La Comunitat Valenciana tiene una queja que se repite desde hace más de quince años: recibe menos dinero por habitante que casi cualquier otra autonomía española para pagar los mismos servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales. Lo de siempre, pero con menos recursos que sus vecinos. Esta semana, la Generalitat volvió a plantarlo sobre la mesa del Gobierno de España con una exigencia clara: una reforma del sistema de financiación autonómica que ponga fin a esa brecha histórica y garantice que un valenciano tenga los mismos derechos que un cántabro o un catalán.
Una reunión técnica con mucho trasfondo político
El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, asistió al Comité Técnico Permanente de Evaluación celebrado en el Ministerio de Hacienda, donde se analizó la propuesta de reforma del modelo de financiación de las comunidades de régimen común. La reunión, de cariz técnico, no puede entenderse sin su contexto político: el debate sobre la financiación autonómica lleva meses agitando las relaciones entre el Ejecutivo central y varias comunidades, con Cataluña como protagonista indiscutible de las negociaciones más visibles.
Y precisamente ahí está el nudo de la cuestión. Monzó no ocultó el malestar valenciano:
"Pensamos que es necesario el diálogo en temas tan relevantes como la financiación, pero la realidad es que hasta ahora el Gobierno de España solo ha hablado con Cataluña y hay cuestiones técnicas que deben ponerse sobre la mesa." - Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana
La queja no es menor. Que la mayor parte de las conversaciones sobre un modelo que afecta a millones de ciudadanos se hayan producido en un canal bilateral con una sola comunidad es, para Valencia, una forma de perpetuar la desigualdad que denuncia.
El peso de la población y el agujero de la deuda
Uno de los argumentos centrales de la Generalitat es demográfico. La Comunitat Valenciana crece en población, lo que implica más demanda de servicios públicos y, por tanto, más necesidad de recursos. Para Monzó, la población debe ser "un elemento esencial" en cualquier modelo de reparto que se diseñe. No es un capricho: es aritmética básica aplicada a la gestión pública.
Las consecuencias de no haber tenido esos recursos son visibles en el balance financiero de la Generalitat. La infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana es la principal causa de su endeudamiento, que en 2022 representaba el 44% del PIB de la región. Según los cálculos de expertos, hasta 43.000 millones de los 55.000 millones de deuda total de la Comunitat Valenciana tienen su origen en componentes directamente relacionados con la infrafinanciación. Es decir, no es que la Generalitat haya gastado mal; es que durante años ha tenido que endeudarse para pagar lo mismo que otras regiones pagaban con sus ingresos ordinarios.
La financiación efectiva homogénea de la comunidad mejor tratada por el sistema, Cantabria, es un 31,4% superior a la de la región peor considerada, la Comunitat Valenciana, lo que se traduce en 729 euros menos por habitante ajustado para atender las necesidades de su ciudadanía.
La demanda: igualdad real y un fondo de emergencia
Más allá del diagnóstico, la posición valenciana incluye propuestas concretas. La Generalitat insiste en que ninguna otra comunidad autónoma combina a la vez un volumen de población tan elevado, unas necesidades crecientes de servicios y una posición tan desfavorable en el reparto de recursos. Una trinidad que, según Monzó, hace de Valencia un caso singular dentro del sistema.
Ante la imposibilidad de que una reforma estructural llegue de forma inmediata —estos procesos se miden en años, no en semanas—, la Generalitat reclama que el Gobierno active un Fondo de Nivelación Transitorio que corrija de forma urgente la desigualdad mientras se negocia el nuevo modelo. La lógica es evitar que se perpetúe durante más tiempo la situación de desigualdad que padece la Comunitat Valenciana. La cifra que se ha barajado para ese fondo transitorio es de 1.782 millones de euros anuales de media.
"Creemos que todos los españoles, independientemente del lugar donde residan, deben tener los mismos recursos, cosa que ahora no sucede. La Comunitat Valenciana lleva desde el año 2009 siendo la comunidad más infrafinanciada de España y esto ha provocado el gran endeudamiento que tenemos." - Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana
El camino es el diálogo, pero con todos
La Generalitat no cierra la puerta a negociar. Al contrario, Monzó subrayó que el diálogo es "el camino", pero con una condición innegociable: que todas las comunidades autónomas estén sentadas en la misma mesa y en igualdad de condiciones. La pelota, según Valencia, está en el tejado del Gobierno: "Ojalá tenga voluntad y rectifique", dijo el secretario autonómico, con una franqueza que pocas veces se escucha en el lenguaje diplomático de estas reuniones.
El trasfondo de todo este debate es, en último término, una pregunta muy concreta sobre el Estado del bienestar: ¿debe importar dónde naces a la hora de recibir atención sanitaria o educación de calidad? La infrafinanciación crónica ha lastrado durante décadas la capacidad de la Generalitat para garantizar sanidad, educación, vivienda y servicios sociales en igualdad de condiciones con otros territorios. Mientras esa reforma estructural no llegue, cada año que pasa sin un fondo transitorio es otro año en que la respuesta a esa pregunta sigue siendo, para los valencianos, la más incómoda de todas las posibles.