La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2020 creará el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana que permitirá que cualquier ciudadano, asociación o ente participe, desde el mismo, en la planificación, estudio y análisis del sistema tributario valenciano, con el objetivo de reducir las cargas fiscales, fomentar el uso de la administración electrónica e impulsar la lucha contra el fraude fiscal.
Con la creación de este organismo el Consell cumple con uno de los objetivos que se marcó en el Seminari d'Estiu de Montanejos, celebrado el pasado mes de julio.
La creación de este observatorio es una iniciativa pionera, que se pone en marcha por primera vez en una comunidad autónoma. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuenta también con un observatorio, pero la participación en este es más limitada, ya que únicamente pueden formar parte de él colaboradores tributarios. Por su parte, el Observatorio de la Agència Tributària Valenciana (ATV) está abierto a toda la sociedad civil y pueden formar parte de él tanto entidades, como universidades, notarios, asociaciones de consumidores o particulares.
El Observatorio también tiene entre sus finalidades facilitar políticas tributarias que prioricen un desarrollo humano sostenible, promover la educación ciudadana en materia tributaria y aumentar la seguridad jurídica de las relaciones de contribuyentes y profesionales con la ATV. Asimismo, monitorizará y evaluará la gestión y la transparencia y emitirá recomendaciones públicas.
Esta constituye una de las medidas que se incluyen en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento para 2019 que se ha sometido este lunes a información pública.
Un proceso abierto y participativo
Este es el tercer año en que el Consell hace público un borrador de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat antes de la aprobación definitiva de la Ley, con el fin de que los agentes económicos, sociales y los particulares puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas. Cabe recordar que, a continuación, el anteproyecto de ley aún tiene que pasar dos veces por el Pleno del Consell, por lo que el texto seguirá siendo objeto de modificaciones fruto del proceso de participación en el que está inmerso.Asimismo, el artículo 47 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana establece que, sin perjuicio del trámite de audiencia e información pública previsto en la legislación, la Administración de la Generalitat y su sector público podrá someter, simultánea o consecutivamente a aquel, a consulta pública, las normas, planes, procedimientos, instrumentos de planificación o políticas públicas relevantes.
Más control en fundaciones y nuevo hito en la reestructuración del SPI
El borrador de la Ley de Acompañamiento también incluye como novedad la obligación de que las fundaciones cuenten con un auditor interno, tal y como ocurre con el resto del sector público de la Generalitat. Hasta ahora, solo era obligatoria la presencia del auditor en las entidades del sector público empresarial, pero no en el fundacional.Asimismo, se amplían los criterios que establecen la obligatoriedad de contar con la figura de auditor ya que se tendrán en cuenta, además del número de empleados, otras circunstancias como la cifra de negocio, el volumen del activo, o el riesgo por la actividad de la entidad.
Con esta disposición se busca aumentar el control al tiempo que se da un tratamiento más homogéneo a todo el sector público empresarial y fundacional.
La nueva Ley de Acompañamiento también contempla la eliminación de la Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externacionalización de activos y de entidades del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, conocida como COVE.
La eliminación de esta comisión marca un nuevo hito en el proceso de reordenación del sector público, que continúa su avance. Las funciones de esta comisión y los controles que preveía ya han sido asumidos por diferentes centros directivos de la administración de la Generalitat, principalmente por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y concretamente por la Dirección General de Sector Público y Patrimonio.
Se agilizan las cesiones patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro
En otro sentido, el borrador de la Ley de Acompañamiento también contempla una modificación de la Ley de Patrimonio 14/2003 de la Generalitat, con el objetivo de permitir cesiones de uso más ágiles a entidades sin ánimo de lucro.
Para ello, se recoge la llamada "autorización especial de uso" recogida en la legislación estatal, concretamente en el artículo 90 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Publicas, que no tiene carácter básico.
Asimismo, con el objetivo de adaptarse a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público se establece un sistema de supervisión continua de las entidades del sector público instrumental por parte de Intervención de la Generalitat.
Ley del Taxi
Otra de las novedades presentes en el borrador de la Ley de Acompañamiento es que modifica la Ley 13/2017 del Taxi y abre la posibilidad de prestar el servicio mediante precio pactado previamente entre las personas usuarias y la persona que conduce el taxi, tal y como ya está regulado en alguna otra comunidad autónoma.La medida parte de la Conselleria de Política Territorial y Movilidad que, atendiendo a las peticiones formuladas por los profesionales, pretende hacer más competitivo al sector del taxi.