La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una ofensiva pedagógica para que nadie quede sin entender lo que viene. El secretario autonómico de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Ignacio Grande, y el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, han iniciado una ronda de reuniones con equipos de servicios sociales municipales y entidades del tercer sector para explicar, con detalle, las claves de la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La norma, aprobada recientemente en Les Corts y prevista para entrar en vigor en octubre de 2026, es la reforma más ambiciosa de la principal prestación social valenciana en años.
Una red que llega más lejos
Los números hablan solos: la reforma permitirá ampliar la cobertura a más de 7.000 nuevas familias, alcanzando así un total de más de 37.000 hogares. No es una cifra menor. Significa que miles de familias que hoy quedan fuera del sistema podrán, por primera vez, acceder a una prestación diseñada para quienes menos tienen. La ley fue aprobada por Les Corts Valencianes el pasado 1 de abril con los votos a favor del PP y Vox, y en contra del PSPV y Compromís. Una mayoría que no fue unánime, pero que sacó adelante una norma que, según sus promotores, cambiará vidas concretas.
En los próximos semanas, están previstos nuevos encuentros técnicos con profesionales de servicios sociales de todos los departamentos de la Comunitat Valenciana. El objetivo no es solo informar: es preparar el terreno para que la aplicación de la ley sea fluida desde el primer día.
"Esta reforma nace para adaptar la Ley a las nuevas realidades sociales y económicas" - Ignacio Grande, secretario autonómico de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana
Del cheque al itinerario: el giro hacia el empleo
Quizás el cambio más profundo de esta reforma no está en la cuantía de la ayuda, sino en su filosofía. La nueva ley vincula el mantenimiento de la prestación al compromiso de las personas beneficiarias con el empleo. Dicho de otro modo: la RVI deja de ser un destino y pasa a ser un puente. Una de las novedades más relevantes es que la prestación será compatible con los ingresos derivados del trabajo, medida que busca eliminar obstáculos y promover activamente la incorporación laboral, permitiendo que quienes perciben la ayuda puedan complementar sus ingresos con un empleo.
La nueva normativa refuerza la importancia de los itinerarios de inclusión social, considerados como una vía fundamental para que la RVI vaya más allá de ser una mera ayuda económica, convirtiéndose en una herramienta eficaz para la inclusión real de las personas beneficiarias, promoviendo su incorporación de manera progresiva y adaptada a las circunstancias de cada beneficiario.
"Un modelo de intervención social que va más allá del mero apoyo económico, promoviendo estrategias personalizadas que aborden las causas generadoras de la pobreza" - Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana
Menos burocracia, más acompañamiento
Uno de los problemas crónicos del sistema anterior era la sobrecarga administrativa que recaía sobre los trabajadores sociales municipales. Con la nueva ley, ese modelo cambia radicalmente: será el personal técnico de la Conselleria de Servicios Sociales quien instruya y gestione los expedientes. El resultado esperado es liberar a los profesionales de atención primaria de las tareas burocráticas para que puedan dedicarse a lo que realmente importa: acompañar a las personas y diseñar itinerarios de inclusión personalizados. También se fomentará la tramitación digital, garantizando al mismo tiempo la atención presencial para quienes la precisen.
Nuevos colectivos, nuevas protecciones
La ley introduce cambios específicos para quienes el sistema anterior dejaba en los márgenes. Se amplía el grupo de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que puedan compatibilizarla con otros subsidios. Hasta ahora, las personas mayores de 65 años quedaban en ocasiones desprotegidas en una suerte de vacío legal entre la RVI y otras prestaciones. La nueva norma corrige esa anomalía.
La reforma incluye medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables, con prioridad en la cobertura a familias con menores y hogares monoparentales, así como especial atención a las personas con problemas de salud mental en situación de pobreza. Como novedad destacada, se crea el complemento para la infancia, dirigido a familias con hijos en situación de pobreza, que podrá alcanzar hasta 180 euros mensuales por familia. Un complemento diseñado, explícitamente, para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza: que los hijos de hoy no sean los pobres de mañana.
A esto se suma un complemento de emergencias que aumentará en un 15% la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas. Una medida que, en una comunidad que todavía cicatriza las heridas de la dana de noviembre de 2024, adquiere un significado especialmente tangible.
La Generalitat afronta la recta final antes de la entrada en vigor de la ley con la convicción de que explicar bien los cambios es tan importante como aprobarlos. Decenas de miles de familias valencianas dependen de que ese engranaje funcione. La reforma de la RVI no es solo una actualización normativa: es una apuesta por redefinir qué significa proteger a quien más lo necesita, y su impacto real se medirá, sobre todo, en las historias que no llegarán a los titulares porque, sencillamente, habrán podido salir adelante.