Llegar a un juzgado ya es, para mucha gente, una experiencia intimidante. Imagínalo ahora con una silla de ruedas, o sin poder escuchar con claridad lo que te dice el funcionario al otro lado del mostrador. Esa ha sido la realidad cotidiana de miles de personas con diversidad funcional ante edificios judiciales que, pese a su papel central en la vida pública, han tardado décadas en adaptarse. La sede judicial de la calle Pardo Gimeno, 43, en Alicante, acaba de dar un paso decisivo en la dirección contraria.
Una inversión de más de 371.000 euros contra las barreras invisibles
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana ha concluido las obras de mejora de accesibilidad en este edificio con una inversión de 371.712 euros. El objetivo es claro: que cualquier ciudadano, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales, pueda acceder y relacionarse con la Administración de Justicia sin tropezar con obstáculos que nunca debieron existir.
No es un caso aislado. El artículo 19 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y, sin embargo, la adaptación real de los espacios ha avanzado con una lentitud que contrasta con la urgencia del mandato legal. La propia legislación española requiere que los edificios judiciales, así como los procedimientos y servicios, sean accesibles para las personas con discapacidad. La reforma en Alicante es, en ese sentido, una deuda saldada.
Bucles magnéticos, rampas y señalización: los detalles que cambian vidas
Las actuaciones han sido amplias y concretas. Desde la segunda planta hasta el ático, los mostradores de los juzgados han sido rediseñados para incorporar puntos de atención accesibles y sistemas de bucle magnético, una tecnología que amplifica el sonido directamente en los audífonos de las personas con discapacidad auditiva, permitiéndoles escuchar con claridad en entornos ruidosos o con mucho eco, como suelen ser las dependencias judiciales. En total, se han instalado diez de estos dispositivos repartidos entre salas de vistas, salas multiusos y ascensores.
Los ascensores también han recibido nuevas botoneras accesibles, pensadas para quienes tienen dificultades de visión o movilidad en las manos. Y los aseos han sido reformados para convertirse en servicios higiénicos plenamente adaptados: puertas más amplias, elementos de asistencia y distribuciones que permiten la autonomía de usuarios en silla de ruedas. Son cambios que, vistos desde fuera, pueden parecer menores, pero que para quien los necesita suponen la diferencia entre entrar al edificio con dignidad o depender de la ayuda de un tercero para cada paso.
Las salas de vistas, también accesibles hasta el estrado
Uno de los aspectos más simbólicos de la reforma es la intervención en las diez salas de vistas del edificio. Se han instalado rampas en todas ellas para garantizar el acceso a los estrados judiciales, ese espacio elevado desde el que jueces, fiscales y abogados ejercen su función. Que hasta ahora ese acceso no estuviera garantizado para todos resulta, cuanto menos, llamativo en un espacio concebido precisamente para la igualdad ante la ley. Además, se ha habilitado una nueva puerta en el salón de actos para facilitar el acceso al estrado.
La señalización del edificio también ha sido renovada de forma integral. Se ha mejorado la señalización horizontal para orientar mejor el acceso a mostradores, escaleras y rampas, y se ha incorporado señalización vertical en braille y alto relieve en todo el inmueble, una medida fundamental para que las personas con discapacidad visual puedan moverse con autonomía por sus instalaciones.
La Comunitat Valenciana, en la senda de la justicia inclusiva
Esta actuación no es la única que la Conselleria de Justicia ha impulsado en los últimos meses. La sede judicial de Paterna también ha sido objeto de una reforma de accesibilidad con una inversión de 270.630 euros, orientada igualmente a garantizar un acceso más inclusivo y seguro, especialmente para personas con movilidad reducida o diversidad funcional. Un patrón que apunta a una política sostenida de adaptación del parque judicial valenciano.
Los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia establecen que las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso. La intervención en Pardo Gimeno traduce ese principio en hormigón, rampa y señal de braille. Porque una justicia que no puede ser alcanzada físicamente por todos sus ciudadanos no merece del todo ese nombre.