Compromís pide al Gobierno central acelerar la reforma de la Ley del Aborto para abordar la objeción de conciencia y la violencia obstétrica

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La diputada y portavoz de Compromís, Mónica Álvaro
La diputada y portavoz de Compromís, Mónica Álvaro

La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y LGTBI en el parlamento valenciano, Mònica Álvaro, ha anunciado hoy la presentación de una iniciativa para pedir al Gobierno central que se acelere el borrador de la reforma de la Ley del Aborto, en el que se tiene que concretar más la regulación de la objeción de conciencia de los y las profesionales de la ginecología y obstetricia a la hora de practicar un aborto.

Según Álvaro, "el derecho individual del personal facultativo está asegurado y así tiene que continuar siendo. Pero el derecho de las mujeres a ser atendidas es irrenunciable. Es su derecho constitucional. Y la convivencia de ambos derechos no tiene que ser incompatible".

La también portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha añadido que "esta proposición de ley que registramos insta al Gobierno a hacer efectivo el derecho al aborto y que la urgente reforma de la Ley contemple la violencia obstétrica, un aspecto fundamental que pasa desapercibido y que afecta a muchas mujeres".

Álvaro ha señalado que "nos preocupa que, en el País Valenciano, de 7.784 abortos en el primer trimestre de gestación contabilizados en 2019, solo dos hayan sido practicados en la sanidad pública, tal como indican los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en el informe sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2019".

"Por eso, también hemos presentado una pregunta a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, pidiendo datos sobre el número actual de profesionales de la ginecología y obstetricia en cada departamento de salud y cuántos son objetores de conciencia".

"Además, queremos conocer en qué medida está garantizado el derecho al aborto en los departamentos de salud de la sanidad pública valenciana, dados los datos a los que hemos tenido acceso".

"Por último, creemos que es imprescindible incluir ya el reconocimiento de la violencia obstétrica como un tipo de violencia sobre las mujeres en la legislación estatal. Este es un problema estructural de nuestro sistema sanitario, reconocido incluso por la ONU, que necesita una serie de políticas públicas que no pueden esperar más", ha concluido Mònica Álvaro.

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