Imagina que la administración pública supiera lo que necesitas antes de que tú mismo lo pidas. Sin formularios redundantes, sin tener que saber a qué ventanilla dirigirte, sin que cada organismo te pida el mismo dato que ya le diste a otro. Ese es, en esencia, el horizonte que dibuja la Generalitat Valenciana, y que su director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, defendió recientemente ante expertos de toda España reunidos en Madrid.
Una administración que se anticipa, no que reacciona
Ortega participó en el XI Observatorio Administración Pública Digital, un foro celebrado en la capital donde representantes de administraciones públicas, organismos estatales y entidades tecnológicas analizaron los principales retos de la interoperabilidad, la gobernanza del dato, la automatización de procesos y la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En la mesa redonda centrada en estrategias de datos y gobernanza, el director general trazó el rumbo que sigue el Consell en materia de gestión pública digital.
El argumento central de su intervención era sencillo pero con implicaciones profundas: los datos que genera la administración han servido, durante décadas, casi exclusivamente para controlar y verificar. Comprobar que el ciudadano cumple requisitos, que un documento es auténtico, que una declaración es coherente. Útil, sí. Pero insuficiente.
"Durante años hemos utilizado el dato principalmente para controlar y verificar. El reto ahora es utilizarlo también para anticiparnos, simplificar procesos y mejorar los servicios públicos." - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
El salto que propone Ortega es cualitativo: convertir ese mismo dato en una herramienta proactiva. Que la administración sea capaz de detectar que un ciudadano podría necesitar una prestación, iniciar un trámite o recibir un aviso, sin que tenga que pedirlo él primero. Una administración que, en lugar de esperar a que el problema llegue al mostrador, lo ataje antes de que se convierta en problema.
GVA ConfIA: cuando la IA también rinde cuentas
Pero apostar por la inteligencia artificial en el sector público no es solo una cuestión de eficiencia. Es, sobre todo, una cuestión de confianza. Y aquí entra en escena una de las iniciativas más relevantes que la Generalitat ha puesto en marcha: GVA ConfIA, el Registro de Algoritmos de la administración valenciana.
GVA ConfIA es una aplicación informática que permite registrar las características de los sistemas informáticos que contienen inteligencia artificial o que, sin contenerla, puedan influir en la toma de decisiones públicas o en la esfera jurídica de la ciudadanía. Dicho de otro modo: si un algoritmo puede afectar a los derechos de alguien, la Generalitat quiere que eso conste, esté documentado y sea auditable.
La Administración de la Generalitat debe ser transparente y rendir cuentas de sus actuaciones, por lo que es necesario informar a la ciudadanía de qué sistemas algorítmicos o de IA se están usando y cuáles pueden tener influencia en la toma de decisiones públicas o en la esfera jurídica de la ciudadanía. GVA ConfIA se puso en marcha en 2025 como proyecto piloto y se ha consolidado como una referencia a nivel nacional.
Ortega incidió en que la clave no es simplemente automatizar por automatizar. Las decisiones que toma una máquina en nombre de la administración tienen que poder explicarse, revisarse y, si es necesario, corregirse. Sin esa garantía, la eficiencia tecnológica puede convertirse en arbitrariedad invisible.
"La clave no es únicamente automatizar, sino garantizar que las decisiones puedan explicarse, supervisarse y auditarse." - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
El AI Act europeo, un marco de confianza y no un freno
En ese contexto, el director general salió al paso de una lectura habitual en ciertos entornos tecnológicos: la de que la regulación europea de la inteligencia artificial es un obstáculo para la innovación. La automatización y, sobre todo, la inteligencia artificial son las grandes protagonistas tecnológicas de las administraciones públicas. Y precisamente porque el peso de estas herramientas crece, el marco legal importa.
Para Ortega, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial —conocido como AI Act— debe leerse al revés de como a veces se presenta: no como un conjunto de prohibiciones, sino como una arquitectura de confianza. La misma lógica que llevó a la Generalitat a construir GVA ConfIA: incorporar mecanismos de trazabilidad, supervisión humana, análisis de riesgos y auditoría en los procesos automatizados no limita la innovación, la hace sostenible.
El ciudadano no debería necesitar un mapa de competencias
Hay una frase de Ortega que resume con precisión uno de los problemas más cotidianos y frustrantes que vive cualquier persona cuando necesita algo de la administración: no saber a quién dirigirse. Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento… cada nivel tiene sus competencias, sus sistemas, sus datos. Y el ciudadano, en medio, intenta descifrar el laberinto.
"El ciudadano no debería tener que entender qué administración tiene cada dato ni quién es competente en cada fase de un procedimiento." - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
La fragmentación normativa entre diferentes niveles administrativos complica este panorama, creando en ocasiones duplicidades en los procesos y dificultando la experiencia del usuario. Es, en definitiva, el mismo problema que Ortega identifica desde la Generalitat: la interoperabilidad entre administraciones no es solo un reto técnico, es una deuda pendiente con la ciudadanía.
El reto no es menor. El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 estableció la hoja de ruta para esta transformación, con una inversión superior a los 2.600 millones de euros destinados a modernizar el aparato administrativo estatal, autonómico y local. Pero el dinero, por sí solo, no basta si los sistemas siguen siendo compartimentos estancos. La coordinación real entre administraciones —algo que parece tan razonable sobre el papel— sigue siendo una de las asignaturas más difíciles de aprobar en la práctica. La Generalitat Valenciana, con iniciativas como GVA ConfIA y su apuesta por el uso inteligente del dato, ha decidido empezar a escribir su respuesta a esa pregunta sin esperar a que la contesten otros.