La derecha "constitucionalista", contra la Constitución

La dreta valenciana i nacional ha llançat en repetides ocasions proposades i declaracions contràries a la Constitució, com discriminar al valencià o il·legalitzar partits per raons ideològiques

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Estar en contra de la Constitución o parte de ella no es delito. La misma Carta Magna reconoce dentro de ella la "pluralidad" y "libertad de expresión", aunque hay debate sobre el alcance del respeto a esos principios. Distinto es cometer delitos o acciones 'anticonstitucionales', algo en lo que los partidos de la derecha nacional y valenciana se postulan como 'valedores': aseguran ser "constitucionalistas" y trabajar por hacer valer esa Constitución. Sin embargo suman a su hemeroteca declaraciones y acciones contrarias a los 'valores constitucionales' e, incluso, a sentencias del Tribunal Constitucional.

Los tres principales partidos de la derecha nacional, PP, Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox, se han posicionado en varias ocasiones en postulados contrarios a la Constitución; a veces, incluso, argumentando que es para defender la misma. Las tres formaciones, en sus delegaciones de la Comunitat Valenciana, han sumado casos.

Lenguas

El líder nacional del PP, Pablo Casado, propuso en campaña algo que choca con la Carta Magna y que afecta directamente a la realidad de la Comunitat. Durante la campaña de las anteriores elecciones, propuso una "Ley de Lenguas": el castellano, en aquellas comunidades con más de un idioma oficial, será la "lengua vehicular en Educación, Administración, oposiciones y señalización de vías".

El Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano ya apuntó entonces que es anticonstitucional: choca con "el Artículo 3 de la Constitución y el Estatut d'Autonomía". En el punto dos de dicho artículo, se señala que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos". Un reconocimiento de igualdad respecto al castellano que, además, se apoya en el reconocimiento del Estatut para su protección.

El uso del valenciano como una herramienta política y negar el hecho de la unidad lingüística con el catalán es una práctica habitual en los tres partidos. Ello pese a que el Tribunal Constitucional ya reconoció, hace 22 años, que no existía una diferenciación idiomática. Para la líder del PP de València, según apuntó en una entrevista, "el valenciano y el catalán no son la misma lengua"; desde Ciudadanos, Cantó dijo lo mismo en un desayuno informativo; los ultraderechistas también comparten la postura, defendida incluso desde el ámbito nacional.

El Tribunal Constitucional, ya entonces, apuntó ante la insistencia del PP con varios recursos -la sentencia venía de varios juicios perdidos del PP contra la Universitat-, que era un "empecinamiento en la ignorancia" negar la evidencia científica y continuar negando la unidad.

Igualdad

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Así reza el Artículo 14 de la Constitución. Pese a ello, desde la formación de extrema derecha se insiste en tergiversar el significado de feminismo y criminalizar a colectivos LGTBI+: "Nos preocupa en manos de quién dejamos nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos", señalaron al pedir datos sobre cursos de tolerancia en las Corts.

Dichos colectivos criminalizados entienden que, tras los contactos y pactos de Ciudadanos y PP con Vox, estos primeros también se sitúan contra la libertad y diversidad sexual. Pese a ello y pese a negarse a firmar el manifiesto de la manifestación, Ciudadanos asistió y su bus fue 'atacado' con pintura. Desde la formación, que pacta con una formación ultraderechista que niega los derechos LGTBI, achacan el rechazo a su asistencia a "odio y violencia por motivos ideológicos".

Naciones

Otro punto en común entre PP, Ciudadanos y Vox es ensalzar una "unidad y defensa" de España contra los "nacionalistas" e incluso, como llama Cantó a Marzà, los "talibanes". Las tres formaciones defienden la figura de un único estado-nación, y critican repetidamente a los partidos progresistas que quieran "fracturar" España en diferentes naciones.

"¿Cuántas naciones hay en España, señor Puig? ¿Cuántas?", señaló Cantó durante un debate electoral y después, con una fórmula parecida, durante el debate de investidura. Pretende con ello criticar la supuesta postura del PSPV de apoyo al procés catalán y plan de repetirlo aquí, como ha señalado en varias ocasiones. Desde estas formaciones ignoran o quieren ignorar el inicio de la misma Constitución. En el Artículo 2 señala que se "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

A nivel nacional

Con un argumento parecido respecto a la "defensa de España", también se han lanzado propuestas de gran polémica, como la ilegalización de partidos. El PP votó en contra, en el Congreso, de que los partidos pudieran ser ilegalizados por corrupción; sin embargo Casado lanzó la propuesta de sacar de la legalidad a las formaciones "que reclaman la independencia". Algo compartido por su socio ultraderechista, que señalo la misma posibilidad con los partidos "que no creen en la unidad de España o no renuncian del marxismo".

Se trata de una propuesta de ilegalización por motivos ideológicos, algo de imposible reconocimiento en la Constitución actual. Sin embargo no son las únicas declaraciones anticonstitucionales: Maroto señaló que, si Casado fuera presidente, prohibiría las manifestaciones que "permitan o alienten a la quiebra" del Estado.

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