Casi una década después de que arrancara la planificación, el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva sigue siendo una promesa sin fecha. Pero algo ha cambiado. La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio de adquisición directa de una parcela para albergar la futura sede judicial de la capital de La Costera, iniciando así el trámite administrativo que debe permitir, por fin, proyectar y construir el edificio.
El movimiento llega en un momento de tensión institucional con el Ayuntamiento de Xàtiva. La consellera Nuria Martínez había solicitado el mes pasado la colaboración del consistorio para encontrar los terrenos adecuados, pero la respuesta del alcalde no fue la esperada: en una carta remitida a la Conselleria, el regidor desestimó las propuestas presentadas y recordó que tanto el proceso de adquisición como los cambios urbanísticos requerirán la supervisión municipal. La Generalitat, lejos de frenar el paso, ha optado por seguir adelante.
"Los ciudadanos de Xàtiva y su partido judicial llevan demasiado tiempo esperando un palacio de Justicia digno, accesible y funcional. Esperamos que el equipo de gobierno actual recapacite, actúe, deje de poner trabas, y colabore para poder dar respuesta a esta reivindicación histórica cuanto antes" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Ocho años de informes que señalaban al mismo problema
Para entender por qué la Generalitat ha decidido buscar una parcela nueva, hay que remontarse a 2018. Desde entonces, sucesivos informes técnicos han desaconsejado de manera sistemática ubicar el nuevo palacio en el Real Monasterio de Santa Clara, un Bien de Interés Cultural (BIC) con trazas góticas, renacentistas y barrocas que el Ayuntamiento había cedido para este fin por un periodo no inferior a 50 años. La idea era ambiciosa sobre el papel: recuperar la fachada original, aprovechar el claustro como sala de espera iluminada por luz natural. Sobre el terreno, los obstáculos se acumularon.
Un primer informe de julio de 2018 concluyó que la superficie del monasterio era inferior a la de la sede actual, que su configuración espacial dificultaba la distribución interna y que la accesibilidad y los recorridos de evacuación eran problemáticos. Un segundo dictamen de agosto de ese mismo año añadía las restricciones propias de un BIC, y uno de julio de 2020 alertaba además sobre la posible incidencia arqueológica del subsuelo. La puntilla llegó en enero de 2021, cuando los técnicos de la propia Conselleria advirtieron de la práctica imposibilidad de construir sótanos en el edificio, algo indispensable para una infraestructura de esta envergadura.
La consellera Martínez no ha escatimado en claridad al valorar lo ocurrido durante estos años:
"Desde el principio se ha intentado hacer encajar un zapato de la talla 37 en un pie de la talla 42" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Un proyecto que nació pequeño y siguió encogiendo
La historia del proyecto en el monasterio de Santa Clara no solo es la de un edificio inadecuado, sino también la de unas necesidades judiciales que fueron recortadas para hacer cuadrar los números con el espacio disponible. En enero de 2019, el primer informe de necesidad planificaba una sede con capacidad para 7 juzgados. Meses después, ante la evidencia de que el monasterio no podía absorber esa dimensión, la cifra se redujo a 5 en un nuevo informe de febrero de 2019, reiterado en julio de 2022. El problema es que la sede actual ya alberga 4 plazas judiciales, lo que dejaría un margen de crecimiento de una sola plaza adicional.
Un informe específico de enero de 2026 ha sido aún más explícito: advierte directamente de la imposibilidad de que la sede crezca para acoger nuevas plazas judiciales en los próximos años. Y el contexto lo complica todavía más. La Ley de Eficiencia Organizativa ha modificado radicalmente la estructura de los tribunales de instancia, y está prevista la creación de una nueva sección en el partido judicial de Xàtiva. Con ese panorama, un edificio que ya se quedaba pequeño hace una década resulta manifiestamente insuficiente hoy.
"Si ya hace ocho años este proyecto se quedaba pequeño, imagínese hoy, con una ley de eficiencia que ha modificado radicalmente la organización de los tribunales de instancia y con la nueva sección que se va a crear" - Nuria Martínez, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
Casi 88.000 personas esperan una solución
La dimensión del problema va más allá de Xàtiva ciudad. La sede judicial setabense da servicio a todo el partido judicial, que abarca 26 municipios de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, con una población de casi 88.000 habitantes. Una circunstancia que, según la consellera, tampoco se tuvo en cuenta cuando se decidió apostar por el monasterio de Santa Clara sin consultar a los operadores jurídicos que trabajan a diario en esos juzgados.
La publicación del anuncio en el DOGV abre ahora un nuevo camino, esta vez con la intención de incorporar al patrimonio de la Generalitat una parcela de nueva planta sobre la que proyectar un edificio a la medida de las necesidades reales del partido judicial. Si el acuerdo con el Ayuntamiento sigue sin llegar, la Generalitat parece dispuesta a avanzar igualmente. Para los casi 88.000 vecinos que dependen de esa sede, lo que está en juego no es solo una cuestión de metros cuadrados o de burocracia administrativa: es el acceso cotidiano a la justicia.