Prorrogar el símbolo de estabilidad del Botànic o 'enfrentar' al desgobierno central

La Ministra d'Hisenda, en la línia del President, ha recomanat la redacció dels pressupostos de 2020 malgrat la incertesa de Madrid

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Las sospechas y rumores apuntaban en una dirección desde hace un mes, aunque ahora parecen haber dado la vuelta. El 10 de septiembre el Conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, señaló que sería de "pura lógica" que se prorrogaran los presupuestos de la Generalitat si no se formaba gobierno en Madrid; PSOE y Unidas Podemos no llegaron a un acuerdo y así fue. Esto inició una sucesión de preguntas y respuestas a medias sobre la posibilidad o no de prorrogarlos que ahora, con la apuesta del President y la recomendación de la Ministra de Hacienda, parecen perder fuerza.

Quedan 14 días para el límite del plazo estipulado para presentar los presupuestos de 2020. Dos semanas para revalidar o no lo que, desde el Botànic, se ha argumentado como una muestra de estabilidad; hasta ahora se han presentado los cuatro presupuestos anteriores en plazo y forma, pese a ser un gobierno de coalición y las cargas de la oposición. La apuesta de Ximo Puig es por evitar la prórroga de los presupuestos; considera que pesa más lo positivo en presentarlos, pese a la incertidumbre de no tener un gobierno en Madrid, que los posibles beneficios de la contención.

Poco después de que Climent hiciera las declaraciones sobre la posible "lógica" prórroga, la Vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, señaló en una rueda de prensa que, a 13 de septiembre, "no se considera prorrogar" los presupuestos actuales. Sin embargo, la posición sobre los posibles beneficios de la prórroga sumó la voz de Vicent Soler, el Conseller de Hacienda. Si bien primero señaló la necesidad de estudiar "los pros y los contras" de la prórroga, poco después Puig declaró su intención de promover la idea de presentar a tiempo los de 2020.

Techo de gasto

Hacer unos Presupuestos Autonómicos sin un gobierno en Madrid y unos Presupuestos Generales del Estado puede traducirse en grandes desajustes que, inevitablemente, serán utilizados por la oposición para criticar al ejecutivo. La falta de un techo de gasto -que detalla el Estado- o gran parte de las inyecciones de dinero a las Comunidades, ponen en riesgo la principal Ley de la Comunitat, que otorga 'vida' y recursos a todas las Consellerías y, por tanto, servicios sociales.

Sin embargo, no disponer de unos presupuestos significaría depender de las deliberaciones del Consell, en las que se debería ir ajustando los gastos y ampliando créditos según la necesidad, con su consecuente votación. Algo que, en el contexto actual y con las anteriores declaraciones sobre la significación de los presupuestos como estabilidad, daría imagen de debilidad; todas las demás autonomías, excepto la Comunidad de Madrid -de PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha- y Extremadura -PSOE-, van a presentar presupuestos en regla para 2020.

"Fracaso"

Antes incluso de confirmarse o desmentirse, la oposición ya ha utilizado los Presupuestos para acusar al Botànic de inestabilidad. El pasado 12 de octubre la líder del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, aseguró que prorrogar los presupuestos sería la confirmación del "fracaso de Puig y del gobierno del Botànic".

Tras la visita ayer de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece que vuelve a ganar terreno la opción de no prorrogar los presupuestos. “Siempre invito y aconsejo hacer presupuestos, es la capacidad de priorizar la capacidad de una comunidad autonómica de discutir necesidades y limitaciones”, ha señalado.

La Ministra ha manifestado, en su reunión con Puig y en declaraciones posteriores a los medios, el "compromiso" de que, en los próximos Presupuestos Generales del Estado tengan la "posibilidad real de materializar" la voluntad de solucionar algunas cuestiones pendientes con la Comunitat, como la condonación de la deuda de La Marina, o aumentar las inversiones. De momento la promesa no pasa de ello, y el sistema de financiación "lesivo" para la Comunitat, complica todavía más la redacción de unos presupuestos que, en caso de no hacerse, podrían suponer una crisis para el gobierno autonómico.

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