La Comunitat Valenciana tendrá menos recursos para superar la crisis por la infrafinanciación

La Comunitat Valenciana dispondrá de “muchos menos recursos” para las políticas de desarrollo necesarias para superar los efectos de la COVID-19 que las regiones favorecidas por la financiación autonómica

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"Las comunidades mejor financiadas tienen muchos más recursos por habitante para políticas de desarrollo regional destinadas a superar la COVID-19 que las regiones con peor financiación", según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). De este modo, de acuerdo con las competencias que tienen las comunidades autónomas como responsables de atender los servicios públicos fundamentales (SPF), aquellas infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana está obligando a sus gobiernos a afrontar los efectos de la pandemia desde el primer momento, especialmente en los aspectos relacionados con la sanidad.

No obstante, este recorte, al que se ven obligados muchos gobiernos autonómicos que no reciben una financiación adecuada, no se ha producido con la misma intensidad en todas las regiones, y según como apunta el informe del IVIE, los gastos por habitante en desarrollo regional, como son entre otros el impulso económico, la protección del medio ambiente, la vivienda, la cultura y el apoyo a la I+D+i, "eran y son muy dispares".

Navarra, La Rioja y Cantabria superaban en 2018 los 800 euros de gasto por habitante, mientras que Murcia y la Comunitat Valenciana no alcanzaban los 400 euros, según se detalla en el nuevo informe COVID-19: IvieExpress, elaborado por Francisco Pérez y Silvia Mollá.

Concretamente, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas, como pueden ser la Comunitat Valenciana y Navarra, superaba los 60 puntos porcentuales en 2019. Si la referencia son los habitantes ajustados, la mayor distancia se registra entre Navarra y Castilla La Mancha, con una diferencia de 56 puntos.

De este modo, las comunidades autónomas que cuentan con más ingresos por habitante -Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias- necesitan hacer menos esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. Es decir, a pesar de gastar más por habitante en estos servicios, el porcentaje efectivo de los ingresos netos que dedican a sanidad, educación y protección social está próximo al 70%. Sin embargo, las peor financiadas, como son Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana, han de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender sus servicios públicos fundamentales. Esto implica que las primeras disponen de muchos más recursos que las últimas para desplegar políticas relacionas con el desarrollo regional. Pérez y Mollá, los autores del informe inciden en que estas diferencias tan sustanciales son preocupantes en general porque cuestionan la solidaridad interterritorial, pero lo son más aún cuando las comunidades se enfrentan al reto de recuperar y modernizar sus economías tras la crisis derivada de la COVID-19.

La Comunitat Valenciana ha de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender sus servicios públicos fundamentales. IVIE
En la Comunitat Valenciana, dada su dimensión poblacional, realizar un gasto en desarrollo regional por habitante similar al que ejecutan algunas autonomías que cuentan con más recursos implicaría incrementos de entre el 50% y el 120%, variando según la región con la que se compare. De este modo y como ejemplo, para igualar el gasto por habitante de Navarra, la Comunitat Valenciana tendría que incrementar los 1.947 millones disponibles con otros 2.376 millones. Los aumentos que igualarían la Comunitat Valenciana a las mejor dotadas representarían impulsos de demanda muy importantes, equivalentes a entre el 1% y el 2% del PIB valenciano, y ofrecerían mucho más margen para desplegar políticas de mejora de la competitividad.

Los mismos autores del informe del IVIE concluyen que "el Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las CC. AA. al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación", pues como bien dicen, "la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto de la COVID-19 es mucho más limitada en alguna de ellas". Del mismo modo, mientras no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar asimetrías, "las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria", ya que si no se hace así, "esta reconstrucción se producirá a diferentes velocidades y los riesgos de divergencia serán mayores", afirman Francisco Pérez y Silvia Mollá, autores del informe delInstituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

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