Las distintas áreas de la Diputació de València han recibido un escrito de Presidencia con la ficha modelo del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-23, que busca establecer el objetivo, plazo y coste de cada ayuda y mejorar la eficacia de las mismas con un plazo de convocatoria que finalizará el 31 de mayo para que los beneficiarios, tanto ayuntamientos como entes sociales, dispongan del tiempo necesario para preparar la documentación y no tengan que renunciar a la subvención.
En el informe resumen de control interno de la Diputación, el interventor plantea la conveniencia de "una visión más global sobre las subvenciones entrando en un control financiero que examine la eficiencia y eficacia". En el mismo informe de Intervención se valora muy positivamente el primer plan de acción puesto en marcha desde Presidencia con la intención de dar respuesta a las sugerencias y propuestas de mejora que recogen los informes de los habilitados nacionales, entre ellas este plan estratégico de subvenciones del que "se han sentado las bases en 2020".
En opinión de Toni Gaspar, presidente de la Diputació, "cada informe es una oportunidad de mejora", y de la misma forma que puso en marcha un nuevo plan estratégico de Personal recomendado desde Intervención, se activa esta planificación y coordinación de las subvenciones, en la línea de "escuchar a las personas cualificadas que nos dicen cómo se deben hacer las cosas de la mejor manera, afrontando y gestionando cualquier problema detectado por un sistema basado en la transparencia".
En el caso de las subvenciones, el presidente Gaspar se adelantó a las conclusiones del informe de Intervención, ya que a finales del pasado año avanzó a los alcaldes y alcaldesas de la provincia la intención de establecer una fecha límite para la convocatoria en busca de una mayor eficacia en la tramitación de las ayudas, en la línea de modernizar una institución a la que Gaspar quiere aligerar de burocracia.
Un departamento de subvenciones
Aunque el Plan de Subvenciones de la Diputación existe como tal desde 2018 y algunas áreas han establecido los objetivos estratégicos en la concesión de estas ayudas siguiendo el documento, desde Presidencia se pretende poner orden con esa visión global que sugiere el interventor, en el marco del plan de acción del presidente con el que se quiere mejorar la gestión de los recursos públicos en todo aquello que indiquen los órganos de fiscalización y control interno.En este sentido, Gaspar pretende consolidar este plan estratégico que no existía antes de 2018 y que en el período 2021-23 será "mucho más ambicioso". De hecho, la intención del presidente es crear, incluso, un departamento único de subvenciones que unifique los criterios y establezca un mismo proceso para todas las áreas. Presidencia trabaja desde hace meses con Intervención para poner en marcha un departamento pionero.
Volviendo al informe de Intervención y en lo referente a las subvenciones, "no se han detectado graves deficiencias, y en los casos en los que se ha informado desfavorablemente se han subsanado". El documento da cuenta, además, de la centralización de todas las subvenciones en el Gestor de Expedientes, lo que "facilita la labor interventora".
Solo ha quedado fuera del Gestor de Expedientes el Plan de Inversiones que gestiona el área de Cooperación y que se fiscalizará igualmente a través de esta herramienta a partir de 2022 ya que, como informa el interventor, "está contemplado así en el plan de acción del presidente".
Menos subvenciones de Presidencia
En el contexto de esta planificación de las subvenciones, Presidencia sigue reduciendo hasta la mínima expresión las ayudas directas que concede a distintos entes del tejido social de la provincia. En clara sintonía con la opinión de los habilitados nacionales, la evolución de las subvenciones concedidas por el departamento del presidente se han reducido drásticamente en el último lustro, pasando de los 2.197.000 euros distribuidos entre el tejido social en 2015 a los 144.000 euros durante el ejercicio 2020.La tendencia de los últimos años ha sido la de eliminar las ayudas concedidas desde Presidencia a entidades locales, al tiempo que se incrementaban de manera considerable estas partidas a través del Plan de Inversiones y el Fondo de Cooperación, en los cuales son los ayuntamientos los que deciden el destino de las ayudas; y mantener las de menor cuantía, que son las destinadas a colectivos que forman parte del tejido social.