El Pleno de Les Corts ha dado luz verde definitiva a la nueva Ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), una normativa que redefine el sistema de protección social autonómico con un enfoque claro en la activación laboral y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta legislación, que entrará en vigor en octubre de 2026, se proyecta como un pilar fundamental para la cohesión social en la Comunitat Valenciana, prometiendo beneficiar a más de 7.000 nuevas familias y alcanzar un total de más de 37.000 hogares.
La reforma establece un nexo entre la continuidad del apoyo económico y la implicación activa de los beneficiarios en la búsqueda de empleo, además de extender su amparo a individuos con arraigo en la región que se encuentran en situaciones de especial fragilidad. Estas son solo algunas de las transformaciones más relevantes de una norma diseñada para modernizar y fortalecer el principal instrumento de protección social autonómica.
Contexto y aprobación de la ley
La aprobación definitiva de este texto por parte del Parlamento Valenciano este miércoles marca un hito en la política social de la región. La ley actualiza la regulación existente, buscando una mayor adaptabilidad a las cambiantes realidades socioeconómicas y a las necesidades actuales de la población. La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha estimado que esta reforma significará una expansión significativa de la cobertura, llegando a un número considerable de hogares que hasta ahora no podían acceder a estas ayudas.
Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, ha calificado la aprobación de la norma como "un éxito social que sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de inclusión". Este reconocimiento subraya la ambición de la ley de ir más allá de la mera asistencia, promoviendo la autonomía y la integración plena de las personas.
Principales innovaciones de la RVI
Entre las modificaciones más destacadas que introduce la nueva Renta Valenciana de Inclusión se encuentra su firme vinculación al compromiso de las personas beneficiarias con el mercado laboral. Esta medida busca fomentar la autonomía económica y reducir la dependencia de las ayudas, transformando la RVI en una verdadera herramienta de empoderamiento. Además, la norma se enfoca en apoyar a individuos y familias con arraigo en la Comunitat Valenciana que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.
Una de las innovaciones más trascendentales es la compatibilidad plena entre la percepción de la RVI y los ingresos obtenidos a través del trabajo. Esta disposición aborda una problemática recurrente que desincentivaba la búsqueda de empleo, ya que muchas familias temían perder su prestación al incorporarse al ámbito laboral. En este sentido, Carceller ha indicado que "con esta ley, las personas podrán compatibilizar el empleo con la ayuda hasta que alcancen su completa normalización laboral y nadie va a tener que elegir entre un trabajo y poder llegar a fin de mes, convirtiéndose la RVI en una verdadera herramienta de inclusión activa".
Simplificación administrativa y apoyo personalizado
La nueva ley también prioriza la simplificación administrativa como un eje transversal. La Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo asumirá la instrucción de los expedientes, lo que liberará a los servicios sociales municipales de una carga burocrática considerable. Esta reestructuración permitirá a los profesionales de atención primaria concentrarse en el acompañamiento personalizado y en el diseño de itinerarios de inclusión adaptados a las necesidades específicas de cada individuo, promoviendo una intervención social más efectiva y humana.
El refuerzo de estos itinerarios de inclusión social constituye otro de los pilares fundamentales de la reforma. La ley apuesta por un modelo de intervención social que va más allá del mero apoyo económico, promoviendo estrategias personalizadas que aborden las causas generadoras de la pobreza y faciliten la salida definitiva de la exclusión.
Protección a colectivos vulnerables y lucha contra la pobreza infantil
La reforma introduce medidas específicas para fortalecer la protección de los colectivos más desfavorecidos. Se crea un complemento para la infancia, diseñado específicamente para combatir la pobreza infantil y romper su ciclo intergeneracional. Asimismo, se establece un complemento de emergencias, que incrementará la prestación en un 15 % en situaciones de emergencias oficialmente declaradas, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante eventos inesperados.
La ampliación de los criterios de acceso permitirá que más personas en situación de vulnerabilidad se beneficien de la RVI. Entre los colectivos que verán reforzada su protección se encuentran:
- Personas mayores de 65 años, que hasta ahora quedaban en ocasiones desprotegidas.
- Hogares monoparentales.
- Personas con problemas de salud mental, quienes contarán con una atención prioritaria.
Mecanismos de control y compatibilidad de ayudas
Para asegurar la correcta asignación de los recursos, la ley incorpora por primera vez un régimen de infracciones y sanciones, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y control. Esto busca garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, protegiendo tanto a los beneficiarios como la integridad del sistema.
Además, la norma permite la compatibilidad de la RVI con otras prestaciones sociales, tanto públicas como privadas. Esto incluye subsidios por desempleo, pensiones no contributivas y otras ayudas, con el objetivo de generar un impacto más efectivo en la reducción de la pobreza, especialmente tras los efectos de la inflación de los últimos años. La ley también apuesta por la inclusión financiera al permitir los pagos mediante medios prepago, una medida pensada para aquellas personas con dificultades para acceder a sistemas bancarios tradicionales.
Un proceso participativo y de consenso
El director general Pedro Carceller enfatizó el carácter dialogado de la ley, afirmando que "nace del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad, porque esta ley se ha hecho escuchando a quienes mejor conocen la realidad de la exclusión social". También agradeció el esfuerzo colectivo que hizo posible la tramitación de la norma, describiendo el proceso como "un proceso participativo en el que han colaborado numerosas entidades y colectivos que nos han ayudado a construir una herramienta más justa, más ágil y más humana".
Tras su aprobación en las dependencias de Les Corts Valencianes, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, entregó varios ejemplares del texto legislativo a los representantes de las asociaciones invitadas al pleno. Entre ellas se encontraban educadores sociales, entidades de lucha contra la pobreza, beneficiarios de la RVI que participaron en el proceso, la Plataforma del Tercer Sector, Cruz Roja, Save the Children y AESCO, a quienes explicó las principales novedades de la nueva normativa.