En una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València, Vicente Montañez, ha expuesto una serie de hechos que podrían implicar a altos cargos del partido en delitos como financiación ilegal, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal.
Tal y como ha adelantado ElDiario.es, el documento de 10 páginas detalla un elaborado mecanismo implementado por Vox para absorber las aportaciones económicas de los grupos parlamentarios y municipales en diferentes cámaras autonómicas y ayuntamientos.
La denuncia comienza revelando que el grupo municipal de València, al igual que otros importantes ayuntamientos del país, recibió una circular que indicaba el procedimiento para transferir los ingresos al partido. Sin embargo, tras consultar con los servicios jurídicos municipales, el grupo municipal de València se negó a seguir el procedimiento al considerarlo contrario a la legalidad. Esto dio lugar a una reunión virtual el 2 de diciembre de 2020, en la cual el gerente de Vox, Juanjo Aizcorbe, y el secretario general, Javier Ortega Smith, solicitaron a los diputados y concejales que transfirieran al partido la subvención de los grupos municipales como convenios de colaboración.
Así, la denuncia proporciona detalles exhaustivos de la mencionada reunión y presenta grabaciones de audio como evidencia. Durante la reunión, Aizcorbe explicó que en 2019 se habían perdido las subvenciones a los grupos municipales y que las devoluciones de las cantidades no gastadas no habían beneficiado ni al proyecto político de Vox ni a los ciudadanos. Este hecho desencadenó la búsqueda de una fórmula para financiar al partido utilizando las aportaciones de los grupos municipales y parlamentarios, lo cual, según la denuncia, constituiría un claro ejemplo de financiación ilegal de partidos.
Uno de los momentos más impactantes de la reunión fue cuando Javier Ortega Smith afirmó que los convenios ayudarían a reforzar el equipo municipal de Vox y destacó que el partido y los grupos municipales eran parte de un único proyecto. Esto insinuaba que los fondos necesarios para las campañas electorales y otros gastos deberían provenir de los grupos municipales, lo cual podría constituir malversación de caudales públicos, según se indica en la denuncia presentada.
Además, Montañez reveló que, tras negarse repetidamente a participar en llamadas que implicaban modelos de financiación ilegal del partido, fue acosado y humillado tanto en público como en privado. También recibió advertencias de que su nombre no sería considerado para futuras listas electorales si no colaboraba. Como prueba de estas prácticas coercitivas, la denuncia menciona una factura enviada por la dirección del partido al grupo municipal de València por un valor de 8.239 euros. Esta factura se refería a servicios que no habían sido solicitados, prestados ni presupuestados en ningún momento.