La carta lleva meses esperando respuesta. El 2 de febrero de 2026, la Generalitat Valenciana escribió al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para alertarle del daño que estaban causando las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica sobre el campo valenciano. Siete meses después, nadie ha contestado. Y con la nueva campaña citrícola a las puertas, Valencia ha vuelto a llamar a la puerta de Madrid, esta vez con más urgencia y con dos firmas: las del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y la consellera de Industria y Comercio, Marian Cano.
Un mercado desbordado por las naranjas del sur de África
Lo que está en juego no es un debate técnico entre funcionarios: es la supervivencia económica de miles de familias que llevan generaciones cultivando naranjas y mandarinas en la Comunitat Valenciana. España es el primer productor de cítricos de la Unión Europea, y la Comunitat Valenciana es su núcleo productivo. Pero ese liderazgo está bajo una presión creciente y sin pausa.
Los datos hablan solos. Las importaciones comunitarias de pequeños cítricos sudafricanos alcanzaron 169.904 toneladas en la campaña 2025/26 hasta julio, frente a las 78.170 toneladas registradas en 2020/21. Es decir, un incremento del 117% en apenas cinco años. Y la progresión no ha dado tregua: 93.020 toneladas en 2021/22, 106.668 en 2022/23, 120.920 en 2023/24 y 148.497 en 2024/25.
El problema no es solo el volumen, sino el momento. Una parte sustancial de estas importaciones se concentra en los meses de septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña citrícola española y valenciana, lo que distorsiona la formación de precios y altera el equilibrio del mercado en el momento más sensible para el sector. Dicho de otro modo: cuando el agricultor valenciano quiere vender su cosecha, el mercado ya está inundado de producto sudafricano.
El Acuerdo Económico entre la Unión Europea y los Estados del SADC —Comunidad para el Desarrollo de África Meridional— abrió progresivamente el mercado europeo a los cítricos sudafricanos mediante la reducción escalonada de aranceles, hasta alcanzar prácticamente la liberalización total en 2025. Un acuerdo firmado con buenas intenciones geopolíticas que, casi una década después, está pasando una factura muy concreta a los agricultores valencianos.
Tres medidas concretas, una sola petición: que alguien actúe
La Generalitat no se limita a quejarse. En su nueva carta al ministro Cuerpo, plantea tres acciones específicas que considera urgentes e inaplazables antes del inicio de la próxima campaña.
La primera es activar de inmediato los mecanismos de seguimiento de importaciones previstos en el propio Acuerdo UE-SADC, para evaluar con rigor el impacto real sobre el mercado de la naranja y los pequeños cítricos. La segunda, solicitar formalmente ante la Comisión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia si se confirma que el incremento de las importaciones está provocando una perturbación grave del mercado o un perjuicio serio para los agricultores españoles. La tercera, reforzar los controles fitosanitarios en los puertos de entrada de la UE, para garantizar que los productos importados cumplen los mismos estándares que se exigen a los productores europeos.
Esta última demanda no es menor. Entre enero y julio de 2026 se han registrado 15 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa —el hongo causante de la mancha negra de los cítricos— en envíos procedentes de Sudáfrica, frente a las ocho contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 87,5%. La Generalitat alerta también del riesgo de entrada de la falsa polilla, otra plaga que podría causar daños irreversibles en la citricultura valenciana si lograra establecerse.
"No pedimos privilegios, sino coherencia, reciprocidad e igualdad de condiciones" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
El silencio de Madrid como respuesta
Lo que más irrita en Valencia no es solo la situación del mercado, sino la ausencia de interlocución. La Generalitat ha esperado más de siete meses sin recibir ni una sola línea de respuesta del Gobierno central. Y la nueva campaña no espera. La presión en el inicio de campaña condiciona la rentabilidad anual de miles de explotaciones y compromete la sostenibilidad económica, social y territorial de amplias zonas productoras.
La brecha de fondo es conocida: los productores españoles asumen costes adicionales por cumplir estándares superiores de calidad, sanidad y sostenibilidad que no se exigen con el mismo rigor a los proveedores de terceros países. Los pequeños cítricos, además, no están contemplados en el mismo régimen arancelario que la naranja dentro del Acuerdo UE-SADC, lo que ha favorecido un crecimiento exponencial de las exportaciones sudafricanas en este segmento.
La Generalitat reclama al Gobierno de España que actúe utilizando todos los mecanismos disponibles y que ejerza una posición firme y proactiva ante la Comisión Europea. La citricultura valenciana, recuerdan desde el Consell, no es un sector cualquiera: genera empleo, mantiene el territorio y forma parte de la identidad productiva de una región entera. Si ese tejido se deshace por la inacción política, reconstruirlo será mucho más difícil que haber actuado a tiempo.