En la sección "Converses Amb" hemos contado con un invitado que conoce muy bien el Congreso de los Diputados. En un espacio único cómo es el Parterre de Valencia, hablamos con el Diputado de Compromís Enric Bataller.
La situación en el Congreso de los Diputados ha cambiado mucho en pocos meses. De Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. ¿Cree que el problema valenciano tendrá ahora más interés por parte del ejecutivo de Sánchez?
Esperemos que sí porque la correlación de fuerzas obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a contar también con las formaciones que queremos representar el pueblo valenciano. Desgraciadamente, en los primeros pasos que ha hecho, no hemos visto una voluntad decidida de resolver el gran problema que tiene ahora la sociedad valenciana, que es solucionar la infrafinanciación crónica que estamos sufriendo. No estamos viendo, de momento, pasos en esa dirección. Ahora confiamos que, en septiembre, cuando llegue el momento de negociar los Presupuestos Generales del Estado, haya propuestas concretas encima de la mesa para resolver la infrafinanciación y que, además, en esos presupuestos se contemplen inversiones para solucionar el déficit que todos los años, sistemáticamente, estamos sufriendo.
Es un momento inicial que, como he dicho, ha despertado una buena dosis de esperanza, al menos porque quitar a Mariano Rajoy del Gobierno ha supuesto abrir una ventana de oportunidad para que, por fin, el Parlamento pueda desarrollar su trabajo legislativo, que estaba bloqueado por Mariano Rajoy, pero, en concreto, en cuanto a los problemas de la sociedad valenciana, todavía esperamos hechos concretos y no solamente palabras.
Y, ¿Cree que será posible llevar a cabo un nuevo modelo de financiación para la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta la situación actual del Senado?
Bien, el modelo que tenemos actualmente está caducado desde 2014, y los estudios para buscar una alternativa viable y conveniente para los intereses de todos y, también, para los intereses del pueblo valenciano, ya están hechos, no hay que hacer más. Ahora, lo que toca, es una voluntad política para implementar todo esto que ya se sabe para donde se tiene que ir. Realmente, lo que queremos es que Valencia tenga una financiación acorde a sus necesidades, con el techo competencial que tenemos asumido y, además, que refleje el volumen de población que nosotros representamos.'El problema de la inmigración no es un problema exclusivamente de orden público, no se soluciona poniendo vallas'
La llegada del Aquarius a Valencia ocupó portadas de medios de todo el mundo, pero la situación de la inmigración no está solucionada. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno de España?
El Gobierno de España tendría que hacer los deberes porque se ha perdido mucho tiempo, especialmente en los años que ha gobernado Mariano Rajoy, para entender que el problema de la inmigración no es un problema exclusivamente de orden público, no se soluciona poniendo vallas, sino que se tiene que comprender que, en el mundo global en el que estamos, cuando la Unión Europea está permitiendo que existan guerras en la puerta de nuestra casa, que exista explotación, injusticia, violencia es normal que, como consecuencia de esto, haya grandes movimientos de población que vienen a este espacio a encontrar un refugio, evitar que los maten, y encontrar un medio de vida.
Como digo, se ha perdido mucho tiempo al entender este problema y, ahora, deprisa y corriendo, tenemos que intentar solucionarlo. Lo que nosotros queremos es que no se meten parches destartalados, de un día para otro, sino que se haga una auténtica política comunitaria, que la Unión Europea tenga ya una voz propia en política exterior, intervenga en la solución de los problemas que tenemos en países como en Marruecos u Oriente próximo y medio, y esto contribuya a eliminar la violencia y las situaciones de explotación, y contribuya a poner fin a las causas que están provocando esa inmigración masiva. Por supuesto, mientras esto se consigue, lo que tenemos que hacer es recibir a la gente que viene, atenderlos, y comprender que esta gente está huyendo de una situación muy negativa. Es un ejemplo que se pone muchas veces, pero la población, sobre todo la gente más joven, tendría que recordar que es lo que pasó en 1939, cuando después de la Guerra Civil, centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles tuvieron que exiliarse y buscar una salida para salvar su vida en muchos países. Encontraron solidaridad en muchos lugares y, ahora, es normal que nosotros hagamos lo mismo.
Usted ha viajado a Palestina, ¿Cómo es la situación?
'La situación es especialmente grave en la franja de Gaza donde Naciones Unidas dice que muy pronto, en 2020, ya se habrá pasado el umbral a partir del cual no se dan unas mínimas condiciones para que la vida humana se pueda desarrollar con normalidad'
La situación es, realmente, insufrible. La Cisjordania ocupada es un territorio donde no se dan las condiciones mínimas para entender que la autoridad nacional palestina pueda ejercer como un Estado, cosa que era lo que estaba previsto en los acuerdos de paz de Oslo. Esto no se puede hacer porque la presencia de las fuerzas de ocupación israelíes es constante, porque, además, el territorio está absolutamente lleno de colonias de asentamientos ilegales de población israelí que, impiden las comunicaciones, que van confinando, poco a poco, a la población de Palestina en sus ciudades, y hacen imposible que los habitantes de ese territorio tengan un control efectivo de la tierra, de los recursos e, incluso, que puedan comunicarse entre sí.
