La normativa por la discapacidad se había quedado anticuada, puesto que las personas con discapacidad, que ha sido el colectivo afectado, no contaba ni con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, este sector llevaba 23 años pidiendo un cambio en el modelo social que rige sus vidas, hasta que el pasado mes de octubre, se aprobó el decreto y se publicó en el BOE la nueva norma que entrará en vigor el 20 de abril. Ahora bien, ¿qué cambia con esta nueva normativa?
Unas de las grandes novedades es que el Gobierno central ha establecido un nuevo baremo para la valoración del grado de discapacidad, pues en mayo de este año, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe CV) denunció retrasos de hasta dos años en el certificado de discapacidad, indispensable, cuando supera el 33%, para ayudas y derechos como prestaciones, bonificaciones y beneficios. Así pues, este cambio fundamental implica que si el certificado no se renueva en plazo, el grado se mantiene hasta que haya una nueva resolución.
Otro de los cambios fundamentales es un “trámite de urgencia” que se podrá aplicar por causas humanitarias de especial necesidad social. Este cambio se adapta a casos de discapacidad especialmente urgentes, como las personas con enfermedades degenerativas o víctimas de zonas en guerra. Así pues, ofrece la obligación de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados y escuchados sin ningún tipo de discriminación.
En respuesta a 23 de años de reivindicación
Estas respuestas a la histórica reivindicación del colectivo, que ha durado 23 años, tienen como objetivo evitar demoras en la tramitación, ya que afectan a la vida de quienes lo integran y, en general, modificar los criterios que rigen cómo adjudicar el grado de discapacidad. En este sentido, la normativa se ha adaptado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para reducir los plazos con trámites más ágiles y mejorar el sistema con criterios más objetivos. Por tanto, la nueva norma suprime esta desprotección que tantos años ha perjudicado pérdidas de derechos de las personas con discapacidad.