La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha convocado una nueva línea de ayudas para financiar los gastos derivados del asesoramiento jurídico profesional en casos de desalojo o recuperación de la posesión por ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana, así como para cubrir posibles reparaciones de daños en esos inmuebles.
La convocatoria se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y parte con una dotación global de 250.000 euros, ampliable hasta 750.000 euros. Las ayudas contemplan un máximo de 500 euros para sufragar el asesoramiento legal necesario para recuperar la vivienda y hasta 1.500 euros por beneficiario para reparar los daños ocasionados en el inmueble.
Requisitos y plazo
Podrán solicitarlas las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal y que tengan vecindad administrativa en la autonomía desde al menos un año antes de presentar la solicitud.
El plazo de presentación finaliza el 10 de septiembre. Las personas interesadas deberán completar, preferentemente, el formulario disponible en la sede electrónica de la Generalitat y aportar la documentación exigida en la convocatoria: el título que acredite la titularidad o el derecho de usufructo sobre la vivienda, la denuncia o demanda que demuestre la ocupación ilegal y un documento que justifique el coste de los servicios profesionales solicitados.
Argumento del Consell
La vicepresidenta primera y consellera, Susana Camarero, ha subrayado que la medida tiene como objetivo prioritario "proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal" y ha señalado que se trata de "un nuevo paso para garantizar el derecho a la propiedad". Ha indicado, además, que esta línea también figura en las cuentas públicas de la Generalitat aprobadas para 2026, año en el que la dotación presupuestaria alcanzará el millón de euros.
Asimismo, Camarero ha señalado que el Consell pone a disposición de los propietarios "un nuevo instrumento que combina una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad".
En sus declaraciones, ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno central y ha defendido que el Consell actuará con firmeza frente a la ocupación ilegal, persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y apoyando al propietario, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda.
Más fondos y otros recursos
La consellera ha enmarcado esta convocatoria dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas impulsado por el Consell, y ha afirmado que supone un cambio de modelo para afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación, que, según ha dicho, se han convertido en un problema de primera magnitud que afecta a miles de propietarios.
También ha informado de que la partida presupuestaria para ayudas destinadas a financiar el asesoramiento jurídico para el desalojo o recuperación de viviendas y la reparación de daños en los inmuebles se incrementará hasta 1.000.000 de euros, mientras que la línea de ayudas para fomentar el alquiler y cubrir los impagos del arrendamiento aumentará hasta otro millón. Con ello, ha remarcado que la dotación presupuestaria para estas medidas alcanzará los dos millones de euros.
Camarero ha añadido que, junto a estas actuaciones, el Consell ha puesto en funcionamiento la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, que ya está operativa con el propósito de garantizar a las víctimas asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita en toda la Comunitat Valenciana.