El Consell ha lanzado un pulso al Gobierno central que va más allá de lo simbólico. El portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, anunció tras el último pleno que la Generalitat exige a Madrid el traspaso efectivo de las funciones y servicios en materia de gestión del litoral, la retirada de los recursos jurídicos contra su propia ley de costas y la paralización de la reforma del Reglamento General de Costas. Un frente abierto en tres flancos que refleja la creciente tensión entre Valencia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a quién manda en los 518 kilómetros de playa valenciana.
Una ley propia para un litoral propio
El detonante inmediato de este conflicto es la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 26 de mayo de 2025. La norma tiene por objeto la protección, ordenación y gestión integrada del litoral de la Comunitat Valenciana, en el marco de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía. Se trata de la primera ley autonómica específica para el litoral valenciano, lo que la convierte en un hito normativo para la región.
La doctrina del Tribunal Constitucional posterior a la Ley estatal de costas de 1988 ha venido clarificando que todas las comunidades costeras competentes para la ordenación del territorio lo son también para la del litoral, ya que la titularidad estatal sobre el dominio público marítimo-terrestre no es en sí misma un criterio de delimitación competencial. Sobre esa base jurídica, el Consell defiende que el traspaso de competencias que reclama al Estado no supone invadir la titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre, sino ejercer en su integridad la ordenación de la franja costera, desde las autorizaciones y concesiones hasta la catalogación y clasificación de playas.
"La costa valenciana no puede gestionarse desde un despacho alejado del territorio. Necesita una administración próxima, que conozca sus municipios, sus valores ambientales, su actividad económica y la realidad de las personas que viven junto al mar" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
El agravio comparativo con otras autonomías
El argumento autonómico tiene una dimensión territorial difícil de rebatir. El Ejecutivo autonómico recuerda que otras comunidades como Andalucía, Cataluña, Baleares o el País Vasco ya gestionan su costa, mientras que la valenciana continúa dependiendo del Ministerio de Costas. La pregunta que flota en el debate político es evidente: ¿por qué unas comunidades sí y otras no, cuando la base constitucional y estatutaria es esencialmente la misma?
El traspaso de competencias afectaría directamente a problemas vecinales de primer nivel, como la Playa Babilonia de Guardamar, que se ha convertido en el caso emblemático que la Generalitat exhibe para justificar la necesidad de asumir la gestión directa del litoral. Las históricas casas alineadas frente al mar, con un siglo de vida, llevan años amenazadas por los derribos derivados de los deslindes estatales y por la falta de regeneración de la playa por parte del Ministerio.
El Consell también pide políticas estatales de financiación e inversión específicas para afrontar la regresión costera, la adaptación al cambio climático y la protección de los núcleos tradicionales del litoral. La propia ley autonómica establece normas adicionales de protección y sostenibilidad relacionadas con el mantenimiento de los objetivos de calidad ambiental de las aguas del litoral, la estabilidad de la costa ante el cambio climático y la consideración del impacto económico y social de las actuaciones proyectadas.
"Cualquier reforma que afecte al litoral debe hacerse con transparencia, con diálogo y con las comunidades autónomas, no contra ellas" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
Un nuevo colegio en Torrevieja y millones para el transporte escolar
El pleno del Consell también adoptó acuerdos en materia educativa con impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias. Se aprobó el decreto de creación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Número 16 de Torrevieja, que se ubicará en la avenida Don Juan de Austria, en la urbanización Mar Azul. El nuevo centro nacerá con dos unidades de Educación Infantil de segundo ciclo y 11 unidades de Educación Primaria, con capacidad inicial para 325 plazas escolares, que podrán ampliarse hasta 675 en cursos sucesivos. Es el tercer colegio público que se abre en Torrevieja en los tres últimos cursos, un dato que da la medida del crecimiento demográfico de uno de los municipios con mayor dinamismo poblacional de la provincia de Alicante.
En paralelo, el Consell autorizó la contratación del servicio de transporte escolar para doce municipios de la Vega Baja del Segura, en la zona A6 de la provincia de Alicante, para los cursos 2026-2027 y 2027-2028. El valor estimado del contrato asciende a 13,7 millones de euros y garantizará el acceso al sistema educativo en zonas rurales y municipios con dificultades de conexión o sin oferta educativa suficiente.
Toros, turismo y nuevas normas
Entre los demás acuerdos del pleno destaca la aprobación del nuevo Reglamento de Festejos Tradicionales de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La norma actualiza la regulación vigente desde 2015 y refuerza tanto la seguridad de participantes y espectadores como el bienestar animal, un equilibrio que históricamente ha generado debate entre los defensores de la tradición y los colectivos animalistas. Por último, el Consell aprobó un convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Llosa para incorporar su oficina de información turística a la red Tourist Info, sumando un nuevo nodo a la red de atención al visitante de la comunidad. En conjunto, una sesión con un hilo conductor claro: la defensa de la autonomía valenciana para gestionar su propio territorio, ya sea su litoral, sus aulas o sus tradiciones más arraigadas.