El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha expresado su “firme desacuerdo” con la reciente decisión del Gobierno central de reducir en 4.278 millones de euros las entregas a cuenta a las entidades locales del sistema de participación de tributos del Estado.
La Generalitat insta al Gobierno a revisar esta decisión y actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación a la mayor brevedad posible, “asegurando así una financiación adecuada que permita a las entidades locales cumplir con sus responsabilidades y atender las demandas de sus ciudadanos”, ha afirmado Redorat.
El director general de Administración Local ha criticado esta medida que “implica un recorte significativo en los recursos destinados a las administraciones locales, pone en riesgo la estabilidad financiera y la capacidad operativa de los municipios valencianos”, ha insistido.
Redorat ha destacado a su vez que esta reducción en las entregas a cuenta “representa un desafío económico significativo para los ayuntamientos en 2025”.
“La participación en los tributos del Estado es un recurso crucial para garantizar la suficiencia financiera de las administraciones locales. Esta disminución de ingresos, sumada al aumento de gastos y la reactivación de las reglas fiscales, afecta gravemente la capacidad de los municipios para prestar servicios públicos esenciales a sus ciudadanos”, ha señalado Redorat.
El director general de Administración Local ha subrayado que la situación “es especialmente crítica” para los 103 municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana, quienes se enfrentan a una reducción de ingresos y un aumento de gastos para hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos.
Tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el pasado 15 de julio, se anunció que las entidades locales recibirían en 2025 un total de 26.893 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que suponía un incremento del 13,1 % respecto a 2024. Sin embargo, con la derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por parte del Congreso de los Diputados el 22 de enero, la financiación se ha visto reducida a 22.615 millones de euros, aplicando la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.