Setenta kilómetros de litoral en disputa. Esa es la dimensión real del pulso que la Generalitat Valenciana ha decidido librar contra el Gobierno central en defensa de su costa. El Consell ha presentado 35 recursos para frenar los deslindes impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, unos procedimientos administrativos que trazan nuevos límites del dominio público marítimo-terrestre y que, en la práctica, pueden dejar a miles de ciudadanos con sus viviendas y parcelas dentro de una zona de titularidad estatal.
El anuncio lo realizó Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, en la presentación del plan de defensa de la costa valenciana, un documento que articula la respuesta autonómica a una ofensiva jurídica y administrativa que el propio conseller no duda en calificar de «vorágine». En el acto también participaron el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y el concejal del Ayuntamiento de València Carlos Mundina.
Un litoral que es mucho más que arena y mar
Para entender por qué este conflicto importa tanto, basta con un dato: más del 70% de la población valenciana vive a menos de diez kilómetros del mar. El litoral no es solo un paisaje; es el motor económico, turístico y social de la Comunitat. Que el Gobierno central redibuje sus fronteras administrativas sin el respaldo expreso de la administración autonómica no es una cuestión técnica menor: afecta directamente al día a día de decenas de miles de familias.
Setenta kilómetros de costa valenciana están afectados por los diferentes procesos de deslinde emprendidos por el Gobierno central. Y la lista de municipios implicados no es corta: Dénia, Sagunt, Puçol, El Puig de Santa Maria, la Pobla de Farnals, València, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, Bellreguard, Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa. Dénia figura entre los municipios más afectados de toda la Comunitat Valenciana , y en localidades como Elche o Guardamar del Segura también existen procesos de regresión en curso.
"Lo que intentamos hacer es combatirlos, explicar en qué consiste esta herramienta, más que nada por la tranquilidad de la gente, que sepa que la Generalitat está impugnando todos y cada uno de estos deslindes y que no vamos a tolerar que se conviertan estas intenciones en normas firmes" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Tres frentes abiertos para una misma batalla
La estrategia del Consell no se limita a interponer recursos y esperar. Se articula en tres líneas de actuación simultáneas. La primera es la reclamación de las obras de protección del litoral que llevan pendientes casi una década: según la Generalitat, más de la mitad siguen sin ejecutarse. La segunda es la defensa jurídica, que incluye los 35 recursos presentados contra los deslindes. La tercera es el desarrollo normativo de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, que incorpora herramientas para proteger el patrimonio litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociéndoles su valor etnológico.
Martínez Mus también puso el acento en el acompañamiento institucional a ayuntamientos, asociaciones y vecinos mediante informes técnicos, alegaciones y actuaciones administrativas. No es una guerra que la Generalitat pretenda librar sola, sino junto a las comunidades directamente afectadas.
El reglamento de costas, otro campo de batalla
Más allá de los deslindes concretos, la Generalitat ha manifestado su oposición frontal al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas impulsado por el Ejecutivo central, al considerar que algunos de sus aspectos pueden generar inseguridad jurídica para ciudadanos, actividades económicas y municipios. El Consell mantiene recursos contra los expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y ha anunciado que irá «un paso más allá» recurriendo también la modificación reglamentaria.
El conseller fue especialmente crítico con la metodología empleada para trazar los nuevos límites: a su juicio, un único temporal excepcional no debería utilizarse para modificar de forma permanente el dominio público marítimo-terrestre. Frente a ello, reclamó que cualquier decisión se base en criterios técnicos rigurosos, datos objetivos, series históricas contrastadas y parámetros científicos verificables. Una petición que, dicho en otros términos, implica que el mar de un día de borrasca no puede ser el baremo para definir dónde empieza el Estado y dónde termina la propiedad privada.
Protección ambiental y seguridad jurídica: ¿rivales o aliadas?
Uno de los argumentos centrales del plan presentado por la Generalitat es que la protección medioambiental del litoral y la seguridad jurídica de los ciudadanos no son objetivos contrapuestos. La estrategia combina la defensa ambiental con la regeneración de playas, la recuperación del equilibrio sedimentario y la inversión en actuaciones de protección costera.
"La protección ambiental y la seguridad jurídica no son conceptos incompatibles. Al contrario, deben avanzar juntas" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
La tensión entre Madrid y València en materia de costas no es nueva, pero la presentación de 35 recursos de manera simultánea marca un punto de inflexión. La Generalitat ha decidido que ya no basta con presentar alegaciones: es el momento de llevar el conflicto ante los tribunales y, al mismo tiempo, construir un marco normativo propio que proteja a sus ciudadanos desde el derecho autonómico. Lo que está en juego no es solo una línea en un mapa administrativo, sino el hogar, la actividad económica y el futuro de decenas de comunidades que han construido su vida mirando al Mediterráneo.