Todos los partidos -excepto el Partido Popular- han aprobado esta mañana la ley de Muerte Digna, cuyo objetivo es regular los derechos de las personas en los últimos momentos de su vida para garantizar el respeto a su dignidad y autonomía. También blindar negro sobre blanco la calidad de la vida durante este último proceso. Esto es, morir dignamente ya es norma.
Serán los centros públicos, pero también los de titularidad privada, aquellos que se vean afectados por la regulación. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar en el que recibirlos queda recogido en la norma. Eso sí, todas las decisiones deberán contar con una planificación previa por la que deberán velar los miembros del personal. Y en esta toma de decisiones, los deseos de la persona atendida deberán ser tenidos en cuenta. Además, la norma establece que se les deberá garantizar una habitación individual para pasar sus últimos días.
El gran acuerdo entre los partidos de izquierda y Ciudadanos se ha plasmado en el debate. "Rigor y seriedad", ha dicho Juan Córdoba (Ciudadanos) sobre esta norma "necesaria". El diputado de Podem Daniel Geffner ha destacado la importancia de aprobar la Ley porque con ella, el enfermo "es el que toma las decisiones, asistido por el personal sanitario" y "su suerte no depende del centro o del personal".
Ignacio Subías, de los socialistas valencianos, ha querido poner en valor el hecho de que las personas puedan recibir "el menor dolor y angustia posible", lo que implica "dignificar este momento". Y todo ello, según ha dicho el diputado del PSPV, "no puede depender de dónde viva cada uno ni de qué muera uno".
La diputata del PP Maria José Catalá ha criticado que esta norma sea una "pancarta" porque recoge principios ya garantizados en normativas anteriores. También ha puntualizado que no hay ningún presupuesto para la medida: "No entiendo cómo se puede paliar el sufrimiento con cero euros".