Hay instituciones que existen sobre el papel pero que, en la práctica, llevan años sin dar señales de vida. La Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano es una de ellas. Paralizada desde 2006, este órgano consultivo formado en su mayoría por juristas de prestigio volverá a ponerse en marcha gracias a una reforma del reglamento que regula su organización y funcionamiento, impulsada por la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana.
Un órgano que regresa con más voces y menos trabas
La modificación del Decreto 71/2018, de 1 de junio, del Consell, apunta a tres ejes claros: pluralidad, inclusión y agilidad. El cambio más visible será el aumento del número de vocalías: se pasará de 10 a 12 miembros, con el objetivo de incorporar más perspectivas al debate y enriquecer el trabajo técnico del organismo. Pero no se trata solo de sumar sillas a la mesa. La reforma también simplificará la estructura interna de la comisión para hacerla más operativa y le dotará de nuevas herramientas que le permitan cumplir sus funciones con mayor eficacia.
"Con esta modificación, que permitirá reactivar este órgano colegiado, se busca flexibilizar su dinámica de funcionamiento, dotarlo de nuevas herramientas para contribuir a un ejercicio más eficaz y eficiente de sus funciones" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
La titular de Justicia también ha encontrado un argumento simbólico de peso para justificar el momento elegido. 2026 es el año en que se conmemora el 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I, monarca cuyo legado jurídico está en el origen del propio Derecho Foral Civil Valenciano. El objetivo es sensibilizar a la población acerca de los beneficios del autogobierno valenciano, su origen histórico y la especial relevancia de la figura del Rey Jaume I para la historia de la Comunitat Valenciana. Pocos momentos, por tanto, más apropiados para rescatar del letargo a la comisión que tiene por misión preservar y desarrollar ese mismo legado.
Qué hace —o debería hacer— esta comisión
La Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano no es un organismo cualquiera. Se trata del nuevo órgano consultivo, de carácter técnico, que presta asesoramiento en materia de Derecho Civil Valenciano, y con su reglamento se reconfigura el panorama de los órganos colegiados, creando uno único dotado de mayor agilidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de sus funciones. En términos concretos, le corresponde asesorar al Consell sobre esta materia, proponer iniciativas para adaptar el Derecho Civil Foral a la realidad social contemporánea, elaborar propuestas normativas y emitir informes y recomendaciones. También tiene encomendada una tarea que pocas veces se menciona pero que resulta fundamental: acercar el Derecho Civil Valenciano a la ciudadanía, haciéndolo comprensible más allá de los despachos de abogados y los ámbitos académicos.
El seguimiento de la jurisprudencia y el análisis de las iniciativas legislativas del Consell que incorporen normas propias de Derecho Civil completan un perfil de funciones amplio y técnicamente exigente. Un perfil que, precisamente por eso, llevaba demasiado tiempo sin ejercerse.
Veinte años de parálisis y una deuda pendiente con el autogobierno
El Consell va a reactivar la comisión asesora de Derecho Civil valenciano, un órgano consultivo formado en su mayoría por juristas de prestigio cuyo trabajo quedó paralizado en 2006 , y que ahora deberá analizar las diferentes vías para recuperar el Derecho Civil Valenciano. Dos décadas es mucho tiempo en cualquier ámbito, pero en el jurídico —donde la realidad social avanza y las normas pueden quedarse obsoletas— la parálisis tiene un coste real para los ciudadanos que dependen de ese marco legal en cuestiones tan cotidianas como el patrimonio familiar, las herencias o los contratos civiles.
La comisión, creada por el Decreto 71/2018, de 1 de junio, del Consell, partirá del trabajo acumulado para ofrecer a los representantes políticos la mejor posibilidad técnica que aborde de la manera más directa la solución reintegradora. La reforma del reglamento es, en definitiva, el primer paso para que ese trabajo vuelva a tener sentido y continuidad. Un organismo más grande, más flexible y con un mandato reforzado: la pregunta ahora es si, esta vez, la comisión logrará mantenerse activa más allá del impulso inicial.