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La Ley del Plurilingüismo sigue generando confrontaciones entre los que están a favor de su implantación en los colegios públicos de la Comunidad Valenciana, y los que rechazan ese tipo de enseñanza en valenciano. De esta manera, diferentes organizaciones de madres y padres están llevando a cabo distintas acciones para mostrar su apoyo o su oposición. La última ha sido la creación de una plataforma para 'defender la libertad de elección de la lengua vehicular, y así plantar cara al modelo plurilingüe de la Conselleria de Educación'.
Esta nueva plataforma está formada por Concapa Comunidad Valenciana, la Federación de Apas de la provincia de Alicante Escuela y Familia, Fcapa Valencia, Concapa Castellón, Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y, finalmente, la Fapa Gabriel Miró de Alicante, también integrada en Covapa. Diferentes asociaciones que se han unido con el objetivo de ir generando, a lo largo del tiempo, diversas actuaciones para mostrar su firme rechazo a este modelo.
Así, el primer paso ha sido la creación de un modelo de recurso individual, que debe presentarse en cualquier registro de un organismo oficial o en el PROP antes del 30 de mayo, para que las familias afectadas puedan recurrir para pedir la anulación de este proyecto lingüístico en su centro. Un documento que está disponible en las páginas web de las organizaciones que integran esta nueva plataforma.
Por este motivo, y debido el límite de tiempo, desde la plataforma han pedido a los familiares interesados que revisen si, en sus centros de Educación Primaria, se cumple la obligación del artículo 6.3.a de la Ley 4/2018, que establece 'y al mismo tiempo, como mínimo, otra asignatura troncal' en castellano.
Pero esto no es todo, ya que, ante la creación de la Comisión Bilateral que el Gobierno ha activado sobre el articulado de dicha ley, la plataforma se ha propuesto reivindicar la modificación de todos los artículos que, según ellos, 'impiden el ejercicio de los derechos constitucionales de las familias y la perpetuación de los vicios del Decreto 9/2017'. De no ser así, no se ha descartado la realización de movilizaciones y acciones sociales mucho más contundentes para que 'las familias puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos, como avalan las sentencias del TSJ-CV'.