Igualdad excluirá a las empresas que operen en paraísos fiscales para gestionar residencias de personas mayores

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que la Conselleria ya incluye en el pliego de contratación tipo para la gestión de residencias de personas mayores una cláusula que excluye a las empresas que operan en paraísos fiscales.Así lo ha explicado la vicepresidenta tras el encuentro que ha mantenido con representantes de Intermon Oxfam precisamente para tratar sobre la prohibición de que estas empresas puedan contratar con las administraciones públicas.Oltra ha señalado que este encuentro parte del compromiso del Gobierno valenciano "con una sociedad corresponsable en la que las entidades empresariales tienen un compromiso que debe ir más allá de su condición de agente económico".Se trata, ha asegurado, de "una lucha por la igualdad y contra la evasión fiscal", y en este sentido ha agradecido la labor de Intermon Oxfam por la guía que en su día elaboró y envió a todas las administraciones públicas para acabar con el fraude fiscal de las grandes corporaciones a través de los paraísos fiscales.La vicepresidenta ha recordado que ya hay una ley de la Generalitat de la legislatura pasada que regula esta medida y prohíbe la contratación con estas empresas, y lo que se ha hecho es "incorporar las cláusulas fiscales a los contratos públicos junto a las cláusulas sociales, laborales y medioambientales, para hacer realidad lo que dice la ley".Con la implantación de este tipo de cláusulas, "las empresas tendrán que adaptarse a la responsabilidad fiscal o no podrán contratar con las administraciones públicas".

Nuevas cláusulas contractuales

Las nuevas cláusulas contractuales para los servicios de atención de personas mayores dependientes en residencias y centros de día del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales "avanzan en el modelo social y medioambientalmente responsable impulsado por el Consell del Botànic", ha señalado Oltra.En este sentido, la vicepresidenta ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones públicas "sean las primeras en impulsar aquellos modelos productivos que son respetuosos con el medio ambiente, pero también con las personas y que sean fiscalmente responsables".De esta manera las cláusulas establecen que en el ámbito social las empresas adjudicatarias tienen la obligación de reservar al menos la mitad de las sustituciones anuales por bajas laborales o vacaciones para que sean ocupadas por personas en situación o grave riesgo de exclusión social, especialmente las perceptoras de la renta valenciana de inclusión.En el caso de que se produzcan nuevas contrataciones, al menos la mitad de estos nuevos contratos se suscribirán con personas en situación o grave riesgo de exclusión social.En el ámbito medioambiental entre otras cláusulas se contempla que todos los vehículos que se adscriban al servicio de transporte deberán ser híbridos, de cero emisiones o eléctricos.El incumplimiento de estas cláusulas supondrá sanciones y la consideración de infracción grave, lo que implicaría una prohibición para contratar con las administraciones públicas.