Le exigimos a María José Catalá que respete la ley y acate el dictamen de la AVL, como hizo Rita Barberá desde 2009, y no ha sabido hacer ella por pura estrategia política. Cualquier cosa que no sea aceptar un informe vinculante seria prevaricar como ya advirtieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
El supuesto debate sobre cómo se tiene que escribir un topónimo nunca tendría que haber salido del terreno de la lingüística. Es momento de que Catalá entierre definitivamente su batalla política respetando una decisión que siempre ha correspondido a la AVL. Así lo entendieron todos los alcaldes y alcaldesas de València antes de que María José Catalá, con su caprichito partidista, rompiera con la unanimidad y el consenso que el actual nombre oficial en valenciano tuvo de todos los grupos en 2009 y en 2015, cuando se completó el proceso con Joan Ribó como alcalde y con el voto a favor del PP.
Reclamamos que escuche también las más de 1000 alegaciones vecinales que se opusieron a un doblete innecesario y que asuma el actual nombre oficial de València, avalado por la justicia. No somos Vitoria-*Gasteiz o Pamplona-Iruña y no necesitamos gastar millones de euros en cambiar una cartelería que desde 2009, con Rita Barberà, ya recuperó el nombre en valenciano. Ya hemos gastado bastante dinero con el partidista cambio de colores corporativos del PP, como para perder más tiempo y recursos.
Creemos que esta es una oportunidad para hacer un llamamiento a la concordia, a dejar de convertir el valenciano en problema y apostar por proteger su uso con el orgullo de los valencianos y valencianas.