundable significa, en la práctica, más restricciones al desarrollo urbanístico.
Dado que el PATRICOVA prohíbe la reclasificación de zonas inundables, es previsible que aumente la superficie en la que se limiten los nuevos desarrollos urbanísticos, con el fin de proteger a la población frente al riesgo existente. No es un detalle menor: afecta directamente a futuros planes de ordenación municipal, a proyectos de construcción y, en última instancia, al valor del suelo en determinadas zonas.
Además, los nuevos estudios incorporarán un nivel de peligrosidad inédito hasta ahora en el plan: el asociado a episodios de inundación superiores al periodo de retorno de 500 años, precisamente el tipo de fenómeno que protagonizó la riada de octubre de 2024. La revisión también incluirá una actualización de la normativa urbanística aplicable y la definición de las actuaciones necesarias para reducir el riesgo en cada zona.
Una herramienta que llegó tarde, pero que ahora no puede volver a quedarse atrás
Todos los puntos con riesgo elevado eran bien conocidos y contaban con soluciones estudiadas, tanto en los planes contra el riesgo de inundaciones del Ministerio como en el propio PATRICOVA. Lo que faltó fue la conciencia social de que estas actuaciones son necesarias y que se debe invertir en obras hidráulicas. La revisión ahora en marcha no cambiará el pasado, pero sí puede condicionar decisivamente el futuro: si los nuevos mapas recogen con mayor fidelidad la realidad del riesgo, las decisiones sobre dónde construir y dónde no estarán sobre una base mucho más sólida. La pregunta que queda en el aire es si, esta vez, esa base se traducirá también en voluntad política y recursos para actuar antes de que el agua vuelva a llevar la contraria a los planos.