La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha instado al Gobierno de España a reconsiderar el diseño y la implantación del Registro Único de Viviendas de uso turístico tras el reciente pronunciamiento de la Comisión Europea, que cuestiona su adecuación al marco normativo comunitario y alerta del riesgo de duplicidad administrativa e inseguridad jurídica.
El dictamen emitido en el marco del Technical Regulation Information System (TRIS) pone de relieve que el modelo estatal se aleja del enfoque de gobernanza previsto en el Reglamento (UE) 2024/1028 sobre alquileres de corta duración, que apuesta por la cooperación institucional, el uso de datos fiables y la simplificación administrativa. La Comisión recuerda que una misma vivienda no puede estar sujeta a más de un procedimiento de registro obligatorio, con independencia del nivel administrativo.
La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha subrayado que “la Comunitat Valenciana cuenta desde hace años con un registro autonómico plenamente operativo, que autoriza y controla la actividad de las viviendas de uso turístico, por lo que la imposición de un registro estatal adicional no aporta mayor eficacia al control, pero sí introduce duplicidades, cargas innecesarias e inseguridad jurídica”.
En este sentido, Cano ha advertido de que el enfoque adoptado por el Gobierno “sustituye la necesaria coordinación y la interoperabilidad de datos por la acumulación de registros”, alejándose del modelo europeo y generando un conflicto competencial evitable con las comunidades autónomas. “Europa no cuestiona la regulación del alquiler turístico, sino la falta de cooperación institucional y el solapamiento de procedimientos”, ha añadido.
La Comunitat Valenciana se suma así a la posición expresada por otras comunidades autónomas que han advertido del riesgo cierto de que el Registro Único estatal resulte inaplicable si no se adapta al derecho de la Unión Europea antes del 20 de mayo de 2026, fecha límite fijada por la Comisión para eliminar cualquier duplicidad incompatible con el Reglamento europeo.
Desde el Consell se considera que el debate sobre el acceso a la vivienda no puede trasladarse, de forma artificial, al ámbito turístico ni utilizar instrumentos de ordenación turística como sustituto de una política estatal de vivienda eficaz. “Convertir el turismo en el problema no resuelve el verdadero desafío, que es aumentar la oferta residencial”, ha señalado la consellera.
Por todo ello, Marián Cano ha reclamado al Gobierno central “diálogo leal, coordinación entre administraciones y respeto a las competencias autonómicas”, así como “una revisión urgente del modelo de Registro Único para avanzar hacia una ventanilla única interoperable, apoyada en los registros autonómicos que ya funcionan y garantizan el control de la actividad, en línea con el modelo europeo de gobernanza turística”.
Por último, Cano ha señalado que la cuestión del Registro Único de Viviendas de uso turístico será abordada en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo, prevista para el martes 10 de febrero en Madrid, si bien ha lamentado que se incluya como último punto del orden del día, “cuando se trata de un asunto de máxima relevancia para las comunidades autónomas y para la seguridad jurídica del sector”. A su juicio, “la ubicación del debate no refleja la urgencia ni la trascendencia del problema planteado por la Comisión Europea”.
Cabe recordar que la Generalitat presentó en mayo de 2025 un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo. Otras comunidades también presentaron recurso como Andalucía, Baleares, Canarias y Murcia.