Conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos durante el verano sigue siendo, para muchas familias, un ejercicio de malabarismo. Las escuelas de verano son una de las pocas soluciones prácticas que tienen a su alcance. Pero mantenerlas en pie tiene un coste, y este año parte de la factura ha llegado por sorpresa: el Gobierno de España recortó un 25% la financiación del Plan Corresponsables, el programa estatal que sostiene estos servicios, obligando a la Generalitat Valenciana a asumir el golpe con sus propios recursos.
Una visita para poner cara a la política
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, visitó esta semana la Escoleta d'Estiu de Almàssera acompañada por la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; la directora general de Igualdad, Davinia Bono; y el alcalde del municipio, Emilio José Belencoso. No fue una visita protocolaria al uso. Camarero aprovechó el acto para lanzar un mensaje político claro: la conciliación familiar no puede ser un privilegio reservado a quienes pueden pagársela.
"La conciliación familiar y la igualdad de oportunidades no pueden ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance de todas las familias" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
La escoleta visitada está financiada con más de 40.000 euros del Plan Corresponsables y permite a los padres y madres del municipio compatibilizar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos durante el periodo vacacional. Un ejemplo concreto, con nombre de municipio y cifra, de cómo la política de igualdad aterriza en la vida cotidiana.
El recorte que nadie esperaba a mitad de año
El trasfondo de la visita tiene, sin embargo, una arista incómoda. El Ministerio de Igualdad recortó un 25% su financiación del Plan Corresponsables para 2025, pasando de 190 a 142,5 millones de euros , una diferencia que debían asumir las comunidades autónomas. El cambio de modelo de financiación llegó cuando los presupuestos autonómicos ya estaban en vigor y comprometidos, lo que varias comunidades denunciaron como "una modificación de las reglas de juego en la mitad del ejercicio".
La Comunitat Valenciana no fue la única afectada, pero sí una de las que más ruido ha hecho al respecto. Según Camarero, la Generalitat ha compensado ese recorte con fondos propios hasta alcanzar una inversión total de 17,3 millones de euros para el territorio valenciano, evitando así que el tijeretazo llegara a los municipios y, por ende, a las familias que dependen de estos servicios.
El departamento de Ana Redondo tomó la decisión en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, redistribuyendo sus fondos para aumentar la inversión dedicada a la lucha contra la trata y la violencia de género. La ministra justificó el ajuste aludiendo a "algunas disfunciones" detectadas tras cuatro años de funcionamiento del programa y la necesidad de mejorar su eficacia. Pero para las comunidades que ya habían comprometido esos recursos, la explicación llegó tarde.
487 entidades beneficiadas en la Comunitat
Más allá de la disputa política, los números dan una idea de la dimensión del programa. A lo largo de 2025, un total de 487 entidades de la Comunitat Valenciana se beneficiaron de estas ayudas, con una inversión superior a los 16,2 millones de euros. Gracias a ello se pudieron mantener servicios como las escuelas matineras y vespertinas, las actividades vacacionales de verano, Pascua o Navidad, y distintos programas educativos. La escoleta de Almàssera, con 300 plazas generales y 25 destinadas a servicios especiales, estará operativa hasta el 31 de julio.
Entre los objetivos del plan figura reducir la brecha de género en los cuidados —las mujeres asumen un 80% más de estas responsabilidades que los hombres— y facilitar la conciliación de las familias, especialmente aquellas con menores de hasta 16 años. Son datos que recuerdan que detrás de cada plaza escolar hay, casi siempre, una madre reorganizando su jornada laboral.
La educación de 0 a 3 años, otro frente abierto
Camarero fue más allá de las escoletes de verano para hablar de un compromiso más amplio: la educación universal y gratuita para niñas y niños de 0 a 3 años, que describe como "una ayuda fundamental para las familias" y una palanca para avanzar hacia una conciliación real. No es un debate nuevo. La gratuidad de las escuelas infantiles de primer ciclo lleva años siendo objeto de promesas incumplidas a nivel estatal, y varias comunidades han denunciado que el Gobierno central no ha aportado financiación específica para ello.
Lo que la visita a Almàssera deja en evidencia es que la conciliación familiar, aunque se enuncie como derecho, sigue dependiendo de quién pague la factura y cuándo llegue el dinero. Mientras el debate entre administraciones continúa, son los ayuntamientos, las familias y, en último término, los menores quienes notan la diferencia entre un verano con recursos y uno sin ellos.