El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha comparecido a petición propia en la Diputación Permanente de Les Corts para informar de la gestión de su departamento durante la crisis de la COVID-19.
Martínez Dalmau ha detallado las medidas impulsadas en materia de vivienda, que sitúan a la Comunitat "como la primera autonomía del Estado en aprobar unas ayudas especificas de alquiler, con una dotación inicial de 7,5 millones de euros".
Asimismo, ha anunciado que, en los próximos días, se habilitará una ayuda directa para colectivos específicos, como las mujeres víctimas de violencia de género o las personas dependientes, para lo que "contamos para ello con un presupuesto de 5 millones", según ha dicho.
También ha destacado que "este año serán 33 millones de euros en total los destinados para ayudar a aquellas personas que no pueden afrontar el pago de un alquiler, sin duda alguna la cifra más alta en ayudas de alquiler".
El vicepresidente ha explicado que llevará en breve al Consell un decreto ley para el impulso y ampliación de las viviendas públicas y ha asegurado que " se han detectado transmisiones de viviendas entre entidades bancarias y fondos de inversión, estando muchas de esas casas aún calificadas como protegidas". "La Generalitat tiene el derecho de adquisición preferente y, si no se actúa ya, todas estas casas acabarán en un fondo de inversión", ha asegurado.
Dalmau ha avanzado que el decreto ley incorporará la calificación permanente de las viviendas, es decir, que "serán protegidas para siempre, sin fecha de caducidad". Además, ha añadido que "en una clara apuesta por la descentralización, daremos competencias a los ayuntamientos para que puedan configurar su propio parque municipal de vivienda".
Exoneración en las viviendas públicas
Sobre el parque público de vivienda de la Generalitat, ha subrayado la exoneración del pago y ha dicho que "no se trata de una moratoria como han hecho otras comunidades autónomas".Una medida, ha recordado, que se aprobó de forma generalizada para todas las familias que tienen un contrato de alquiler vigente y que "significa que, unas 50.000 personas que viven en situación de precariedad económica y laboral, podrán dar de comer a sus hijos porque no han de pagar el alquiler mientras dure esta dificultad".
A este respecto, ha advertido que la exoneración "continuará el tiempo que sea necesario" y que "ninguna persona se quedará en la calle por no poder pagar un alquiler". Asimismo, se ha mostrado satisfecho de que muchos municipios hayan adoptado medidas en esta línea, siguiendo el ejemplo de la Generalitat.
Sobre las actuaciones en el parque público efectuadas a través de la Entidad Valenciana de la Vivienda y Suelo (Evha), ha dado a conocer que, en total, son a día de hoy más de mil las intervenciones realizadas para atender reparaciones, así como el acondicionamiento en tiempo récord de viviendas para su adjudicación.
En total, se han adjudicado durante el estado de alarma 73 viviendas en los municipios de Albaida, Algemesí, Vilamarxant, Bétera, Oriola, Castalla y Vinaròs.
Colaboración público-privada
Otra iniciativa a la que se ha referido es a la colaboración público-privada para la construcción de vivienda protegida y ha anticipado que "desde la Conselleria se está preparando una convocatoria para movilizar solares y parcelas de la Generalitat y poder dar una respuesta a las emergencias derivadas de la crisis"."Lamentablemente, desde la Administración autonómica no contamos con los medios técnicos y económicos para realizar promociones de vivienda pública y la coyuntura actual nos ha llevado a buscar una solución rápida y controlada para poder dar paso a la construcción de viviendas y destinarlas a alquiler social". Para tal fin, se ha creado la comisión bilateral con agentes urbanizadores de la Comunitat y representantes de la Conselleria.
Martínez Dalmau también ha hecho alusión a iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno central, como las dirigidas a parar los desahucios y prorrogar los contratos de alquiler para evitar subidas abusivas de los mismos. A este respecto, ha recordado que "fue una petición del Gobierno valenciano dirigida al poder judicial que se ha traducido en medidas necesarias." Unas medidas que se incluyen guía ciudadana que tiene por objetivo garantizar el derecho a la vivienda.
Apuesta por la sostenibilidad para la reconstrucción
El vicepresidente ha hecho hincapié en el papel de la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental, la llamada comisión TESA, que preside y coordina la Vicepresidencia Segunda."Se trata de un pilar del pacto del Botánico y será -según ha valorado- un espacio indispensable en el periodo de reconstrucción en la postcrisis". "La gestión del Gobierno valenciano está en un camino enfocado a una vida digna y a ampliar la oferta de empleo con trabajos que garanticen la sostenibilidad de la vida y del Planeta", ha concluido.