El pasado mes de mayo con la entrada de Sánchez como presidente, Compromís preguntó en el Senado si el nuevo Gobierno justificaba la persecución que viven los cantantes como Valtonyc o Evaristo Páramos, a modo de ejemplo, a consecuencia de sus letras. La respuesta, sin posicionarse ni argumentar una postura firme se ha basado en apuntar que “el Gobierno no valora de manera concreta los pronunciamientos judiciales firmes, más allá de expresar que respeta todas y cada una de las resoluciones judiciales que se dictan en el orden penal por los Jueces y Tribunales. Ningún ciudadano ni poder público debe interferir en la independencia de los jueces”- O lo que es lo mismo, “que lo ven bien”.
Pocos días antes de convertirse en presidente, Pedro Sánchez aseguraba “que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia”y que “el mal gusto no puede estar castigado con cárcel”. Sin embargo, a día de hoy la respuesta dada a Compromís difiere de estas afirmaciones.
“El discurso de Sánchez y de su partido han cambiado con la entrada en el Gobierno. Margarita Robles señalaba hace unos meses que con el gobierno del PP se había sufrido un retroceso en materia de derechos y libertades, un retroceso que persiste y persistirá si no se lleva a cabo la derogación de una ley propia del franquismo”asegura Carles Mulet, senador de Compromís. “Ahora acaban en medias tintas que es justificar que las actuaciones judiciales son correctas y no se cuestionan la ley”, ha lamentado.
Para el portavoz de Compromís en la Cámara Alta, “hay que recordar que la libertad de expresión ampara tanto las expresiones que puedan agradar y las que no”. Las instituciones, todas, son susceptibles de ser criticadas y cuestionadas. Y por no seguir este principio, el Estado español ha sido corregido por el Tribunal europeo de Derechos Humanos que sentenció que quemar fotos del Rey no constituye delito, sino una forma de expresión política, diciendo la sentencia que “la liberta de expresión se extiende a informaciones e ideas que ofenden, chocan o molestan” defendiendo que el pluralismo y la tolerancia son fundamentales en una sociedad democrática. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional apunta hacia otra dirección opuesta y contando con votos particulares que justifican la injerencia represiva del derecho a la libertad de expresión al considerarla necesaria y proporcionada para evitar el deterioro democrático.
“Nuestras instituciones siguen ancladas en el pasado y no avanzan hacia una democracia real. Los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberían haber marcado un antes y un después en las sentencias dictadas por nuestros tribunales” señala Mulet.
Valtonyc o Evaristo Páramos solo son ejemplos de esta persecución a la libertad de expresión, pero hay muchos más, como Pablo Hásel, la tuitera Cassandra, la retirada de las fotografías de Arco, el caso Fariña, Eduardo Biosca o Toni Albà.
“Mientras se publican grabaciones de la presunta enésima amiga sexual de Juan Carlos I, donde se evidencia lo que todo el mundo sabe; los negocios turbios del rey emérito, el tráfico de influencias, el defraudar al Estado; lo que en definitiva ha sido una dinámica a lo largo de nuestra historia, que da la razón a Valtònyc cuando canta que el hecho incontestable es que los borbones siempre han sido unos ladrones, pero ahora se pide cárcel para cantantes que incluyen esta máxima en sus letras, pero no se actúa contra los presuntos delincuentes autores de estas fechorías. El Gobierno de Sánchez parece más próximo de los segundos que de los primeros”.
Para Mulet “la excusa no puede ser la independencia de la Justicia. El Jefe del Estado anterior fue nombrado por un dictador como continuador de un régimen, buena parte de la Judicatura o del ordenamiento jurídico para las injurias a la Corona, vienen también del régimen anterior, por lo que o aquí se pretende un cambio serio, o estamos perpetuando el mismo sistema”.