Encontrar un piso a precio razonable en la Comunitat Valenciana se ha convertido, para muchos, en una carrera de obstáculos. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, cifra ya en cerca de 4.800 las viviendas de protección pública activadas en el marco del Plan Vive Comunitat Valenciana, una cifra que supera las 6.000 unidades si se suma la promoción privada puesta en marcha al amparo del nuevo marco normativo. Lo anunció durante la clausura del II Foro Inmobilia, organizado en Valencia junto a la Cámara de Comercio, donde promotores, inversores e instituciones debatieron sobre los grandes cuellos de botella del mercado residencial valenciano.
Más oferta para bajar precios: la apuesta del Consell
El diagnóstico de Camarero es claro y no deja mucho margen a la interpretación: sin más oferta, los precios no bajarán. La emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana sigue siendo evidente, con una demanda creciente de vivienda asequible que supera con creces la oferta disponible. Es en ese contexto donde el Consell ha diseñado el Plan Vive, con el objetivo de impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública a lo largo de la presente legislatura.
"Resulta imprescindible generar una mayor oferta que permita equilibrar los precios, movilizar suelo, conseguir agilidad en los trámites, incrementar la colaboración y proporcionar seguridad jurídica" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Para alcanzar esa meta, el plan contempla levantar 10.000 unidades durante esta legislatura: 6.000 en suelos públicos y 4.000 en privados. La estrategia combina la movilización de suelo público con la capacidad técnica y financiera del sector privado, que se encarga de ejecutar los proyectos. Camarero destacó que ya se han adherido 320 municipios al programa, lo que supone un respaldo territorial notable, y subrayó su convicción de que la colaboración público-privada es imprescindible para dar respuesta al reto habitacional.
Transparencia y control: la web del Plan Vive como escaparate ciudadano
Uno de los compromisos explícitos del Consell es que los ciudadanos sepan exactamente qué viviendas están disponibles, dónde y en qué fase se encuentran. Camarero ha destacado que el Plan Vive ha trascendido del papel a la esfera digital, poniendo toda la vivienda protegida "a un clic" de distancia; este portal único garantiza la máxima transparencia, permitiendo consultar las promociones disponibles, su ubicación y la fase en la que se encuentran. Junto a ello, se han recuperado principios como la igualdad, la publicidad y la concurrencia, con nuevos mecanismos de control como la publicación de promociones desde la calificación provisional o la creación de órganos colegiados para la supervisión de los visados.
Suelo dotacional: la gran apuesta para construir 120.000 viviendas
El suelo es, en cualquier debate sobre vivienda, el recurso más escaso y más disputado. Sin él, cualquier plan se queda en papel mojado. Por eso, la consellera puso el foco en una iniciativa que podría cambiar el mapa urbano de la región: la transformación de suelo dotacional en residencial a través de los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), que permitirían la construcción de cerca de 120.000 nuevas viviendas en suelo dotacional municipal. El objetivo declarado es acabar con la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana, trabajando conjuntamente con la Conselleria de Medio Ambiente para obtener estas nuevas bolsas de terreno. El Consell se ha planteado la movilización de suelos dotacionales en desuso para construir 120.000 nuevas unidades, según sus estimaciones.
En paralelo, el Consell ya ha licitado cerca de 100 viviendas de alquiler asequible e industrializada, financiadas directamente por la Generalitat, en localidades como Albal, Torrent y Utiel. Las viviendas formarán parte permanentemente del parque público y tendrán reglas claras y transparentes desde el inicio, con un precio máximo de 10,5 euros por metro cuadrado al mes.
Jóvenes y acceso a la compra: menos impuestos y más avales
Más allá de la vivienda protegida en alquiler, el Consell ha impulsado medidas concretas para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda. La rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales del 8% al 6% para menores de 35 años ha beneficiado a cerca de 26.000 declaraciones, con un ahorro medio de 1.482 euros por operación. Una cifra que, multiplicada, representa decenas de millones devueltos al bolsillo de quienes dan ese primer paso hacia la propiedad.
A ello se suma el programa de avales del Institut Valencià de Finances (IVF), que ya cuenta con alrededor de 4.000 jóvenes beneficiarios, de los cuales más de 1.300 se han incorporado solo en el primer cuatrimestre de 2026, lo que apunta a una aceleración significativa del programa en los últimos meses.
La ocupación ilegal, en el punto de mira
La seguridad jurídica para los propietarios fue otro de los ejes del discurso de Camarero. El argumento es sencillo: si un propietario no tiene garantías de recuperar su vivienda ante una ocupación ilegal, preferirá no ponerla en el mercado. Para combatir esa reticencia, el Consell ha impulsado el Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, que incluye la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación con más de 100 puntos de atención en toda la Comunitat, formación especializada para policías locales, abogados y personal de atención, y una nueva línea de ayudas dotada con 250.000 euros para propietarios afectados.
Frente a frente con la Ley de Vivienda estatal
La intervención de Camarero tuvo también un capítulo de confrontación política directa con el Gobierno central. La vicepresidenta criticó con contundencia la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de España, a la que acusó de "desproteger a los propietarios, reducir la seguridad jurídica y apoyar a los okupas". En su opinión, la norma ha sido elaborada "de espaldas a las comunidades autónomas" y tiene un "efecto perverso" con la declaración de zonas tensionadas y el tope al precio del alquiler. Este modelo ha generado críticas desde distintos frentes, que cuestionan tanto su alcance real como su efectividad.
El debate sobre si controlar los precios del alquiler o aumentar la oferta es la mejor medicina contra la crisis habitacional no es nuevo en Europa. Ciudades como Berlín o Barcelona han experimentado con los topes y sus resultados han sido objeto de intenso debate entre economistas. En la Comunitat Valenciana, el Consell apuesta claramente por la segunda vía: más viviendas, más suelo, más colaboración. Si la ecuación funcionará a tiempo para quienes buscan hoy un hogar asequible es, todavía, una pregunta abierta.