El conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez, encabezó este miércoles una ofensiva institucional sin precedentes contra el Ministerio de Sanidad: junto a los responsables de otras quince comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, presentó por registro de entrada en el Ministerio un acuerdo conjunto en el que reclaman que se reabra con urgencia un proceso de diálogo real sobre el Estatuto Marco. El escenario elegido para hacerlo fue el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el máximo foro de coordinación sanitaria entre el Estado y las regiones. Y el mensaje, contundente: el problema es del Ministerio, la solución también debe venir del Ministerio.
Un frente autonómico unido, con independencia del color político
Pocas veces el mapa político sanitario de España presenta un dibujo tan nítido. Comunidades gobernadas por el PP, pero también por otros partidos, han cerrado filas en torno a una misma posición. El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este miércoles finalizó sin ningún acuerdo después de que las comunidades autónomas rechazaran votar los puntos del orden del día. Marciano Gómez no ocultó su frustración: "Hoy se ha demostrado que todas las comunidades autónomas unidas buscamos la defensa del modelo sanitario, de los profesionales y de los pacientes; hoy se ha demostrado que en salud no hay color político, pero la ministra nuevamente no ha escuchado nuestras peticiones".
La postura de las autonomías es clara en cuanto a la atribución de responsabilidades. Para las comunidades autónomas, la falta de un acuerdo es "responsabilidad y competencia exclusiva" del Ministerio de Sanidad y, concretamente, de la ministra Mónica García, que "nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas". Una afirmación que suena casi a epitafio político si se recuerda que el Estatuto Marco es, por definición legal, una norma básica de carácter estatal.
"La ministra en este momento se encuentra sola, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni las comunidades autónomas están con ella" - Marciano Gómez, conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana
El origen del conflicto: meses de tensión acumulada
Para entender la magnitud de lo ocurrido este miércoles, hay que retroceder varios meses. El conflicto comenzó en enero de 2025 tras la filtración de un borrador que desató un enfrentamiento con el colectivo médico y que sigue sin resolverse. El nuevo Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad cerró con los sindicatos del Ámbito de Negociación —SATSE, FSS-CCOO, UGT y CSIF— llegó tras meses de tensión creciente, protestas en la calle y negociaciones estancadas.
Los sindicatos médicos que convocaron las huelgas —entre ellos CESM, SMA, Metges de Catalunya y AMYTS— consideran que el nuevo marco normativo no solo no mejora sus condiciones, sino que en algunos aspectos las empeora. La respuesta fue la convocatoria de un calendario de huelgas con paros previstos durante las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. La última semana de paro nacional está convocada del 15 al 19 de junio.
Tras tres ciclos de paros nacionales que han dejado un rastro de más de 2 millones de citas médicas perdidas, según los consejeros del Partido Popular, lo que comenzó como una discrepancia técnica sobre la actualización de una norma considerada «obsoleta» por todas las partes ha mutado en una crisis de gestión nacional.
280.000 pacientes valencianos, los rostros detrás de las estadísticas
Las cifras, cuando se ponen nombres y apellidos, pesan diferente. Marciano Gómez lo sabe y lo utilizó como argumento central: "Lo verdaderamente importante es arreglar la salud de los ciudadanos, la salud de los 280.000 pacientes que en la Comunitat Valenciana han sufrido la consecuencia de las huelgas por culpa de una gestión nefasta del Estatuto Marco que es competencia nacional y, por tanto, responsabilidad de la ministra de haberlo resuelto."
Las comunidades autónomas advierten de que están asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa, según señalan, no se sitúa en su ámbito competencial. En otras palabras: pagan los platos rotos de una vajilla que no rompieron. Como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, las autonomías afirman estar actuando con responsabilidad para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y reducir el impacto sobre la ciudadanía.
Un sistema sanitario bajo presión estructural
El acuerdo firmado por las comunidades autónomas no se limita a señalar al Ministerio: también describe con precisión el terreno sobre el que se libra esta batalla. El texto advierte de que el conflicto se produce en un contexto especialmente exigente para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones y la cronificación de las patologías. A esto se suma una tendencia que preocupa cada vez más a los gestores sanitarios: los mejores números del MIR ya no optan necesariamente por las especialidades de mayor prestigio clínico, sino por aquellas que carecen de guardias o de «penosidad laboral», y especialidades clave como Anestesia, Traumatología u Oftalmología están sufriendo una caída constante en el número de residentes que deciden quedarse en el sistema público.
Ante este panorama, las comunidades autónomas instan al Ministerio a impulsar con carácter inmediato medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que refuercen la disponibilidad de profesionales y garanticen la sostenibilidad del sistema. No es solo un pulso político: es una advertencia sobre el modelo sanitario que los españoles conocen y dan por garantizado.
La ministra responde: la pelota, en el tejado autonómico
Lejos de asumir la crítica, Mónica García optó por devolver el argumento. La ministra aseguró que las comunidades autónomas "tienen ahora mismo la llave" para poner fin a la huelga convocada por los sindicatos médicos, al considerar que muchas de las reivindicaciones planteadas por los profesionales dependen de las competencias autonómicas. García defendió que el Gobierno ha cumplido con su responsabilidad al impulsar la reforma del Estatuto Marco y subrayó que corresponde ahora a las autonomías adoptar medidas adicionales para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios.
Un cruce de acusaciones que, de momento, deja al sistema sanitario en tierra de nadie. Marciano Gómez insistió en que la Comunitat Valenciana ha tendido la mano para buscar soluciones, pero que la resolución definitiva del conflicto "pasa por un inevitable acuerdo en el ámbito estatal, por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco". Mientras el debate competencial se enquista entre ministerio y autonomías, son los profesionales quienes amenazan con más paros y los pacientes quienes, una vez más, esperan en las listas de espera.