Y la situación es especialmente grave en la franja de Gaza donde Naciones Unidas dice que muy pronto, en 2020, ya se habrá pasado el umbral a partir del cual no se dan unas mínimas condiciones para que la vida humana se pueda desarrollar con normalidad. La situación allí es exasperante, con una concentración de población brutal, que carece de servicios, y con un bloqueo absoluto. Ahora, estos días, hemos visto como la flotilla de la libertad, que iba a llevar a Gaza suministros de primera necesidad, como medicamentos, ha sido detenida por la marina israelí en actos que es muy dudoso que se puedan amparar en el derecho internacional.
Hay, en definitiva, en toda Palestina, una situación de ocupación, que va mucho más allá de aquello que pueda necesitar Israel por cuestiones de seguridad; que ha entrado en un nivel que podrían calificar de apartheid; y hace imposible la solución de los dos Estados. Por lo tanto, o la comunidad internacional se implica, y se consigue que los países de la Unión Europea, empezando por España, reconozcan Palestina como un Estado independiente, como primer paso para resolver el conflicto, o si no, al final, será imposible de solucionar ese problema.
Usted se encuentra también en la Comisión de Justicia y de hecho una de las luchas aquí ha sido el cierre definitivo de los CIES cómo es el de Zapadores. ¿Por qué no se cuenta con una mayoría en esta decisión?
A finales del 2017, en la Comisión de Interior del Congreso, se aprobó una Proposición No de Ley, que presenté en nombre de Compromís, por la que se pedía un cuestionamiento de la política de los CIE. No conseguí que se aprobara el cierre inmediato de los CIE, pero sí que se consensuó el hecho que se tenía que nombrar una comisión de personas expertas, con participación de las ONG de defensa de los derechos humanos, para construir un nuevo modelo alternativo a los CIE, puesto que el actual modelo está completamente superado, y la llegada de personas inmigrantes en las últimas semanas está demostrando que ese modelo es, además de injusto y represor, es inútil para contener el alud de gente.Por lo tanto, no tiene sentido que se condenan a muchas personas a estar en un tipo de prisiones, porque esto es lo que en realidad son los CIES, contraviniendo lo que el Tribunal Constitucional dijo sobre cómo tendrían que ser los CIE, que nunca tendrían que tener un carácter carcelario. Pues, contraviniendo esto, la gente se encuentra encerrada aquí, donde se mezclan personas que se encuentran en los CIES porque son delincuentes, con condenas firmes, a la espera de su deportación con personas que nunca han delinquido. Claro, esto es una situación explosiva para los derechos humanos.
Hablamos de una de las iniciativas del Grupo de Compromiso que planteó usted. Se trata de la represión penal de los partidos financiados ilegalmente que ha sido tomada en consideración al Pleno. Cuando un partido se ha financiado ilegalmente y ha "competido" en unas elecciones "dopado", que se tendría que hacer?
Ilegalizarlo y, además, obligarlo a devolver todas las subvenciones públicas que ha recibido porque la sociedad da subvenciones a los partidos ya que, según la Constitución, son un elemento imprescindible para la participación política, pero, evidentemente, esa participación se tiene que hacer respetando unas reglas iguales para todos. Cuando un partido incumple esto tiene que haber sanciones que podrían llegar a su ilegalización y también a la obligación de devolver las ayudas.En el código vigente, la posibilidad de suspensión o disolución de un partido que se ha financiado ilegalmente ya está contemplada. Lo que nosotros planteamos era un plus, que no está contemplado en el código penal. Y es que cuando se pruebe que un partido ha albergado una trama especialmente montada por la financiación ilícita, el hecho de haber albergado esa trama autorizaría a los jueces a llegar a esa suspensión o disolución. Y además, también planteamos, como un añadido a los artículos del código penal, una enmienda para que se pueda obligar a los partidos a esa devolución del dinero público que han obtenido en campañas electorales donde se ha demostrado que un partido ha participado "dopado" económicamente.
Cambiamos de asunto y hablamos de nuestro Estatuto que estaba pendiente desde 2011. La gran cuestión: ¿Por qué estaba congelado nuestro Estatuto?
Se encuentra congelado porque ha habido un alud de problemas que hacen que, al final, siempre el pueblo valenciano esté postergado, también la reforma de su Estatuto. La Comisión de Cortes Valencianas designada para defender la reforma ante el Congreso ha tenido que ir en tres ocasiones diferentes para hacer su defensa hasta conseguir que comenzara la tramitación. Pero, por desgracia, algunos partidos hicieron un uso excesivo de su derecho a interponer enmiendas y a pedir prórrogas de tal manera que ha sido paralizado hasta hace muy poco de tiempo.Y, ahora, cuando ya se podría empezar a tramitar, tenemos también unos problemas burocráticos, que no están resueltos todavía por la Mesa del Congreso, que hace que tengamos que esperar, como mínimo hasta septiembre, para tener un procedimiento apto para encarrilar la reforma del Estatuto. Al final, Estatutos de otros territorios, que fueron posteriores al nuestro, como el de Murcia, están delante en su tramitación de la reforma. Y esa es una de las consecuencias de la invisibilización que a los valencianos nos han sometido en el Congreso.
