Gobernar con las manos atadas, pero sin dejar de gobernar. Esa podría ser la síntesis del pleno del Consell celebrado este viernes, en el que la Generalitat Valenciana aprobó un paquete de medidas que abarca desde un aparcamiento para camiones hasta material sanitario para miles de pacientes, pasando por la reconstrucción de urgencia de un paso de carretera. Todo ello, según subrayó el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Barrachina, mientras la Comunitat Valenciana sigue cargando con lo que define como «la peor financiación de España».
La sesión arrancó con un momento de gravedad institucional. Barrachina condenó los presuntos asesinatos machistas ocurridos el jueves en Alicante y dedicó unas palabras a las víctimas del accidente de metro de València, cuyo vigésimo aniversario se cumple estos días, una de las mayores tragedias en la historia del transporte público valenciano.
El ruido de fondo: la financiación autonómica
Más allá de los acuerdos concretos, el conseller aprovechó su comparecencia para lanzar una advertencia política de calado. Este lunes se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, según Barrachina, el Gobierno central acudirá a esa reunión sin ninguna propuesta concreta de reforma del sistema de financiación autonómica sobre la mesa. Un dato que, en el contexto valenciano, tiene una dimensión especialmente incómoda.
La financiación efectiva de la comunidad mejor tratada por el sistema es un 31,4% superior a la de la región peor considerada, la Comunitat Valenciana. Y esa brecha se traduce en consecuencias tangibles: la infrafinanciación obliga a endeudarse y a elevar la presión fiscal para poder ofrecer servicios públicos de sanidad y educación al mismo nivel que la media de las comunidades autónomas.
Ante este escenario, el portavoz del Consell reclamó al Ejecutivo central que ponga en marcha, mientras se negocia una reforma estructural del modelo, un mecanismo de alivio inmediato.
"Un fondo de nivelación que equipare a la Comunitat Valenciana con el resto de comunidades autónomas, para que las prestaciones sanitarias, educativas y sociales de los valencianos tengan una financiación equivalente" - Miguel Barrachina, portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana
Según los cálculos de expertos, la Comunitat Valenciana debería recibir una media de 1.782 millones de euros de este fondo de nivelación en cada año de la legislatura. Una cifra que da escala al problema y explica por qué la reivindicación valenciana lleva años siendo una constante política, con independencia del color del gobierno de turno.
Un aparcamiento para camiones y una vía urgente en el Alto Palancia
Dicho esto, el Consell no esperó a que Madrid resolviera sus deudas históricas para tomar decisiones. Una de las aprobadas este viernes es la licitación, mediante concesión, de la construcción y explotación de un aparcamiento para vehículos pesados en el Parque Logístico de Valencia, con un valor estimado de 14,9 millones de euros. La instalación se ubicará en una zona estratégica, próxima al aeropuerto de Manises y al cruce de las autopistas A-3 y A-7, donde la demanda de estacionamiento para camiones no ha dejado de crecer en los últimos años.
La segunda gran actuación en materia de infraestructuras fue declarada de emergencia: la reconstrucción del paso inferior de la CV-195 bajo la línea ferroviaria Sagunto-Teruel, en el municipio de Caudiel, con una inversión de 3,8 millones de euros. Este paso es la arteria que comunica los municipios de las comarcas del Alto Palancia y del Alto Mijares, y su estado actual compromete tanto la seguridad del tráfico ferroviario como la movilidad cotidiana de sus vecinos.
Aquí, Barrachina no pudo evitar el reproche directo: la actuación corresponde en realidad a Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias del Estado, que no la ha ejecutado. Y no es el único frente abierto. El Gobierno central mantiene cortadas dos de las cinco líneas de Cercanías en la Comunitat Valenciana, incluida la C5 que conecta Sagunto con Teruel y Zaragoza. «La puesta en marcha urgente de los servicios de Cercanías es indispensable para estudiantes, trabajadores, visitantes y para toda la población en general», insistió el portavoz, que también criticó el nuevo retraso en la finalización del Corredor Mediterráneo, cuya conclusión se aplaza ahora hasta 2029, ocho años más de lo inicialmente previsto.
108,7 millones en material sanitario de uso diario
El acuerdo económicamente más voluminoso del pleno fue la aprobación de un acuerdo marco para el suministro de apósitos y productos destinados al tratamiento de heridas y al cuidado de la piel en los centros de la sanidad pública valenciana, con un valor estimado de 108,7 millones de euros. El contrato se dividirá en 19 lotes e incluye materiales de uso diario en centros de atención primaria, hospitales, servicios domiciliarios y residencias sociosanitarias.
No se trata de un gasto extraordinario, sino de todo lo contrario: apósitos para fijar vías, productos de limpieza de heridas, cremas de protección cutánea. El tipo de material que un paciente hospitalizado o un usuario de atención domiciliaria necesita cada día y cuya falta impacta de forma directa e inmediata en la calidad asistencial. La licitación centralizada, explicó Barrachina, permitirá «ordenar el suministro, mejorar la planificación y racionalizar la compra pública».
Las ayudas por la DANA, a punto de llegar a las familias
El Consell también recibió una actualización sobre las ayudas extraordinarias por daños personales derivados de la dana, dirigidas a familiares de personas fallecidas y a víctimas con incapacidad absoluta. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Generalitat registró un total de 642 peticiones: 484 de familiares de fallecidos y 140 de personas que alegan incapacidad absoluta a causa del desastre.
De las solicitudes de familias de víctimas mortales, la Generalitat ha resuelto ya el 98,6% de los expedientes susceptibles de resolución, con 466 solicitudes estimadas favorablemente. La primera resolución definitiva ha reconocido 210 ayudas correspondientes a 89 personas fallecidas, que se encuentran ya en fase de gestión económica para proceder a su pago. Un avance significativo en una tramitación que, por su naturaleza, conjuga la urgencia emocional de las familias con la necesidad de garantías jurídicas.
El pleno aprobó también un convenio con el Ministerio de Agricultura para coordinar las estadísticas agrarias de 2026 y el nuevo decreto de Estatutos de la Universidad de Alicante, adaptados a la legislación universitaria vigente. Son medidas de menor visibilidad mediática, pero que ilustran el ritmo ordinario de una administración que, entre la reivindicación legítima de más recursos y la gestión del día a día, trata de mantener en marcha unos servicios públicos cuya financiación, a todas luces, sigue siendo insuficiente para la dimensión del reto.