A menos de tres kilómetros de la que fue la zona cero de la DANA de octubre de 2024, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha la mayor obra de encauzamiento urbano de su historia reciente. Cerca de 17 millones de euros se están invirtiendo en domar el barranco de Picassent a su paso por Beniparrell, un municipio pequeño en habitantes pero gigante en actividad económica: 528 empresas y más de 6.000 puestos de trabajo dependen de que esa agua, cuando llegue desbordada, encuentre por dónde correr sin arrasarlo todo.
El barranco de Picassent atraviesa el núcleo urbano de Beniparrell a menos de 2,5 kilómetros del barranco del Poyo a su paso por Catarroja, en el área conocida como la zona cero de la DANA de octubre de 2024. No es un dato menor. Beniparrell figura en el listado de municipios con elevada peligrosidad de inundación, y en los últimos años ha sufrido episodios de lluvias intensas, localmente torrenciales y persistentes, que han provocado inundaciones tanto en su núcleo urbano residencial como en las áreas industriales. La pregunta no era si volvería a ocurrir, sino cuándo.
Una obra que el Estado no hizo y la Generalitat asume
Aquí reside una de las aristas más llamativas del proyecto: el barranco de Picassent es un cauce de titularidad estatal. Es decir, su mantenimiento y acondicionamiento corresponde al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha optado por no esperar.
"Venimos a hacer, con dinero de todos los valencianos, la obra que el Gobierno de España tenía que haber hecho en su propio cauce. Y la hacemos porque la seguridad de la gente es una prioridad para este Consell" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La financiación, además, no proviene de fondos ordinarios: la Generalitat ha recurrido al endeudamiento para sufragar una actuación que, según el Consell, le corresponde asumir al Estado. Es una decisión que tiene tanto de pragmatismo como de posicionamiento político ante la reconstrucción post-DANA.
Tres kilómetros y medio de cauce transformados
Las cifras técnicas del proyecto ayudan a comprender la magnitud del reto. Las obras abarcan un tramo de 3.350 metros de cauce y contemplar ampliar su anchura hasta entre 60 y 95 metros, lo que equivale aproximadamente al ancho de una autopista de diez carriles en su punto más estrecho. Para lograrlo, será necesario mover 110.000 metros cúbicos de tierra, una cantidad que llenaría decenas de miles de camiones en fila.
El objetivo final es que el tramo urbano de Beniparrell quede protegido frente a avenidas con un periodo de retorno de 100 años, el estándar técnico habitual para considerar que una infraestructura hidráulica ofrece una protección sólida. Las actuaciones previstas también incluyen la mejora de los puentes existentes y el incremento de la permeabilidad del drenaje bajo la V-31. Además, se repondrán infraestructuras ferroviarias y servicios afectados a lo largo del recorrido.
Las obras arrancaron en marzo de 2026 y tienen un plazo de ejecución de tres años, con finalización prevista para octubre de 2028. No es una solución inmediata, pero sí estructural.
Seis mil empleos en zona de riesgo
Más allá de los datos técnicos, la dimensión humana y económica de la actuación es lo que le da verdadero peso. Los polígonos industriales de Beniparrell concentran una actividad que va mucho más allá de su pequeño término municipal: miles de trabajadores los frecuentan cada día, procedentes de municipios de todo el área metropolitana de València. Una riada no solo destruye naves e instalaciones; paraliza cadenas de suministro, interrumpe contratos y, en el peor de los casos, condena a empresas enteras al cierre.
Barrachina ha subrayado que las obras no solo incrementarán la protección frente a inundaciones de infraestructuras y viviendas, sino que contribuirán a garantizar la continuidad de la actividad económica y la seguridad de trabajadores y empresarios. En ese sentido, la inversión también puede leerse como un seguro colectivo: el coste de no actuar, medido en empleos y tejido productivo destruido, superaría con creces los 17 millones comprometidos.
Un programa más amplio de reconstrucción hidráulica
La intervención en Beniparrell no es un caso aislado. Se enmarca en un esfuerzo inversor más amplio del Consell que suma 46 millones de euros en actuaciones de encauzamiento urbano, todas ellas declaradas de emergencia para reparar los daños provocados por la riada de octubre de 2024. En total, son 41 actuaciones distribuidas en 28 municipios, organizadas en seis áreas que abarcan las comarcas de l'Horta Sud, Hoya de Buñol, Ribera Alta, Los Serranos, Plana de Utiel-Requena y Camp de Túria. De todas ellas, 30 ya han concluido y las 11 restantes están en marcha.
La actuación del barranco de Picassent es la más grande de ese programa, tanto en presupuesto como en alcance. Y su puesta en marcha llega casi dos años después de la catástrofe que sacudió a la Comunitat Valenciana, en un contexto en el que un año después de las inundaciones, los expertos reconocían mejoras en los sistemas de alerta y la coordinación institucional, pero advertían de que las obras de protección y la planificación territorial seguían en su mayoría pendientes. Esta inversión es, al menos, una respuesta concreta a esa deuda pendiente con el territorio.