El arroz valenciano lleva meses bajo una presión silenciosa pero devastadora. Las importaciones procedentes de Myanmar y Camboya, que entran en la Unión Europea sin pagar ni un solo euro en aranceles gracias al régimen comercial conocido como "Todo Menos Armas", han provocado una caída de más del 15% en los precios percibidos por los arroceros españoles, según datos de la industria sectorial. Ahora, la Generalitat Valenciana ha decidido plantar cara y exigir al Gobierno central que actúe antes de que el daño sea irreversible.
Una petición urgente que viaja a Madrid
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, anunció que pedirá formalmente al Gobierno de España que solicite ante la Unión Europea la activación de las cláusulas de salvaguarda para proteger al sector arrocero valenciano. La petición se trasladó durante la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en Madrid, a la que Barrachina acudió con el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la industria arrocera valenciana, con quienes se reunió previamente para analizar la situación del cultivo y del mercado.
El mensaje de la Conselleria fue claro y sin eufemismos:
"Los mecanismos existen y queremos que se utilicen. Si la entrada de producto exterior está causando ya un daño grave a nuestros agricultores, no tiene sentido esperar para reaccionar" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
El núcleo del problema tiene nombre propio: el régimen europeo "Todo Menos Armas" (EBA, por sus siglas en inglés), un mecanismo que concede a los países menos desarrollados del mundo un acceso libre de derechos y contingentes al mercado comunitario. En teoría, es un instrumento de solidaridad internacional. En la práctica, para los arroceros valencianos, se ha convertido en una competencia imposible de sostener.
El umbral que no protege a nadie
La normativa europea vigente sí contempla una válvula de escape: una cláusula de salvaguarda automática que se activa cuando las importaciones superan un determinado volumen. El problema es el número en cuestión. En la práctica, la cláusula de salvaguardia automática se activará a partir de las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, una cifra que el sector considera "ineficaz" ya que, según indican, desde las 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos en el mercado.
Barrachina lo subrayó con contundencia: ese umbral de 570.000 toneladas equivale a aproximadamente cinco veces la producción total de arroz valenciana, lo que lo convierte en una protección más simbólica que real. El conseller defendió que "este valor no responde a nuestra realidad productiva, siendo necesaria una rebaja considerable para conseguir una protección real del sector arrocero". No es solo una queja local: la industria arrocera española ha alertado de que la cláusula automática puede convertirse en un "instrumento ineficaz" si la UE fija unos umbrales de activación demasiado elevados.
No es la primera vez que Europa ha movido ficha en este tablero. La solicitud inicial de establecer salvaguardias comerciales frente a las importaciones de arroz fue presentada en febrero de 2018 por el Gobierno italiano, apoyado por los demás Estados miembros productores, entre ellos España, Francia, Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. La decisión de aplicar una cláusula de salvaguardia y reintroducir aranceles por un periodo de tres años fue acordada en enero de 2019, poniendo fin a una situación que se había vuelto insostenible para el arroz europeo y sus productores. Pero aquella protección era temporal, y el problema ha regresado con más intensidad: hasta agosto de 2025, las importaciones de arroz alcanzaron volúmenes récord, superando en casi 70.000 toneladas a la campaña anterior.
Una carta sin respuesta y una deuda pendiente con los agricultores
La Generalitat no llega a esta batalla con las manos vacías, pero sí con cierta frustración acumulada. Barrachina recordó que esta no es la primera vez que Valencia pide al Ejecutivo central que se implique en la defensa del campo. En enero, las consellerias de Agricultura e Industria solicitaron que España promoviera la activación de la cláusula de salvaguardia ante el impacto de las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica. Meses después, la respuesta sigue sin llegar.
"Seguimos esperando respuesta. Nuestros agricultores no pueden depender de la falta de reacción de los ministerios cuando existen instrumentos para defenderlos" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La denuncia pone el dedo en una llaga conocida: la distancia que separa la velocidad de los mercados globales de la lentitud de los mecanismos institucionales. Mientras los precios caen en los mercados de origen, los expedientes se acumulan en los despachos.
La plaga del 'cucat' y la investigación como escudo
La amenaza exterior no es el único frente abierto. En la reunión también se abordó la situación del cucat, una plaga que afecta a los arrozales valencianos en la campaña actual. La Conselleria cuenta con un programa público específico para combatirla y ha convocado a un grupo de expertos para analizar el estado del cultivo y proponer mejoras de cara a la próxima campaña.
En paralelo, Barrachina destacó la labor del Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), que mantiene una unidad especializada en arroz y trabaja en el desarrollo de nuevas variedades más resistentes a plagas, a la salinidad y a la sequía, junto con líneas de investigación orientadas a mejorar la productividad del cultivo. Una apuesta a largo plazo que, sin embargo, no puede sustituir a la protección inmediata que el sector reclama en el corto plazo.
L'Albufera, más allá del plato de paella
Detrás de cada debate técnico sobre aranceles y umbrales de salvaguarda hay un territorio concreto: l'Albufera. El cultivo del arroz en este parque natural no es solo una actividad económica; es el motor que mantiene el ecosistema, el paisaje y una identidad cultural que va mucho más allá del plato de paella que el mundo asocia con Valencia. El conseller subrayó el valor económico, alimentario y ambiental del sector arrocero, especialmente en l'Albufera, y aseguró que la Generalitat seguirá defendiendo a los productores "con investigación, sanidad vegetal, promoción y la defensa de todos los instrumentos comerciales que permitan competir en condiciones justas".
La pregunta que sobrevuela el sector es si las instituciones actuarán a tiempo. Europa tiene las herramientas. España tiene la voz para exigir su uso. Y Valencia, sus agricultores esperando una respuesta que, como demuestran los precedentes con los cítricos, no siempre llega cuando más se necesita.