Tres baremos para hacer el mismo trabajo. Eso es, en esencia, lo que ha venido lastrando durante años el sistema de concursos de traslado de los funcionarios de la Administración de la Generalitat Valenciana. Un modelo que, lejos de facilitar la movilidad del personal público, la ha convertido en un laberinto de convocatorias sucesivas, criterios divergentes y procedimientos eternos. Ahora, la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha dado un paso para cambiar eso de raíz.
Una sola regla para todos
La secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares, ha presidido la Mesa Sectorial de Función Pública en la que se ha negociado una nueva orden que unifica el baremo aplicable a todos los concursos de provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat. La propuesta, impulsada desde Hacienda, busca sustituir los tres baremos que coexisten actualmente por un único sistema común, válido para todos los grupos y subgrupos profesionales y para cualquier tipo de puesto, ya sea una jefatura o un puesto base.
La lógica es tan sencilla como poderosa: si las reglas del juego son distintas según el puesto al que aspiras, el juego nunca es realmente justo ni eficiente. El procedimiento de concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al baremo previamente aprobado , lo que convierte ese baremo en la pieza angular de todo el proceso. Tener tres versiones distintas de esa pieza no solo complica la gestión; también abre la puerta a interpretaciones dispares y a agravios comparativos entre funcionarios.
El peso de la Ley de Función Pública Valenciana
El cambio no surge de la nada. Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, la normativa impone la obligación de convocar concursos de traslados con carácter previo a la adjudicación de destinos al personal de nuevo ingreso. Una exigencia que, sobre el papel, refuerza la movilidad voluntaria y la objetividad en la provisión de puestos, pero que en la práctica ha chocado de frente con la complejidad del sistema de baremos heredado.
La experiencia acumulada desde entonces ha dejado un diagnóstico claro: la convivencia de tres criterios distintos incrementa la complejidad administrativa, introduce divergencias en la valoración y prolonga los procedimientos al obligar a convocar rondas separadas para categorías de puestos que bien podrían resolverse en un único proceso. En definitiva, más burocracia, más tiempo y más incertidumbre para los trabajadores públicos que aspiran a un cambio de destino.
Qué cambia y por qué importa
La nueva orden negociada en la Mesa Sectorial plantea simplificar y homogeneizar el modelo vigente de forma integral. Con un único baremo común, será posible convocar conjuntamente los concursos e incorporar una fase de adjudicación de resultas, un mecanismo que permite cubrir las plazas que van quedando vacantes en cadena a medida que los funcionarios se mueven de un puesto a otro. Menos convocatorias, menos duplicidades y más agilidad en la tramitación: así resume la Conselleria el efecto esperado de la medida.
Pero más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es algo muy concreto para miles de empleados públicos valencianos: la posibilidad de solicitar un traslado y obtener una respuesta en un tiempo razonable, con criterios claros y predecibles. La seguridad jurídica no es un concepto abstracto cuando hablamos de personas que llevan años esperando poder acercarse a su domicilio o acceder a un puesto que se ajuste mejor a su perfil profesional.
La reforma, aún en fase de negociación con los representantes de los trabajadores, llega en un momento en que la modernización de la administración pública se ha convertido en una prioridad declarada en múltiples gobiernos autonómicos. Simplificar para servir mejor: la vieja aspiración de cualquier burocracia que aspire a dejar de parecerlo.