Imagina que pides una beca universitaria o una ayuda al deporte y, pese a que la ley te exime de entregar el certificado de empadronamiento o los datos tributarios, la Administración te los vuelve a pedir porque su sistema no funciona. Eso es, en esencia, lo que la Generalitat Valenciana denuncia ante el Estado: que la infraestructura tecnológica que debería hacer posible ese derecho lleva meses fallando, y nadie ha puesto solución.
Una queja formal que va más allá de lo informático
La Generalitat ha remitido un informe a la Agencia Estatal de Transformación Digital en el que advierte de las deficiencias detectadas en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), el organismo responsable de gestionar las incidencias y autorizaciones de acceso a los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID). La Generalitat considera que el problema trasciende lo estrictamente tecnológico y afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas.
La Plataforma de Intermediación de Datos es una aplicación del Estado que funciona como un nodo de interoperabilidad para el intercambio de información entre administraciones públicas españolas, con el objetivo de eliminar los certificados en papel y evitar que el ciudadano tenga que presentar ante la Administración documentación que ya obra en su poder. Este servicio permite que cualquier organismo de la Administración pueda consultar y verificar los datos sin necesidad de que la ciudadanía deba aportar documentos acreditativos. En la práctica, es lo que ocurre cuando tramitas una subvención y la Administración ya sabe, sin preguntarte, si eres familia numerosa o si tienes una discapacidad reconocida.
La ley que reforzó este derecho fue la LAECSP de 2007, en cuyo artículo 6.2.b se recogió expresamente el derecho de los ciudadanos a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas. Ese principio quedó posteriormente consolidado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que es la norma que la Generalitat invoca ahora para reclamar que el Estado garantice su cumplimiento efectivo.
38 millones de consultas que se quedan en el limbo
La magnitud del problema se entiende mejor con un dato: solo la Generalitat Valenciana realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año a través de estos servicios. Datos de identidad, empadronamiento, situación tributaria, deudas con la Seguridad Social, títulos académicos, condición de familia numerosa, discapacidad o información catastral: todo eso es lo que las administraciones pueden consultar directamente entre sí cuando la plataforma funciona bien. Cuando no lo hace, el sistema retrocede décadas.
El informe enviado al Estado señala que desde hace meses se registran demoras significativas, sobre todo en la tramitación de autorizaciones para acceder a determinados servicios de verificación. Los procedimientos afectados incluyen becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones de innovación educativa, ayudas al deporte, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias y expedientes de entidades locales de la Comunitat Valenciana.
"Estas demoras están dificultando la implantación de nuevos procedimientos administrativos y afectan también a la tramitación de procedimientos ya existentes cuya regulación prevé expresamente que la Administración obtenga la información necesaria mediante consulta interoperable" - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
El coste de un sistema roto: 140 millones de euros al año
Más allá del impacto sobre los trámites, la Generalitat ha incluido en su informe una estimación orientativa del coste que supondría sustituir las consultas automáticas por trabajo manual. La cifra es contundente: más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo y un coste interno cercano a los 140 millones de euros anuales, sin contar la carga adicional que recaería sobre ciudadanos y empresas. Un precio desorbitado por mantener un sistema que se suponía superado.
La paradoja que describe el director general de Simplificación Administrativa resulta especialmente reveladora. Cuando un procedimiento ha sido diseñado para que el ciudadano no aporte documentación, la avería en el sistema de interoperabilidad deja a la Administración atrapada: necesita verificar los requisitos para resolver el expediente, pero no puede pedirle al ciudadano algo que la propia normativa le ha eximido de presentar.
"Cuando esta infraestructura no responde con la agilidad necesaria, el problema deja de ser informático para convertirse en un problema de gestión pública, porque condiciona la capacidad de las administraciones para tramitar procedimientos, ejecutar políticas públicas y prestar un mejor servicio a la ciudadanía" - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
Qué exige Valencia al Estado
La Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han solicitado a la Agencia Estatal de Transformación Digital que actúe de forma urgente en varios frentes: reforzar la capacidad operativa del servicio de soporte, agilizar la tramitación de autorizaciones, establecer compromisos claros de nivel de servicio y mejorar la coordinación entre los equipos responsables de la plataforma y las administraciones que la usan.
A nivel estatal existe la Plataforma de Intermediación de Datos del Estado, que permite el intercambio de información entre administraciones públicas evitando solicitar información a la persona interesada que ya obra en poder de la Administración , y sobre ella pivota buena parte de la promesa de la administración digital española. La Generalitat ha expresado su disposición a colaborar con el organismo estatal para encontrar las soluciones necesarias, pero el mensaje de fondo es claro: un derecho reconocido por ley no puede quedar en suspenso por la lentitud de un servicio de soporte. La interoperabilidad, concluye el Gobierno valenciano, no es un complemento técnico sino una infraestructura esencial, y cuando falla, quien más lo nota es el ciudadano que espera al otro lado de la ventanilla.