Imaginemos a un agricultor de 68 años con tres hectáreas de naranjos en la Ribera Alta. Lleva décadas apuntando a mano en una libreta los productos que aplica a sus campos. A partir del 1 de enero de 2027, esa libreta podría convertirse en una infracción. La normativa europea obliga a que el registro de todos los tratamientos fitosanitarios pase a formato digital, y la Comunitat Valenciana alerta de que miles de pequeños agricultores no están en condiciones de asumir ese salto tecnológico.
Una carta al ministro con un mensaje urgente
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamándole que impulse ante la Comisión Europea una modificación de la normativa comunitaria. El objetivo: que las pequeñas explotaciones agrarias queden exentas de la obligación de registrar electrónicamente los tratamientos fitosanitarios. No es una petición menor. Detrás hay decenas de miles de explotaciones y un tejido rural que, en muchos casos, ya camina al límite.
La obligatoriedad del registro digital nace del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, que España ha traspuesto mediante el Real Decreto 34/2025. Desde 2013, todos los usuarios profesionales de fitosanitarios en España deben mantener un registro actualizado de los tratamientos aplicados; la novedad ahora es que ese registro deberá hacerse en formato electrónico interoperable, con fecha límite fijada en el 1 de enero de 2027. El incumplimiento no es un riesgo menor: la consecuencia más habitual y dolorosa es la pérdida total o parcial de los pagos de la PAC del año, al ser el cuaderno de explotación uno de los requisitos de condicionalidad.
El perfil del agricultor valenciano: mayor, con poca tierra y escasa conectividad
El problema no es solo tecnológico. Es estructural. La Comunitat Valenciana concentra una serie de factores que la hacen especialmente vulnerable a esta transición digital: el envejecimiento de los titulares agrarios, el minifundismo y una elevada brecha digital. La edad media de los titulares agrarios de la Comunitat Valenciana supera los 65 años, una cifra que habla por sí sola sobre las dificultades reales de adoptar plataformas digitales, aplicaciones móviles o sistemas conectados al SIEX —el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias del Ministerio— en el día a día del campo.
A eso se suma que muchas de estas explotaciones son de tamaño reducido: pequeñas parcelas de secano o minifundios de regadío que difícilmente justifican, en términos económicos, la inversión en formación y equipos digitales. La nueva exigencia afecta a más de 800.000 operadores agrícolas en toda España , pero su impacto no es uniforme: no es lo mismo una gran explotación cerealista en Castilla con personal técnico propio que un agricultor solitario con cuatro hanegadas de huerta en Valencia.
Dos peticiones concretas sobre la mesa
Barrachina no se limita a denunciar el problema: propone soluciones con umbrales precisos. La Conselleria solicita al Gobierno central que promueva ante Bruselas una exención explícita del registro electrónico de fitosanitarios para los titulares de explotaciones inferiores a 30 hectáreas o con menos de 5 hectáreas de regadío. Precisamente, a partir del 1 de enero de 2028, el cuaderno digital completo será obligatorio para explotaciones con más de 30 hectáreas de secano, 5 hectáreas de regadío o 0,1 hectáreas de invernadero , lo que revela que los propios umbrales europeos ya reconocen implícitamente la diferencia de capacidad entre grandes y pequeñas explotaciones.
La segunda petición tiene que ver con los tiempos. El conseller reclama que la entrada en vigor de la obligación digital para el resto de explotaciones se aplace hasta enero de 2028, de manera que las nuevas exigencias tecnológicas comiencen a aplicarse de forma conjunta con el resto del cuaderno de explotación. La lógica es evidente: mejor una sola transición bien preparada que dos cambios precipitados en años consecutivos.
"Esta exigencia puede convertirse en una importante barrera burocrática y tecnológica para una parte muy significativa de los agricultores valencianos, especialmente teniendo en cuenta que la edad media de los titulares agrarios de la Comunitat Valenciana supera los 65 años y que buena parte de las explotaciones presentan una reducida dimensión" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
Un sector ya en dificultades
La queja de Barrachina llega en un momento en que el campo valenciano acumula tensiones. La pérdida de rentabilidad, los bajos precios de las cosechas, el incremento de los costes de los insumos, los episodios climáticos extremos —con la memoria reciente de la DANA— y el aumento de plagas y enfermedades configuran un panorama de presión sostenida. El motor de fondo de toda esta normativa es el Pacto Verde europeo: el Reglamento (UE) 2023/564 busca digitalizar el uso de fitosanitarios para cruzar datos entre estados miembros y vigilar el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Un objetivo legítimo, pero que choca frontalmente con la realidad de quien lleva décadas cultivando sin conexión a internet ni smartphone.
"Las nuevas exigencias administrativas deben tener en cuenta la realidad del sector agrario valenciano. Por ello, reclamamos al Ministerio que defienda ante las instituciones europeas una aplicación de la normativa que sea proporcionada y compatible con la continuidad de las pequeñas explotaciones agrícolas" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
No es la primera vez que el sector presiona para suavizar esta transición. La Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA ha insistido en que los productores europeos deben poder elegir entre papel y digital, defendiendo una transición gradual con un periodo transitorio de cinco años, posibilidad de prórrogas justificadas y un plan formativo sólido para que ningún agricultor quede atrás por razones tecnológicas. Lo que pide ahora la Generalitat Valenciana va en la misma dirección: que la modernización del campo no se convierta, paradójicamente, en la razón por la que muchos agricultores decidan abandonarlo.