Claro, porque siguiendo en la misma línea, la situación catalana o el cupo vasco sí que ocupan las portadas de los diarios nacionales, pero en cambio los problemas de nuestra tierra prácticamente son invisibles, excepto cuando se habla de corrupción...
Sí, desgraciadamente es así. En España, todavía arrastramos una estructura territorial de reparto del poder que viene del siglo XIX, en el que hay un centro, Madrid, que chupa recursos del Estado, pero que se entiende bien con aquello que viene desde Barcelona y desde Bilbao. Y el resto de territorios parece que tienen que estar sometidos al esquema centralista sin contar en la política. Es un problema que viene de hace mucho tiempo. Nosotros estamos intentando resolverlo porque, efectivamente, parece que al final sólo se habla de Valencia cuando hay corrupción. Y esto no es exacto porque, como hemos visto, corrupción hay en muchos lugares y también de alto nivel. Por lo tanto, no tenemos por qué pagar esta imagen tan negativa.Lo que reclamamos, y siempre lo hemos hecho desde Compromís, es que a Valencia se le dé el trato que le corresponde. Ni más y ni menos que otros, simplemente lo que nos corresponde como parte integrante de este Estado.
'La Ley Mordaza se hizo, totalmente, para reprimir el movimiento de protesta ciudadana que hizo eclosión a raíz del 15-M.'
Como Doctor en Derecho, ¿Qué opinión le merece la conocida Ley Mordaza?
Es una ley que se hizo, totalmente, para reprimir el movimiento de protesta ciudadana que hizo eclosión a raíz del 15-M. Es una ley que, desde sus anteproyectos, ya estaba pensada para reprimir la protesta popular. Por eso, se ha querido despenalizar una serie de conductas, pasarlas al ámbito administrativo para hacer más difícil el recurso contra ellas y, en definitiva, evitar que la gente pueda expresarse libremente.Desde que se aprobó la Ley Mordaza, ha habido centenares de ejemplos de utilización realmente ridícula de lo que es esta ley. Y, al final, tenemos un país donde hay un ser represivo. Si a esto, añadimos que la Audiencia Nacional, que es un órgano de carácter excepcional, que se creó pensada para juzgar delitos de terrorista, ahora dedica el 50% de sus esfuerzos a juzgar a twitteros y titiriteros, pues, tenemos un panorama represivo bastante exagerado.
La Ley Mordaza tiene que reformarse. En el Congreso, hay dos proyectos – uno presentado por el Partido Socialista y otro por el Partido Nacionalista Vasco – para reformar en profundidad la Ley Mordaza y llegar a una nueva ley de seguridad ciudadana. Desgraciadamente, los tiempos legislativos, con el parón que hemos tenido por culpa del gobierno de Mariano Rajoy en el Parlamento, van muy ajustados. Mientras tanto, lo que nosotros, desde Compromís, hemos pedido al Ministro de Interior es que mandara circulares a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, ante la falta de concreción de muchos artículos de la ley, se hiciera una interpretación mucho más proactiva y benévola en beneficio de los derechos y libertades fundamentales, como el de expresión, reunión o información. Hemos pedido esto al ministro, pero todavía no tenemos una respuesta.
También, nos gustaría conocer su opinión, como doctor en derecho, de las controvertidas opiniones de el TSJCV sobre, en primer lugar, la cuestión del valenciano.
No quiero entrar a valorar sentencias judiciales, pero no me deja de sorprender que se diga, en nuestro Estatuto, que el valenciano es lengua propia de la Comunidad Valenciana y que los poderes públicos tienen que promocionarlo, y que después se metan tantas trabas en su promoción. Por ejemplo, si resulta que la Administración no le puede decir a los funcionarios que hagan una primera comunicación en valenciano a los administrados cuando acuden a una ventana pública, para después intentar la promoción, me parece ridículo.Está claro que se tiene que respetar los derechos de las personas a expresarse en valenciano o castellano, pero la Administración también tiene que garantizar que cualquier persona que acuda pueda ser atendida en valenciano. Y no se pueden hacer distinciones, ni siquiera separar a los funcionarios. El valenciano es una herramienta de trabajo que todo el mundo que sirve a la función pública tendría que dominar, igual que domina la informática, por ejemplo. ¿Alguien piensa en un funcionario que no sepa encender un ordenador? No. Pues, del mismo modo, en una Administración que tiene dos lenguas oficiales, cualquier funcionario, del nivel que sea, tiene que saber esas dos lenguas y hacer un uso promocional porque esto lo dice el Estatuto, nada más y nada menos.