Pocas veces una reunión institucional condensa tan bien hacia dónde quiere ir un gobierno. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibió al presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y a los miembros del Consejo Territorial de la entidad para un acto que, en apariencia, tenía el modesto formato de una presentación de cupón conmemorativo. Pero el mensaje que dejó fue de mayor alcance: la Comunitat Valenciana aspira a ser un referente nacional en derechos sociales y tiene, según el Consell, las leyes para demostrarlo.
Un cupón para hacer visible lo invisible
El cupón que la ONCE presentó a Pérez Llorca está dedicado al Día Internacional de las Personas Sordociegas, un colectivo que combina la pérdida de visión y audición y que, durante décadas, ha permanecido en los márgenes de la visibilidad pública. No es una queja menor: cuando una discapacidad no se ve ni se escucha hablar de ella, sus necesidades tampoco suelen llegar a las agendas políticas. Por eso el acto tuvo un valor simbólico que Pérez Llorca quiso subrayar, hablando de dar "visibilidad, reconocimiento y dignidad a un colectivo que, a menudo y de manera muy injusta, ha permanecido invisible para el conjunto de la sociedad".
"La accesibilidad en esta tierra ya no es algo opcional, sino que todas las personas tienen reconocido su derecho a exigirlo" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
La ley que reconoce un vínculo de por vida
Uno de los ejes del encuentro fue la Ley 7/2025, reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 29 de diciembre de 2025, la norma regula los derechos de acceso, deambulación y permanencia de las personas usuarias de perro de asistencia en la Comunitat Valenciana, fija obligaciones, identificación, reconocimiento, registro y régimen sancionador, y establece la adaptación de ordenanzas municipales en el plazo de un año. Dicho de otra manera: ya no bastará con que un comercio o un servicio de transporte "tolere" la presencia de estos animales; tendrán la obligación legal de admitirlos.
La normativa valenciana se alinea además con el Real Decreto estatal 409/2025 sobre bienestar de los perros de asistencia, asegurando igualdad de derechos y estándares de calidad, y deroga la anterior Ley 12/2003 , una legislación que llevaba más de dos décadas sin actualizarse. La ley detalla tipologías como perro guía, de servicio, de señalización de sonidos, de aviso de alerta médica y de apoyo a personas con TEA, ampliando así el universo de personas beneficiadas. La norma contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Pérez Llorca destacó que esta ley "reconoce por primera vez esa unidad inseparable que forman las personas y sus animales, que no son solo un apoyo funcional, sino que forman un vínculo tan fuerte que escribe una vida compartida". Una idea que, más allá de la retórica, tiene consecuencias muy concretas: hasta ahora, una persona ciega podía verse negada la entrada a un restaurante o a un hotel junto a su perro guía sin que la ley lo impidiera con suficiente claridad.
Accesibilidad universal: de las rampas al derecho
La segunda pieza del marco legal que el president puso en valor es la Ley de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana, aprobada a finales de 2024. Esta ley, identificada como Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana, supone un salto cualitativo en la concepción de qué significa que un entorno sea accesible. Si durante años la accesibilidad se redujo a instalar una rampa en la entrada de un edificio o garantizar que hubiera ascensor, el nuevo marco la eleva al rango de derecho fundamental: algo exigible por cualquier persona, en cualquier ámbito, al mismo nivel que la educación o la sanidad.
Ese es, precisamente, el argumento que más repitió el president: la accesibilidad no puede seguir siendo una concesión que depende de la buena voluntad de cada administración o empresa. Tiene que ser una obligación. La diferencia entre ambos enfoques puede parecer técnica, pero en la vida cotidiana de millones de personas es la diferencia entre poder participar o quedar excluido.
Consenso como método
Pérez Llorca insistió en que estas leyes "son fruto del diálogo, la escucha y el consenso", elaboradas con el respaldo de la ONCE y del CERMI de la Comunitat Valenciana. En un tiempo político marcado por la polarización, ese dato no es menor: la normativa fue descrita como "moderna, inclusiva y sensible, elaborada con empatía, diálogo con las entidades y atención a las personas usuarias". Que leyes de este calado lleguen a las cámaras con apoyos transversales dice tanto del contenido como del proceso que las generó.
La reunión con Carballeda y el Consejo Territorial de la ONCE no fue, por tanto, un simple acto de protocolo. Fue la ocasión para poner cara y voz a un modelo de política social que el Consell quiere proyectar más allá de sus fronteras. Si la Comunitat Valenciana logra que esas leyes se apliquen de forma efectiva, y no solo se queden en el papel, el camino hacia la inclusión real habrá dado, como señaló el propio president, "un salto enorme". El reto, ahora, es que ese salto lo sientan también quienes más lo necesitan.