Compromís pregunta al Gobierno por la salida de prisión de Blasco cabecilla que saqueó las ayudas al tercer mundo

Tras la noticia de la salida de prisión de Rafael Blasco gracias a los permisos penitenciarios, Compromís ha registrado por escrito en el Senado una serie de preguntas para conocer la opinión del Gobierno y si piensa tomar alguna medida al respecto. Los senadores de la coalición preguntan si el Gobierno es conocedor de las posibles irregularidades cometidas por la Fiscalía Anticorrupción, si consideran que es necesaria una modificación de la legislación para controlar de manera exhaustiva los permisos como el de este caso y si el ejecutivo comparte la decisión tomada por la Fiscalía especial. Condicionar los acuerdos de conformidad a los permisos para salir de la cárcel supone una grave irregularidad, sin embargo, Fiscalía Anticorrupción utiliza esta estrategia para forzar confesiones sin tener en cuenta las consecuencias posteriores. "Resolver los casos de corrupción es primordial y encontrar culpables también, pero denunciar con delincuentes no debería contemplarse, y menos si los beneficios que se les promete son disfrutar de permisos a los pocos meses o años de entrar en prisión" ha afirmado Carles Mulet, portavoz de Compromís. Instituciones Penitenciarias ha asegurado en varias ocasiones que negociar con los permisos es un delito, sin embargo, es una práctica a la que se recurre con demasiada asiduidad. El último caso es el de Rafael Blasco, encarcelado por el Caso Cooperación, que acaba de acceder a los permisos en un caso tan escandaloso como el presente y sin haber reparado el daño económico causado a la Generalitat, ni mostrado arrepentimiento. Fiscalía que debería promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social, recurre, en ocasiones, la negativa de jueces a dar permisos penitenciario por haberlos usado de moneda de cambio, yendo en contra de las peticiones de los fiscales de Vigilancia Penitenciaria o las recomendaciones de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios. "Fiscalía desoye a los profesionales, a los que realmente saben si una persona está en condiciones de estar en libertad o no, y en el caso de Blasco se aprecia riesgo de reincidencia" añade Mulet.