El dinero europeo tiene un problema de altura. Cuanto más sube en la cadena institucional, más le cuesta bajar hasta los pueblos que más lo necesitan. Esa es, en esencia, la advertencia que Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana, ha trasladado a las instituciones europeas: si la próxima Política de Cohesión 2028-2034 no refuerza el papel de regiones y diputaciones, los fondos corren el riesgo de concentrarse en las grandes ciudades y dejar atrás al mundo rural.
Una cumbre, una advertencia y una propuesta concreta
Gil participó en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias, donde tomó parte en una mesa redonda junto a representantes de regiones como Hannover, Torino, el Judet rumano o el Powiat polaco, además de entidades como la Diputación de Castellón. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa ejemplos reales de cómo estas estructuras intermedias —ni el gran Estado ni el pequeño ayuntamiento— gestionan con eficacia los proyectos financiados por la UE y responden a las necesidades concretas de sus territorios. No es teoría: es administración cotidiana.
El momento no podría ser más oportuno. El nuevo marco financiero plurianual de la UE propone reducir el protagonismo de las regiones en favor de los Estados miembros, pasando de más de 500 instrumentos regionales a tan solo 27 planes nacionales y regionales, uno por cada país miembro. Para muchas regiones y diputaciones, eso equivale a perder voz, capacidad de gestión y, en última instancia, acceso directo a los recursos.
El argumento: sin intermediarios, sin territorio
El secretario autonómico valenciano fue directo en su diagnóstico. Defendió a las autoridades intermedias como instrumentos de gobernanza más ágiles y, sobre todo, como la estructura de retaguardia imprescindible para dar soporte jurídico y de gestión a los municipios pequeños. La lógica es sencilla: un ayuntamiento de 300 habitantes no tiene los mismos recursos técnicos ni administrativos que una capital de provincia para lidiar con la burocracia de los fondos europeos. Alguien tiene que tenderle la mano.
"Si debilitamos la escala intermedia, vaciamos el entorno rural y rompemos la cohesión territorial, haciendo que el código postal vuelva a limitar el destino de las personas" - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
La frase condensa un debate que lleva décadas sobrevolando las políticas europeas. La política de cohesión de la UE trabaja por el desarrollo económico, social y territorial de todas sus regiones , pero la pregunta siempre ha sido la misma: ¿cómo garantizar que ese desarrollo llegue también a las que están más lejos de los focos? Con el Tratado de Lisboa de 2009, a la cohesión económica y social se sumó la cohesión territorial, que pasó a ocupar un lugar principal en el diseño de las políticas regionales. Años después, el riesgo de retroceder en esa dirección vuelve a estar sobre la mesa.
Regiones contra la centralización: un frente que se amplía
La posición de la Generalitat Valenciana no es una voz aislada. El Gobierno Vasco, por ejemplo, considera que la propuesta de la Comisión Europea representa un grave retroceso en la participación regional en la gobernanza multinivel de la Unión Europea. Euskadi también ha propuesto rechazar un plan único centralizado por cada Estado en la planificación y ejecución de los fondos, abogando por una arquitectura verdaderamente inclusiva que reconozca el papel clave de las regiones. El malestar, en definitiva, es compartido.
Las regiones están llamadas a ser el eje central de los Planes de Asociación Nacional y Regional, que deben basarse en los factores clave de éxito de la política de cohesión: gestión compartida, gobernanza multinivel, un enfoque territorial y el principio de asociación. Eso dice la propuesta sobre el papel. La cuestión es si se cumplirá en la práctica.
Los ayuntamientos como traductores de Europa
Más allá del debate institucional, Gil quiso poner el foco en quienes están al final de la cadena: los ayuntamientos. Reclamó "reconocer a los gestores de proximidad y facilitar el trabajo a quienes construyen Europa cada día desde el territorio", subrayando que son los entes locales quienes verdaderamente conocen la realidad territorial y quienes transforman cada euro europeo en empleo, oportunidades y dignidad para sus vecinos.
Es una imagen potente, y también una interpelación directa a Bruselas: la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual no es solo un ejercicio técnico, sino un reflejo de los diferentes intereses y visiones de los Estados miembros. En ese pulso, las regiones y diputaciones reclaman no quedar relegadas a meros ejecutores de decisiones tomadas desde arriba. La verdadera cohesión, viene a decir Gil, no se legisla en las capitales: se construye, municipio a municipio, desde el territorio.