Pagar menos impuestos sobre la renta sin renunciar a los servicios públicos. Ese es el doble mensaje que el Consell de la Generalitat Valenciana quiso trasladar esta semana al aprobar el anteproyecto de la llamada Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026, una norma que combina la mayor rebaja del IRPF autonómico en años con nuevas medidas para controlar el acceso a la vivienda de protección pública. Detrás del título técnico —Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat— hay decisiones que afectarán directamente al bolsillo de millones de familias valencianas.
Una bajada de impuestos que llega a casi todos
La rebaja supondrá un ahorro fiscal de 160 millones de euros y alcanzará a unos 2,7 millones de contribuyentes. Es decir, prácticamente la totalidad de quienes presentan declaración en la Comunitat. La Generalitat rebajará más de un 2% la tarifa autonómica del IRPF, una medida incorporada al anteproyecto de ley de medidas fiscales que acompañará a los Presupuestos de 2026. El ajuste puede parecer modesto sobre el papel, pero en términos absolutos representa un alivio real para hogares que, año tras año, han visto cómo la Comunitat Valenciana figuraba entre las regiones con los tipos autonómicos más elevados de España.
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, señaló que "faltaba dar el paso en el IRPF, ya que la Comunitat Valenciana tiene los tipos más altos de toda España". La reforma contempla reducciones de entre 0,2 y 0,6 puntos en los distintos tramos del impuesto, con una intensidad mayor para los tramos intermedios. El mayor impacto se concentrará en las rentas comprendidas entre 32.000 y 72.000 euros anuales, ese universo de trabajadores con empleo estable pero sin margen de maniobra que raramente protagonizan los debates fiscales.
El 72% de los beneficiarios tendrán ingresos inferiores a 30.000 euros, y el 87,3% del ahorro total se concentrará en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros. El propio conseller lo resumió con un ejemplo concreto: una familia con renta de entre 30.000 y 40.000 euros se ahorrará hasta 650 euros entre la reducción de tipos y las nuevas deducciones. La medida entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que se reflejará en la declaración de la renta que los ciudadanos presentarán en 2027.
"Aliviamos fiscalmente a las rentas medias, que siempre han sido las grandes olvidadas" - José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana
La progresividad del impuesto se mantiene intacta. La Generalitat mantiene sin cambios el tramo superior del impuesto: las rentas con bases imponibles superiores a 200.000 euros seguirán tributando al 29,5% en el tramo autonómico, un porcentaje que continúa situándose entre los más altos de España. No todo el mundo sale ganando igual, pero nadie sale perdiendo. El conseller también ha anunciado que la intención de la Generalitat es aprobar una segunda rebaja del IRPF el año próximo, con una reducción del número de tramos.
El relevo generacional en la empresa familiar, también en el foco
Junto a la rebaja del IRPF, la Ley de Acompañamiento incorpora otra reforma de calado para el tejido productivo valenciano. El anteproyecto introduce modificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones dirigidas a facilitar la continuidad de las empresas familiares. El cambio parece técnico, pero tiene un impacto muy tangible: hasta ahora, la transmisión de negocios con ventajas fiscales quedaba reservada a los descendientes directos. Con la nueva norma, ese círculo se amplía hasta el cuarto grado de parentesco, lo que abre la puerta a que sobrinos, primos o personas con vínculos familiares más lejanos puedan hacerse cargo de un negocio sin que el coste fiscal suponga un freno insalvable.
La medida no es menor si se tiene en cuenta que más del 90% del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana está formado por empresas familiares. Garantizar su continuidad no es solo una cuestión de interés privado: es también proteger el empleo y la actividad económica de miles de comunidades locales. El relevo generacional ha sido históricamente uno de los puntos críticos de este tipo de negocios, y la fiscalidad, uno de los obstáculos más citados por los propietarios a la hora de planificar su sucesión.
Más control y transparencia en la vivienda protegida
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, presentó el tercer bloque de la norma: un paquete de medidas destinado a reforzar las garantías en las viviendas de protección pública (VPP). La pregunta de fondo es sencilla pero incómoda: ¿cómo se asegura la Generalitat de que esas viviendas llegan realmente a quienes más las necesitan?
"Las medidas obligan a los promotores privados a publicar y justificar cómo eligen a los compradores a través de registros de solicitantes desde el mismo momento de la calificación provisional" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
A eso se suma la creación de una comisión de valoración para supervisar todos los expedientes de visado, con un filtro técnico e imparcial. También se establecen anuncios públicos obligatorios, lo que rompe con una práctica en la que la opacidad podía favorecer adjudicaciones irregulares. Las modificaciones afectan a los artículos 18, 19, 43, 44, 47 y 48 del marco regulador vigente, así como a sus disposiciones transitorias, y complementan la reforma que ya introdujo el Decreto de VPP 180/2024.
Una de las novedades más llamativas tiene que ver con el arraigo local: en las promociones desarrolladas sobre suelo público mediante colaboración público-privada, se podrá valorar la vinculación continuada del solicitante con el municipio en cuestión. Es la respuesta a una demanda que vecinos y alcaldes llevaban tiempo trasladando: que quienes viven y pagan impuestos en un municipio tengan preferencia a la hora de acceder a las viviendas de protección pública que se construyen en él. Algunos ayuntamientos ya lo habían incluido por su cuenta en los convenios de cesión de parcelas con la Generalitat; ahora se incorpora al marco legal de manera generalizada.
El anteproyecto deberá recabar ahora los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Consejo Económico y Social antes de continuar su tramitación parlamentaria. El conseller Rovira ha subrayado que "el interés es que la rebaja sea sostenible en el tiempo, por eso se va haciendo de una manera progresiva". Ese ritmo gradual es, al mismo tiempo, una garantía y un recordatorio: la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana no termina aquí, y lo que se aprueba ahora es, en palabras del propio gobierno, solo el primer paso de un camino más largo.