La Generalitat Valenciana ha llevado esta semana su voz hasta el corazón de las instituciones europeas para advertir de un riesgo que, a juicio de sus representantes, puede determinar el futuro de millones de ciudadanos: que las regiones queden relegadas a meros ejecutores de decisiones tomadas en las capitales nacionales. La misión, desarrollada en Bruselas por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, no era retórica. Había urgencia y un calendario concreto sobre la mesa.
Un debate con casi dos billones de euros en juego
El contexto no puede ser más relevante. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP), un presupuesto ambicioso que asciende a casi 2 billones de euros para el periodo 2028-2034. Dentro de ese megapresupuesto, la Comisión propone reducir los actuales 52 programas a 16 e impulsar la sustitución de más de 500 instrumentos regionales por 27 planes nacionales y regionales, uno por cada Estado miembro. Dicho de otro modo: donde antes había programas adaptados a cada territorio, ahora habría un único plan por país. La simplificación suena bien sobre el papel. El problema, según Valencia, es lo que se pierde por el camino.
El nuevo marco financiero plurianual de la UE reduce el protagonismo de las regiones en favor de los Estados miembros , y eso es precisamente lo que la delegación valenciana ha ido a combatir. El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, acompañado por la directora general de Fondos Europeos, Rocío Pont, ha mantenido reuniones con representantes de la Dirección General de Política Regional (DG REGIO), el gabinete del vicepresidente de Cohesión y Reformas, la Secretaría General REFORM y miembros del Parlamento Europeo.
"Un único plan nacional simplifica sobre el papel, pero empeora la calidad de las decisiones. Los enfoques basados en una planificación única por Estado miembro pueden generar rigideces y dificultar la adaptación a las especificidades regionales." - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
El fantasma del MRR: cuando decidió Madrid y no Valencia
La delegación valenciana no llega a esta batalla sin munición. Tiene un precedente reciente y doloroso: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el gran instrumento de los fondos Next Generation EU diseñado para afrontar la crisis pospandémica. Gil ha denunciado abiertamente que su despliegue "fue decisión del Gobierno central, debido a la urgencia que llevó a presentar un plan nacional que fuera informado favorablemente por la Comisión Europea, sin que las comunidades autónomas y corporaciones locales apenas tuvieran participación en su diseño, lo que no favorece la cohesión territorial". El modelo de los nuevos National and Regional Partnership Plans (NRPPs) que plantea la Comisión sigue, según Valencia, exactamente esa misma lógica.
La directora general de Fondos Europeos, Rocío Pont, ha sido igual de directa ante los responsables europeos:
"Para gestionar bien los fondos necesitamos que se tenga en cuenta el detalle territorial, no solo una visión conjunta como país; un enfoque demasiado agregado a nivel nacional reduce la capacidad de adaptar las inversiones a las realidades territoriales." - Rocío Pont, directora general de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana
No es una posición aislada. El Gobierno Vasco también rechaza la idea de un plan único por Estado miembro, al considerar que supondría desmantelar un sistema de gestión eficaz durante décadas y eliminar la dimensión territorial genuina de la política regional. El gobierno de España también reclama un papel más activo de las regiones y entidades locales en el diseño y ejecución de los planes del MFP, porque muchas políticas se aplican regionalmente.
Más que burocracia: lo que está en juego para empresas y ciudadanos
Conviene aterrizar la discusión. La propuesta reformula el sistema de gobernanza de la política de cohesión establecido en 1988, redefiniendo las funciones de los gobiernos nacionales y de la Comisión en la elaboración de los planes de asociación nacionales y regionales. Cuando Valencia habla de "desagregación territorial y sectorial", está hablando de si una pequeña empresa de Castellón o un agricultor del interior de la provincia podrá acceder a financiación diseñada para sus necesidades concretas, o si tendrá que competir dentro de un plan genérico pensado para toda España. La diferencia no es menor.
Carlos Gil ha advertido de que el enfoque de un único plan nacional reducirá la efectividad de los fondos europeos, perdiéndose así "oportunidades de inversión y, por ende, oportunidades para nuestras empresas y nuestra ciudadanía". El incremento del gasto en las nuevas prioridades estratégicas se acompaña con reducciones en las asignaciones a la política de cohesión , lo que eleva aún más el listón: si hay menos dinero y además se gestiona de forma más centralizada, el impacto territorial puede ser doble.
Valencia, entre aliados en el Parlamento y las redes europeas
La agenda en Bruselas no se limitó a los despachos de la Comisión. Carlos Gil participó en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias y en encuentros con redes como Partenalia, donde compartió problemáticas con otros territorios europeos para promover un enfoque más descentralizado e inclusivo. La mesa de debate con miembros del Parlamento Europeo reunió también a alcaldes de Italia y Polonia, a la alcaldesa de Castellón de la Plana y al alcalde de Cáceres, poniendo de manifiesto que esta no es solo una reivindicación valenciana, sino un frente compartido por regiones de muy distinta tradición política y geográfica.
La Generalitat ha trasladado a la Comisión Europea la necesidad de establecer mecanismos obligatorios que aseguren la participación de las autoridades regionales en el diseño de los nuevos instrumentos financieros, y ha alertado de que la reorientación de recursos hacia ámbitos emergentes —defensa, digitalización, transición ecológica— no puede producirse a costa del desarrollo regional. Los llamados "amigos de la cohesión" ya se han expresado claramente en contra de la propuesta, sosteniendo que "la fortaleza de la política de cohesión reside en sus principios fundamentales: la gestión compartida, la gobernanza multinivel, la asociación y el enfoque basado en el territorio". Valencia quiere estar en ese frente, y esta semana ha demostrado que no piensa hacerlo desde la distancia.